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Archivo de la categoría: Estado Social

Cuaderno de ética sobre “Cuidados Paliativos”

Hemos publicado el cuaderno de ética en clave cotidiana nº 17.

En esta ocasión volvemos a tratar un tema de plena actualidad como son los “Cuidados paliativos”. En él, el autor reflexiona sobre unos cuidados paliativos que pretenden dar comodidad y sentido a unas personas gravemente enfermas en fase terminal y habla de una ética basada en la compasión, la competencia del profesional y la autonomía del enfermo.

Un cuaderno muy apropiado para todos aquellos que tienen que acompañar a un enfermo terminal y quieren hacerlo desde una posición ética y compasiva.

Podéis verlo y descargarlo en: https://funderetica.org/cuadernos/

O bien descargarlo directamente en formato PDF en: https://funderetica.org/wp-content/uploads/ceec17online.pdf

Podéis comprarlo en papel en: https://pseditorial.com/inicio/249-cuaderno-de-etica-17-cuidados-paliativos.html

 
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Publicado por en abril 23, 2021 en Estado Social

 

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Reflexiones sobre la eutanasia y los cuidados paliativos

Os invitamos desde Funderética a la escucha activa de tres reflexiones sobre la eutanasia y los cuidados paliativos.

Fue el pasado jueves 8 de abril a las 19:00 vía on line. Aquí tenéis el enlace para poder visualizarlas

 

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Conversación sobre la eutanasia

El próximo miércoles 10 de Marzo a las 19:00 Funderética y el grupo Tomas Moro del Centro Arrupe de Valencia organizamos conjuntamente una conversación sobre la eutanasia. En ella vamos a poner a conversar a dos personas con ideas discrepantes sobre la Ley de Eutanasia que ya se apobó en el congreso el pasado diciembre : María Luisa Carcedo (ponente de la Ley ) y a Ana María Marcos (Catedrática de Filosofía del Derecho)

Queremos presentaros un diálogo sereno y profundo, sobre sus ventajas e inconvenientes, entre dos grandes expertas en este tema. Queremos mostrar que es posible el diálogo entre discrepantes y que este es mucho más enriquecedor para la sociedad y para quienes participan en él.

 
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Publicado por en marzo 2, 2021 en Estado Social

 

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Podcast de los Cuadernos de Ética en Clave Cotidiana

Hemos comenzado a publicar breves podcast sobre algunos cuadernos de Ética en Clave cotidiana.

Se trata de unos breves audios donde podéis escuchar a sus autores dándonos claves sobre sus respectivos temas. Para escuchar en cualquier momento.

En concreto os presento los dos primeros que hemos publicado:

Los confinados. Manual de resistencia. Salir fortalecidos tras el COVID19

https://www.ivoox.com/player_ej_63371653_6_1.html

Acompañar en la fase final de la vida

https://www.ivoox.com/player_ej_65324639_6_1.html

Si queréis leer los cuadernos podéis encontrar información sobre ellos en:

https://enriquelluchfrechina.wordpress.com/2021/02/12/los-confinados-manual-de-resistencia-para-salir-fortalecidos-tras-el-covid-19/

https://enriquelluchfrechina.wordpress.com/2019/10/10/acompanar-en-la-fase-final-de-la-vida/

 

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¿Qué puede pasar con el presupuesto en la crisis económica que ya ha comenzado?

Este domingo la conversación va a versar sobre el presupuesto de nuestro Estado y qué puede pasar con él a raíz de la crisis que ya ha comenzado.

La conversación será este domingo 10 de Mayo entre las 18:00 y las 19:00 (Hora peninsular) y el enlace para entrar en la conversación es: https://eu.bbcollab.com/guest/48b289d30a1741f7b177fd0c9fbf19f4

Recordad que la entrada es libre, muy sencilla y que podéis invitar a quien queráis. Esta va a ser una de las últimas conversaciones que vamos a tener visto que nuestro encierro va siendo poco a poco menos estricto.

Esta vez os presento en este mensaje una serie de tablas y figuras que nos ayudarán en la exposición de la materia. Si no las entendéis no importa, las explicaré en la conversación y podréis repasarlas después.

Aquí os presento el presupuesto de la administración central para 2019. Mirad con atención la cuantía total (está medido en millones de euros) del presupuesto y de cada partida. Atención a los gastos sociales y a los intereses de la deuda.

Áreas y Políticas de gastoObligaciones Depuradas% del Total
Servicios Públicos Básicos [+]20.1805,48%
Justicia [+]1.7800,48%
Defensa [+]8.4012,28%
Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitenciarias [+]8.4182,29%
Política Exterior [+]1.5810,43%
Actuaciones de Protección y Promoción Social [+]203.04655,13%
Pensiones [+]144.83439,32%
Otras Prestaciones Económicas [+]14.3853,91%
Servicios Sociales y Promoción Social [+]2.6310,71%
Fomento del Empleo [+]5.7161,55%
Desempleo [+]17.7024,81%
Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación [+]4810,13%
Gestión y Administración de la Seguridad Social [+]17.2974,70%
Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente [+]7.6792,08%
Sanidad [+]4.2511,15%
Educación [+]2.5410,69%
Cultura [+]8870,24%
Actuaciones de Carácter Económico [+]28.9687,86%
Agricultura, Pesca y Alimentación [+]7.7072,09%
Industria y Energía [+]5.7711,57%
Comercio, Turismo y Pymes [+]8960,24%
Subvenciones al Transporte [+]2.1390,58%
Infraestructuras [+]5.4371,48%
Investigación Militar [+]6790,18%
Investigación, Desarrollo e Innovación [+]6.3791,73%
Otras Actuaciones de Carácter Económico [+]6390,17%
Actuaciones de Carácter General [+]107.09029,08%
Servicios de Carácter General [+]24.6436,69%
Administración Financiera y Tributaria [+]1.3900,38%
Transferencias a otras Administraciones Públicas [+]49.51013,44%
Deuda Pública [+]31.5478,57%
Total Gasto [+]368.323100,00%

Ahora os presento las principales partidas de los presupuestos autonómicos. Fijaros en las partidas de educación, sanidad e intereses.

GastoGasto p/cserv. Sociales%Sanidad%Educación%Deuda%
Andalucía [+]32.195.391 €3.812,00 €2.372.724 €7,37%10.395.804 €32,29%7.508.668 €23,32%4.573.075 €14,20%
Aragón [+]5.588.194 €4.219,00 €403.802 €7,06%1.990.106 €34,78%1.106.320 €19,34%1.025.541 €17,92%
Asturias [+]4.459.766 €4.372,00 €461.197 €10,34%1.752.911 €39,30%801.300 €17,97%478.611 €10,73%
Cantabria [+]2.853.763 €4.904,00 €236.901 €8,30%874.223 €30,63%581.458 €20,38%467.108 €16,37%
Castilla y León [+]9.484.475 €3.947,00 €827.334 €8,50%3.542.432 €36,41%1.996.227 €20,52%1.391.457 €14,30%
Castilla La Mancha [+]8.199.791 €4.023,00 €720.845 €8,58%2.771.168 €33,00%1.656.323 €19,72%1.808.220 €21,53%
Canarias [+]8.833.481 €3.979,00 €479.782 €5,43%2.998.921 €33,95%1.703.814 €19,29%992.402 €11,23%
Cataluña [+]29.337.105 €3.855,00 €2.089.505 €6,83%8.828.353 €28,87%5.726.642 €18,73%5.993.859 €19,60%
Extremadura [+]5.210.359 €4.902,00 €475.737 €9,13%1.691.120 €32,46%1.071.977 €20,57%534.773 €10,26%
Galicia [+]11.534.494 €4.274,00 €766.438 €6,64%3.985.498 €34,55%2.342.914 €20,31%1.675.916 €14,53%
Islas Baleares [+]5.457.749 €4.554,00 €180.272 €3,30%1.724.172 €31,59%1.000.108 €18,32%1.103.490 €20,22%
Murcia [+]5.800.296 €3.881,00 €374.221 €6,45%1.920.039 €33,10%1.437.467 €24,78%1.229.572 €21,20%
Madrid [+]22.776.618 €3.407,00 €1.845.297 €8,10%8.108.966 €35,60%4.807.498 €21,11%3.371.532 €14,80%
Navarra [+]4.312.086 €6.608,00 €451.294 €10,47%1.082.036 €25,09%690.956 €16,02%337.359 €7,82%
País Vasco [+]11.851.773 €5.432,00 €666.840 €5,98%3.745.094 €33,57%2.775.998 €24,88%1.026.267 €9,20%
La Rioja [+]1.454.043 €4.624,00 €126.567 €8,56%431.122 €29,17%270.475 €18,30%262.103 €17,73%
Comunidad Valenciana [+]22.435.393 €4.488,00 €1.541.517 €6,87%6.624.077 €29,53%4.925.185 €21,95%5.744.103 €25,60%
Total191.784.777,00 €14.020.273,00 €7,31%62.466.042 €32,57%40.403.330 €21,07%32.015.388 €16,69%

En esta gráfica tenéis la evolución del ingreso y del gasto público del conjunto de las administraciones públicas españolas desde 2000. Fijaos sobre todo en lo que pasó con los ingresos (en rojo)

Por último os paso una gráfica con las tasas de crecimiento anuales del PIB, de los ingresos y de los gastos del sector público. Fijaos sobre todo en los años de la crisis, la bajada del PIB, la bajada de los ingresos y el incremento del gasto.

 
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Publicado por en mayo 8, 2020 en Estado Social

 

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Público y privado: la colaboración necesaria

Este domingo continuamos con nuestras conversaciones. Esta vez vamos a tratar un tema que teníamos pendiente: la necesaria colaboración entre lo público y lo privado.

Para ello vamos a contar con la intervención de Javier Viciano Pastor profesor titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Valencia.

La conversación será este domingo 3 de Mayo entre las 18:00 y las 19:00 (Hora peninsular) y el enlace para entrar en la conversación es: https://eu.bbcollab.com/guest/48b289d30a1741f7b177fd0c9fbf19f4

Recordad que la entrada es libre, muy sencilla y que podéis invitar a quien queráis.

Podéis leer previamente estos dos artículos breves:

https://enriquelluchfrechina.wordpress.com/2016/07/20/mas-alla-de-lo-publico-o-privado-orientarse-hacia-el-bien-comun/

https://enriquelluchfrechina.wordpress.com/2014/01/16/empresas-sociales-para-lograr-un-objetivo-publico/
 
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Publicado por en abril 30, 2020 en Estado Social

 

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Reformar nuestra fiscalidad

Os invitamos a nuestra conversación dominical. Esta vez vamos a hablar sobre la relación entre una posible reforma fiscal y la reducción del déficit público.

La conversación será este domingo 26 de Abril entre las 18:00 y las 19:00 (Hora peninsular) y el enlace para entrar en la conversación el: https://eu.bbcollab.com/guest/48b289d30a1741f7b177fd0c9fbf19f4

Os dejo este artículo sobre la posibilidad de una reforma fiscal para que podáis preparar la sesión y si teneis más tiempo podéis ver el vídeo informativo y el documento que preparamos hace año y medio desde el Foro Creyente de Pensamiento Ético Económico titulado “Los impuestos como contribución al bien común”:

https://enriquelluchfrechina.wordpress.com/2018/11/20/los-impuestos-como-contribucion-al-bien-comun/

Os esperamos el domingo.

Aquí tenéis el texto completo del artículo por si os es más fácil leerlo desde aquí

La concepción que tenemos sobre la situación fiscal de nuestro país suele estar distorsionada. La idea general que existe es que somos un país que gasta demasiado y cuya consecuencia directa es la de sufrir un excesivo déficit. Al mismo tiempo, se piensa que tenemos unos elevados ingresos públicos que presionan a la población. La imagen de que somos un país malgastador cuyos recursos suficientes son dilapidados por unos gobiernos solo preocupados en gastar más y más, está profundamente arraigada en nuestras mentes y en la de otros países europeos.

Sin embargo, cuando miramos las cifras generales de nuestro país y las comparamos con las de otras naciones de la Unión Europea, vemos como esta idea no puede estar más equivocada. Si comenzamos con los gastos (utilizando siempre los datos de la oficina europea de estadísticas EUROSTAT), podemos ver como en 2018 el porcentaje de gasto público con respecto al PIB en nuestro país fue de un 41,7%, es decir, que de cada 100 euros que se producían al año en España, el sector público se gasta 41,7. Esta cifra puede parecer a priori muy alta, pero si la comparamos con los 44,6 de Alemania, los 48,4 de Italia, los 56 de Francia o los 52,1 de Bélgica la cosa cambia. De hecho, la media de gasto de los países de la zona euro es de 47%, es decir, 5,3 puntos por encima de lo que gasta el sector público español.

Si analizamos los datos de la recaudación del sector público, podemos observar como también en ellos sucede algo parecido a los gastos. El porcentaje del PIB recaudado por el sector público español es de un 39,2% (39,2€ de cada 100€ que se ganan en el país al año). Si comparamos esto con los mismos países que con anterioridad, podemos ver que en Alemania los ingresos suponen un 46,4%, en Italia un 46,2%, en Francia un 53,5% y en Bélgica un 51,4%. La media de los países de la zona euro es de 46,5% lo que quiere decir que España recauda 7,3 puntos por debajo de la media de la Unión Monetaria.

Creo que no hace falta ser un gran matemático para darse cuenta de que si nosotros recaudásemos una cifra similar a la media de las naciones que pertenecen a la zona euro, tendríamos un superávit de casi un 5% del PIB. De hecho, si nuestra recaudación fuese similar a cualquiera de los países que he nombrado tendríamos unos ingresos superiores a los gastos (cosa que a muchos de ellos no les sucede). Por lo tanto, el problema de nuestras finanzas públicas no viene tanto de que gastemos mucho (somos uno de los países de la Unión Europea que menor gasto público tiene medido en porcentaje del PIB) sino con que nuestros ingresos son muy reducidos (también somos uno de los que tenemos menor recaudación).

Y uno se pregunta por qué estos ingresos son tan reducidos si la estructura fiscal es similar a la que tienen otras naciones europeas. Creo que hay cuatro motivos principales. El primero es una cultura del fraude fiscal. Defraudar a Hacienda no solamente no se ve como algo malo, sino que con frecuencia se enarbola como un mérito ante amigos o compañeros. Las ideas que continuamente se difunden por medios de comunicación públicos y en conversaciones privadas que parecen reforzar la falsa idea (como hemos visto) de que pagamos muchos impuestos y la opinión de que estos deberían ser menores, no hace sino reforzar la aparente buena prensa que tienen en determinados entornos aquellos que consiguen eludir los pagos a la Hacienda pública.

En segundo lugar nuestro sistema fiscal tiene una serie de desgravaciones, exenciones, excepciones y otra clase de medidas que pueden favorecer al contribuyente y reducir sus pagos a la Hacienda Público. Al mismo tiempo, la existencia de los paraísos fiscales provoca que particulares y empresas trasladen parte o la totalidad de sus fondos a estos lugares para pagar menos dinero a Hacienda. Últimamente, hasta los youtubers españoles se suman a esta moda y muchos de ellos (especialmente aquellos que tienen más éxito en las redes sociales y son quienes mayores ingresos tienen) trasladan su residencia a Andorra para pagar menos impuestos.

En último lugar se encuentra los pocos fondos que destina nuestra hacienda pública a combatir el fraude, lo que hace que seamos uno de los países de Europa con menos funcionarios de hacienda pública tenemos por cada 10.000 habitantes. La cifra es más o menos la mitad que otros países como Francia y Alemania. La falta de efectivos para luchar contra el fraude hace que este sea más posible en nuestro país que en otros.

Por todo ello, cualquier gobierno que quiera realizar una reforma fiscal, creo que tiene unas labores importantes que realizar para lograr alcanzar la recaudación normal en un país de la Unión Europea. Desde mi punto de vista serían las siguientes:

1.- Una campaña de concienciación de que el pago de tributos es algo que nos beneficia a todos, por lo que promover que todos paguen aquello que les corresponde es positivo para la sociedad y luchar contra el fraude labor de todos.

2.- Incrementar la plantilla de inspectores de Hacienda.

3.- Recudir la gran cantidad de exenciones, excepciones, deducciones y otros sistemas para rebajar la aportación a hacienda y no pagar los tipos normales de los tributos, para lograr que todos paguen el porcentaje de impuestos previsto.

4.- Implicarse activamente en la lucha contra los paraísos fiscales internacionales y los comportamientos de elusión de pago de impuestos que realizan muchas empresas multinacionales gracias a que trabajan al mismo tiempo en varios países y a la carencia de mecanismos de control mutuo.

Como se puede observar, se trata de medidas que no suponen un incremento o descenso específico de los impuestos, pero que sí pueden tener como consecuencia un incremento de recaudación necesario para que el déficit de nuestro país pueda reducirse.

 

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La nueva propuesta de renta mínima vital

El miércoles 22 de Abril entre las 18:00 y las 19:00 estáis invitados a la conversación titulada “La nueva propuesta de renta mínima vital” en la que nos acompañará “Luis Ayala Cañón” una de las personas que más sabe sobre Rentas Mínimas en España.

El enlace para esta reunión es: https://eu.bbcollab.com/guest/30129850277946ed89b3b541f1d8011f

Luis es autor de dos estudios sobre rentas mínimas en España que se han hecho en estos últimos años. Estos son los enlaces a esos estudios:

https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/ServiciosSociales/EstudiosNacionales/SistemGarantingresosEs_R_E.pdf

https://www.airef.es/wp-content/uploads/RENTA_MINIMA/20190626-ESTUDIO-Rentas-minimas.pdf

Para preparar la conversación os propongo que leáis el artículo que publicó Luis este domingo 19 de Abril en la página 39 del periódico El País.

Y que veáis el vídeo de un minuto y escuchéis la entrevista de 10 minutos que encontraréis en el siguiente enlace

https://enriquelluchfrechina.wordpress.com/2017/02/09/que-es-la-renta-basica/

 
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Publicado por en abril 20, 2020 en Estado Social, pobreza

 

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El modelo social europeo

Este es el vídeo que ha publicado la revista Documentación Social publicada por Cáritas Española sobre el Modelo Social Europeo.

Podéis encontrarla también en la siguiente página web: https://www.documentacionsocial.es/2/conversamos

La entrevista está basada en el documento que hemos publicado el Foro Creyente de Pensamiento Ético Económico y que puedes encontrar en: https://enriquelluchfrechina.wordpress.com/2019/04/02/el-modelo-social-europeo-y-la-union-europea/

 

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El modelo Social Europeo y la Unión Europea

Os presentamos aquí el tercer documento que hemos publicado desde el Foro Creyente de Pensamiento Ético Económico. En esta ocasión hemos abordado el tema del Modelo Social Europeo y la Unión Europea.

Puedes descargarte el documento en: https://funderetica.org/wp-content/uploads/2019/03/Documento-3-El-Modelo-Social-Europeo.pdf

También encontrarás más información sobre el mismo en: https://medios.uchceu.es/actualidad-ceu/por-una-economia-europea-mas-social-y-menos-monetaria/

 
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Publicado por en abril 2, 2019 en Estado Social

 

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Los impuestos como contribución al bien común

Acabamos de publicar el segundo documento del Foro Creyente de Pensamiento Ético Económico titulado “Los impuestos como contribución al bien común”.

Tenéis la nota de prensa con un resumen del documento en el siguiente enlace: https://medios.uchceu.es/actualidad-ceu/por-que-odiamos-pagar-impuestos/

Podéis descargar el documento en: http://www.asolidaridad.org/wp-content/uploads/2018/11/FCPEE-DOCUMENTO-II.pdf

Y aquí tenéis un video-resumen de su contenido

 
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Publicado por en noviembre 20, 2018 en Estado Social

 

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Pensiones para una vida digna

Artículo publicado en la revista Noticias Obreras, en noviembre de 2018, en el número 1611, pág: 12 y 13

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Las pensiones son uno de los temas económicos que nunca dejan de estar en el candelero. A finales del siglo pasado eran un tema clave en muchos estudios económicos por las sospechas fundadas de que el sistema que se daba en esos momentos podía colapsar durante la primera mitad del siglo XXI. En estos momentos, los pensionistas se manifiestan en las calles pidiendo unas pensiones dignas para todos. El debate sobre las pensiones sigue ahí y tiene varios frentes que, aunque relacionados entre si, pueden analizarse de manera separada para poder tener una perspectiva más amplia sobre la cuestión. A mi modo de ver las cuestiones clave que hay que tener en cuenta a la hora de analizar el sistema son: las pensiones mínimas, las cotizaciones a la seguridad social, la sostenibilidad del sistema y si deseamos o no un sistema contributivo como el nuestro.

Pero antes de comenzar creo que es conveniente recordar las circunstancias económicas que rodean un sistema cuestionado. Porque la práctica totalidad de los analistas están de acuerdo en que el sistema de pensiones tiene problemas. Es un sistema de reparto en el que los pagos de las pensiones actuales se realizan a partir de las cotizaciones que realizan los trabajadores en este momento. Eso significa que quienes trabajamos ahora estamos financiando a los pensionistas de ahora. El sistema funciona bien mientras haya varios trabajadores para financiar a cada pensionista. Sin embargo, el número de personas que cotizan por pensionista estuvo en 2017 en 2,3 y los ingresos no se recuperan. Dos son los factores que afectan de una manera directa a esta circunstancia. Por un lado la mayor longevidad de las personas mayores que incrementa el número de pensionistas junto con que los nuevos reciben pensiones más altas. Ambas dinámicas repercuten en un incremento de los gastos del sistema. Por otro lado los nuevos cotizantes tienen salarios más bajos lo que conlleva una reducción de los ingresos. Todos sabemos que un sistema en el que bajan los ingresos y suben los gastos está condenado a colapsar más pronto o más tarde si no se le pone remedio lo antes posible.

Por ello hay un grupo de economistas que opinan que la prioridad que hay que abordar es, precisamente, la sostenibilidad del sistema. Para ello no hay secretos, o hay que bajar los gastos o hay que incrementar los ingresos, o las dos cosas a la vez. Como las políticas de incremento de la contribución al sistema de pensiones no parecen gozar de popularidad en estos últimos años, aquellos que defienden que la sostenibilidad es lo más importante, suelen apostar por políticas de contención de las pensiones, lo que repercute en todos los pensionistas pero en especial en aquellos que cobran pensiones más bajas que son insuficientes para llevar una vida digna. De hecho, esta es la segunda cuestión clave que hay que tener en cuenta a la hora del debate de las pensiones. Porque si el importe medio de la pensión contributiva era en 2016 de 903,6€ al mes es porque existen muchas que tienen una cuantía inferior. Y si hablamos de la pensión media no contributiva, esta se situaba en 637,9€ mensuales. Esto significa que muchas pensiones no permiten llevar una vida digna a quienes la reciben. Para algunos la prioridad del sistema debería estar en lograr que todos los pensionistas obtuviesen un nivel de ingresos digno, lo que significa incrementar la cuantía de las pensiones más bajas.

La siguiente cuestión que se plantea tiene que ver con los ingresos. Los pagos a la seguridad social tienen una relación directa con los ingresos que se perciben hasta un límite máximo. A partir de este, la cotización se congela de modo que por mucho que se incrementen las rentas, la cotización queda estancada al nivel máximo. La consecuencia directa que tiene esto es que una subida de salario bruto de 300 euros mensuales puede salir más cara si se le hace a alguien con bajo salario que si el beneficiado tiene un salario alto, ya que al primero le sube la cotización a la seguridad social mientras que al segundo no. Desde este punto de vista, parecería más justo que la subida salarial supusiese el mismo coste para cualquier nivel de ingresos, lo que supondría que no existiese un límite máximo y que a iguales subidas salariales, el incremento del pago a la seguridad social fuese el mismo.

Esto liga con el cuarto problema planteado que tiene que ver con la relación entre las cantidades cotizadas y la pensión recibida (a más cotización, más pensión y viceversa). Nuestro sistema de la Seguridad Social intenta garantizar que las personas que reciben pensión mantengan su nivel adquisitivo de modo que existen grandes diferencias entre las pensiones recibidas por quienes gozaron durante su vida laboral de unos buenos salarios y quienes no obtuvieron estos. Algunos se plantean si el sistema de seguridad social no debería cambiar de objetivo virando hacia lograr que todas las personas que se jubilan tengan al menos unas rentas suficientes para vivir con dignidad. Es decir, cambiar a un sistema menos o nada contributivo, donde cada un aportase según sus posibilidades pero luego recibiese una cantidad suficiente para una vida digna y no una cuantía ajustada a su anterior nivel de ingresos.

Haciendo una síntesis de estas cuatro preocupaciones, podríamos encontrar una dirección en la que poder atender de una manera más o menos coherente a estos cuatro desafíos del sistema de pensiones. Lo primero sería cambiar el objetivo del sistema para que este buscase garantizar que todos los pensionistas tuviesen un nivel de ingresos que les permitiese una vida digna. Para ello sería necesario subir las pensiones mínimas hasta este nivel y tal vez reducir algo las pensiones máximas (para hacerlo sin comprometer la sostenibilidad del sistema). Esto último, además, reduciría el elemento contributivo del sistema, para lo que también sería necesario retirar el límite máximo de las cotizaciones, de modo que cualquier subida salarial supusiese un incremento de cotizaciones a la seguridad social. Esto último debería hacerse sin que la pensión máxima se incrementase, es decir, sin que diese derechos al contribuyente para recibir más allá de la pensión máxima que se hubiese fijado de manera general. La combinación de estas medidas permitiría incrementar la justicia distributiva del sistema, mejorar a quienes peor están y reducir el elemento contributivo del sistema sin comprometer la sostenibilidad del mismo.

 
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Publicado por en noviembre 12, 2018 en Estado Social

 

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El parche fiscal de las tecnológicas

Artículo publicado en la revista Noticias Obreras nº 1307 de Junio de 2018, pág: 12-13

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Creo que todos hemos oído hablar de la propuesta de nuestro ministro de economía y hacienda de gravar a algunas empresas tecnológicas para ajustar el déficit añadido que se puede generar por el incremento de las pensiones que se ha previsto en el nuevo presupuesto para este año (hay que recordar que en el momento que escribo este artículo, mayo de 2018, todavía no se ha aprobado el presupuesto de 2018). La solución puede parecer una idea genial que intenta conciliar intereses aparentemente encontrados y probablemente aquellos que la han pensado crean que han encontrado la cuadratura del círculo con ella. Por un lado permite subir las pensiones y acallar la voz de muchos pensionistas que han visto como sus ya de por si reducidas pensiones han ido perdiendo poder adquisitivo durante los últimos años debido a que están congeladas al mismo tiempo que los precios no han dejado de subir. En segundo lugar permite cumplir los objetivos de déficit que nos vienen marcados por la Unión Europea. Esos mismos que impedían hasta hace cuatro días incrementar el valor de las pensiones, permiten ahora que este aumente gracias a que se logra una fuente adicional de ingresos. Por último, se intenta paliar un escándalo económico como es la ventaja comparativa que tienen las empresas tecnológicas sobre las normales debido a su facilidad para eludir el pago de impuestos y no tener que abonar estos a los Estados de la UE en los que realizan su negocio.

Sin embargo, esta aparente idea genial que parece conciliar lo imposible de compatibilizar, no es más que un parche fiscal que pretende salir del paso sin abordar a fondo y con valentía tres aspectos de la realidad económica que precisan ser repensados y que están más relacionados entre si de lo que pueda parecer a primera vista. El primero de los tres es el de las pensiones. En nuestro sistema de pensiones conviven pensionistas que tienen unos ingresos superiores a los salarios de muchos de los jóvenes que están trabajando en estos momentos (y que financian con su aportación las pensiones de sus mayores) con otros que tienen unas pensiones tan reducidas que no les da para tener una vida digna. Estas desigualdades en las pensiones tienen, además, el problema de que la cantidad de pensionistas y el volumen de las pensiones se ha incrementado estos últimos años, lo que unido a que la recaudación se ha reducido hace que la financiación de las pensiones corra peligro. Esta bajada de ingresos por cotizaciones a la seguridad social no solo se da por la bajada del salario medio, sino también porque a partir de un determinado salario ya no se cotiza más a la seguridad social. Esto supone que las subidas de salarios a quienes los tienen más altos no suponen incrementos de ingresos a la seguridad social mientras que subir la remuneración a los asalariados que menos reciben sí que lo hace.

La envergadura del desafío del sistema de pensiones no puede ser abordado con frivolidades como un impuesto a las tecnológicas, necesita un replanteamiento global en el que, a mi juicio, dos de las cuestiones más importantes a tener en cuenta son, por un lado preguntarse acerca de si no habría que reducir las diferencias entre las pensiones más altas y más bajas aumentando las más reducidas y bajando las más altas para que al final la media fuese la misma pero no hubiese pensionistas pobres. Por otro lado habría que repensar si es justo que haya límites superiores al pago de las cotizaciones a la seguridad social, de modo que incrementos de los salarios altos supusiese también un incremento de las cotizaciones a pagar. Todo ello resultaría en una relación más difuminada entre pagos realizados y pensión recibida, pero solucionaría de una manera más adecuada los profundos problemas financieros que tiene el sistema.

El segundo problema involucrado en esta medida es el del déficit público. El estado español se gasta constantemente más de lo que ingresa. Tenemos un problema estructural que no se soluciona solamente con una nueva fuente de ingresos. Aunque tenemos una estructura fiscal similar a la de otras naciones de la UE, nuestra recaudación está varios puntos por debajo de la media. Esto hace que aunque nuestro gasto público también está por debajo de la media europea (aunque en menor medida que los ingresos) tengamos siempre unos déficits más elevados que la media. Habría que hacer tomarse en serio las causas que provocan que a pesar de tener una estructura fiscal similar, nuestra Hacienda Pública recaude tan poco y estemos tan lejos de lo que recaudan otras haciendas similares a las nuestras. Tanto las causas de esta realidad como las posibles soluciones han sido sugeridas por hacendistas que se dedican a trabajar estos asuntos ¿Por qué no se hace un programa a medio plazo para lograr corregir la baja recaudación que tenemos y así poder trabajar con superávit y no tener que hurtar fondos a las políticas públicas para pagar año tras año los intereses de la deuda a aquellos que tienen lo suficiente como para prestar al Estado?

Por último nos encontramos ante unas empresas tecnológicas que no solo aprovechan sus conocimientos tecnológicos para competir con otras empresas tradicionales y poder tener más y más beneficios año tras año, sino que consiguen eludir el pago de impuestos en los países en los que generan sus beneficios, para hacerlo en aquellos lugares en los que tienen unas condiciones más ventajosas que les permiten pagar menos impuestos. La existencia de paraísos fiscales (algunos de los cuales están dentro de la misma Unión Europea aunque esta no quiera reconocerlos como tales) y la libre circulación de capitales hacen que sea sencillo eludir el pago de impuestos y que empresas con unos altísimos beneficios paguen por este motivo una cantidad ridícula de impuestos. Este tema se tiene que abordar de una forma global y coordinada con, al menos, los otros países de la Unión Europea.

Como se puede observar, las cuestiones que se debaten aquí son de envergadura y precisan de soluciones a medio y a largo plazo que van más allá de lo propuesto por el ministro. Sabemos que es más fácil poner un parche fiscal que intente conciliar todos los intereses encontrados, pero creemos que lo que hay que hacer es abordar estos temas con valentía y buscar soluciones a largo plazo, no parches para salir del paso.

 

 

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¿Pagamos impuestos?

Audio de mi colaboración con Radio Popular de Bilbao en el que reflexionamos sobre la función de los impuestos y la necesidad o no de pagarlos.

https://www.ivoox.com/impuestos-su-necesidad-audios-mp3_rf_26856383_1.html

impuestos

 
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Publicado por en julio 2, 2018 en Estado Social

 

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La sostenibilidad del sistema de pensiones

Aquí tenéis un breve programa de radio en el que hablo sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones.

http://bit.ly/2FWkh2h

pensión

 

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Sostenibilidad ¿del sistema o de las pensiones?

Artículo publicado en el periódico Levante el 15 de Marzo de 2018 en su página 3

Pensiones o sistema sostenible

Las palabras sostenibilidad y pensiones se escuchan conjuntamente con mucha frecuencia. Creo que es menester una reflexión desapasionada sobre estas dos palabras que nos permita ver más allá de la actualidad y reflexionar sobre este tema con la mirada puesta en el largo plazo. Vale la pena comenzar con los hechos. La práctica totalidad de los analistas están de acuerdo en que el sistema de pensiones tiene problemas. Como sabemos, se trata de un sistema de reparto en el que los pagos de las pensiones actuales se realizan a partir de las cotizaciones que realizan los trabajadores en este momento. Eso significa que quienes trabajamos ahora estamos financiando a los pensionistas de ahora. El sistema funciona bien mientras hay varios trabajadores por cada pensionista, ya que así las cotizaciones de varios sirven para pagar a un beneficiario. Sin embargo, el número de personas que cotizan por pensionista estuvo en 2017 en 2,3 y los ingresos no se recuperan. Dos son los factores que afectan de una manera directa a esta circunstancia. Por un lado la mayor longevidad de las personas mayores que incrementa el número de pensionistas, por otro lado que los nuevos cotizantes tienen salarios más bajos lo que reduce los ingresos y que los nuevos pensionistas reciben pensiones más altas lo que aumenta el gasto. Los problemas económicos del sistema no son algo nuevo y no hay perspectivas de cambio en las cifras si todo sigue igual. Por ello, parece necesario hacer algo para que esto no acabe repercutiendo en un colapso del sistema.

Voy a hablar aquí de dos alternativas que tenemos a la hora de abordar esta realidad. La diferencia entre ambas no está tanto en los intrumentos o medidas que pueden utilizar ambas, sino en la prioridad que se plantean cada una de ellas que puede determinar tanto las soluciones que se pretende dar como la manera de utilizar unos mismos instrumentos. Solo acercándonos a este análisis desde las prioridades, podemos entender el porqué de esa incomprensión entre quienes tienen una prioridad y quienes tienen otra. La primera posición tiene como objetivo principal la sostenibilidad del sistema. Quienes están en esta postura no quieren afrontar una reforma en profundidad del sistema porque o bien les gusta y creen que es bueno, o bien lo ven tan difícil que prefieren no ponerse las manos a la obra en esta cuestión. Si la prioridad es mantener lo que hay y garantizar sus sostenibilidad, las soluciones giran alrededor del los gastos y los ingresos, esto es, solucionar el problema que tenemos de un déficit creciente de funcionamiento aplicando una política de bajada de los gastos, de subida de los ingresos o de ambas cuestiones al mismo tiempo. Si (como sucede con frecuencia) subir los impuestos parece algo no aceptable y que no debe realizarse, la única solución es recortar por la vía de gastos reduciendo los pagos de pensiones. Esto repercute en consecuencias negativas sobre todos los pensionistas, pero afecta en especial a aquellos que cobran pensiones más bajas que son insuficientes para llevar una vida digna. La insuficiencia de sus pensiones se va acrecentando en la medida que sube el nivel de vida y ellos ven como la cuantía de sus pensiones está congelado.p

La segunda posición es aquella que lo que quiere es sostener las pensiones. Es decir, aquella que piensa que el principal objetivo debería ser, mantener un nivel de vida adecuado a aquellas personas que por su edad, ya no pueden desarrollar un trabajo remunerado que les permita vivir con dignidad. Para quienes así piensan mantener o incrementar (en el caso de las pensiones más bajas) la cuantía de las pensiones es el objetivo prioritario y la viabilidad del sistema debe ponerse al servicio de este. Esta es la idea que subyace en muchos de los pensionistas que se manifiestan en nuestro país, que saben que el sistema debe ser viable, pero que la prioridad debe ser garantizar la existencia pensiones dignas y para eso habrá que cambiar el sistema si es necesario, pero sin comprometer el objetivo final de unas pensiones que ofrezcan una vida digna para los mayores. Esta segunda idea precisa de un cambio del sistema que afecte tanto a ingresos como a gastos, pero esta modificación del sistema se pone al servicio del mantenimiento de unas pensiones dignas.

Como se podemos observar, la fijación de la prioridad es clave para ver cuáles son las medidas que se quieren aplicar y que resultados van a tener estas. En el sistema de pensiones se vuelve a poner de relieve uno de los grandes dilemas que aparece en la discusión económica actual ¿Debemos de poner como prioridad los asuntos meramente económicos como es el déficit de la Seguridad Social y subordinarlo todo al objetivo de acabar con este para garantizar la sostenibilidad del sistema? O por el contrario ¿Debemos poner la técnica, es decir, la necesaria sostenibilidad al servicio del objetivo primordial del sistema de pensiones que no es otro que garantizar una vida digna a las personas mayores que no pueden obtenerla por sus propios medios debido a su edad avanzada? La respuesta a esta pregunta es la que va a hacer que se tomen unas medidas u otras y que se sigan unas políticas u otras.

 

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Entrevista Onda Cero Logroño

Aquí tenéis una breve entrevista en la que hablamos de rentas de ciudadanía que se emitió en Onda Cero Logroño el pasado 8 de Mayo.

http://www.ivoox.com/18663588

ondacero

 
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Publicado por en mayo 22, 2017 en Estado Social

 

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Las rentas de ciudadanía en Logroño

El próximo lunes 8 de Mayo presento el cuaderno de la HOAC “Rentas de ciudadanía, justicia social desde el bien común” en Logroño.

Os espero a quienes estéis ese día en esa bonita ciudad o sus alrededores.

invitación conferencia logroño

 
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Publicado por en mayo 3, 2017 en Estado Social

 

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Presentación de libro sobre rentas de ciudadanía

El próximo jueves, 27 de abril, a las 19.30 h en la sala 2.2 del Centro Arrupe, ubicado en la Gran Vía Fernando el Católico, 78, de Valencia presentaré el cuaderno de Ediciones HOAC “Rentas de ciudadanía. Justicia social desde el bien común”

Espero que podamos vernos allí, será un buen momento para aprender algo más sobre las rentas de ciudadanía y debatir sobre ellas.

Para abrir boca os sugiero que veáis este breve video de 90 segundos que os introducirá sobre el tema.

 

Os espero allí.

Rentas Ciudadanía

 

 
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Publicado por en abril 24, 2017 en Estado Social, Privación

 

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Rentas de Ciudadanía, un debate abierto

Conferencia en Alcalá de Henares el próximo viernes 31 a las 19:00 horas en el Centro Municipal de Salud en la Calle Santiago nº 13

Estáis todos invitados.

Cartel de Alcalá de Henares

 
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Publicado por en marzo 27, 2017 en Estado Social

 

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Qué son las rentas de ciudadanía

Artículo titulado “Rentas de ciudadanía. Justicia social desde el bien común” publicado en la revista Noticias Obreras, número 1592 de Febrero de 2017, pág: 19-26.

rentas-de-ciudadania-justicia-social-desde-el-bien-comun_pagina_1

 

Es un artículo largo que complementa el cuaderno HOAC que tiene el mismo título (https://enriquelluchfrna.wordpress.com/2016/11/15/rentas-de-ciudadania-justicia-social-desde-el-bien-comun/) y otras dos páginas de este blog (https://enriquelluchfrechina.wordpress.com/2017/02/09/que-es-la-renta-basica/https://enriquelluchfrechina.wordpress.com/2015/11/23/renta-basica-versus-renta-minima/)

Además, aquí tenéis un artículo interesante que ha salido en la publicación on line “El Español” http://cronicaglobal.elespanol.com/business/renta-basica-universal-antidoto-pobreza_68313_102.html

 

 
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Publicado por en febrero 20, 2017 en Estado Social

 

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Qué es la Renta Básica

Os presento un vídeo de 90 segundos en el que se explica alguna de las implicaciones más importantes de la Renta Básica:

Y aquí va una explicación en un audio de algo más de 10 minutos que fue emitido en Radio Nacional para complementar esta información sobre las diferencias entre una renta básica y una renta mínima.

ENTREVISTA EN RADIO NACIONAL

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Publicado por en febrero 9, 2017 en Estado Social, pobreza

 

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¿Cómo organizamos la economía?

Artículo públicado en la revista ICONO, año 117, nº 11, Diciembre 2016, pág: 26 y 27

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Uno de los temas más debatidos en la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) es su opinión ante los sistemas económicos que rigen las naciones. La manera en la que organizamos nuestra economía tiene unas consecuencias evidentes sobre la producción, la distribución de lo que tenemos y el cuidado del medio ambiente. También sobre los comportamientos económicos de las personas y de las instituciones que llevan a ambas a seguir un determinado camino u otro. Por ello, desde la primera encíclica papal que inauguró la DSI (Rerun novarum) la Iglesia se ha pronunciado sobre los distintos sistemas económicos y las ideas económicas que los sustentan.

Los sistemas socialistas

Ante unos sistemas económicos que pretendían poner en práctica los postulados de la ideología marxista, la Iglesia siempre se ha manifestado de una manera negativa. El motivo principal por el que se ha dado esta crítica se ha basado en el totalitarismo que exhibían (y exhiben), en la anulación de la libertad y del individuo (desde una concepción en la que la persona es un simple elemento del organismo social) y en un esquema basado en el conflicto (la lucha de clases). Por ello, desde la encíclica Rerum novarum hasta la Centesimus annus, se critican los errores antropológicos del marxismo que le llevan a sustentar sistemas condenados al fracaso y negativos para las personas que habitan en ellos.

El liberalismo

Ante una caída de los países socialistas en Europa (que no en otros lugares del mundo) a finales de los años ochenta del pasado siglo, la encíclica Centesimus annus (CA) se planteaba si esto quería decir que el capitalismo era la opción por la que apuesta la Iglesia para organizar económicamente las sociedades. En este punto, la encíclica rechaza una clase de capitalismo que podríamos denominar “salvaje” y del que ya se había separado la DSI en anteriores encíclicas y en especial en la Rerum Novarum (que intentó alejarse tanto del socialismo como del liberalismo más radical). Aquí es donde se enmarca el texto tantas veces repetido y que aparece en el 42 de la CA: “La respuesta obviamente es compleja. Si por «capitalismo» se entiende un sistema económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad para con los medios de producción, de la libre creatividad humana en el sector de la economía, la respuesta ciertamente es positiva, aunque quizá sería más apropiado hablar de «economía de empresa», «economía de mercado», o simplemente de «economía libre». Pero si por «capitalismo» se entiende un sistema en el cual la libertad, en el ámbito económico, no está encuadrada en un sólido contexto jurídico que la ponga al servicio de la libertad humana integral y la considere como una particular dimensión de la misma, cuyo centro es ético y religioso, entonces la respuesta es absolutamente negativa.”

El sistema socialdemócrata

Como la misma Centesimus annus añade la idea de que el Estado es quien tiene que orientar la labor del mercado para que cumpla su importante función social, algunos autores comentan que el sistema económico más ajustado a aquello que afirma la DSI es el socialdemócrata. Es decir, una organización económica basada en la economía de mercado que articula instrumentos para paliar y reducir las desigualdades y la pobreza que esta genera si no se le ponen trabas a su funcionamiento (en especial el estado de bienestar). Esta es la idea que parece reflejar el anterior párrafo, un sistema capitalista orientado correctamente y que ofrece instrumentos para paliar sus problemas económicos (especialmente el de distribución)

La apuesta por las economías emergentes

Sin embargo, la encíclica Caritas in veritate (CiV) dio un paso más allá a la hora de cambiar esta idea, tal vez anquilosada, de lo que se ajusta más o menos a la DSI. Porque esta Encíclica de Benedicto XVI introduce en liza lo que Pedro José Gómez Serrano viene a denominar “las economías emergentes”. CiV diferencia entre los instrumentos y las finalidades de una economía, afirmando que instituciones como el libre mercado no son intrínsecamente malas, sino que dependiendo de cómo se utilicen y hacia dónde se orienten, tendrán unos resultados positivos o negativos para las personas (idea ya vista en anteriores encíclicas). Pero donde avanza Benedicto XVI e incide en algo que ya se vislumbraba en anteriores documentos de la DSI es cuando afirma que las relaciones de fraternidad y la lógica del don pueden y deben introducirse en las relaciones económicas. Por ello, en el mensaje del día mundial de la paz de 2013 anima a construir un nuevo modelo de desarrollo y una nueva visión de la economía. Ya no se trata de apoyar dos ideas (socialismo y liberalismo) que no tienen en cuenta a las personas y que las dejan a un lado, u otra que reconoce que el mercado trae malas consecuencias sobre la desigualdad y el bienestar de muchos excluidos e intenta que el Estado sea quien se haga cargo de reorientar este problema (keynesianismo), sino de reorientar la economía para lograr que la misericordia, el compartir y la lógica del don impregnen las instituciones y el quehacer económico. La DSI anima, pues, a profundizar en los caminos que comienzan a transitar las economías emergentes, para construir un sistema económico que supere las fronteras que limitan al actual y que sustente una nueva visión de la economía más humana y solidaria.

 

 

 

 

 

 
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Publicado por en enero 18, 2017 en Estado Social

 

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Reducir el déficit con equidad

Artículo publicado en Noticias Obreras nº 1590, Diciembre 2016, pág: 12 y 13

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El nuevo plan de presupuestario del gobierno, que tiene que ajustarse a las indicaciones de la Unión Europea con respecto al déficit público, prevé un ajuste de unos 5.500 millones de euros el próximo año. Parece que este ajuste se realizará vía gasto público, es decir no incrementando los impuestos sino reduciendo el gasto (estos son los dos sistemas ineludibles para reducir un déficit, incrementar ingresos o reducir gastos) y parece evidente que, también, nuestro nuevo gobierno está dispuesto a cumplir con estas exigencias (para algo estamos en el club de la Unión Europea)

Ante este nuevo ajuste debemos tener en cuenta varios factores para poder formarnos una opinión argumentada sobre su pertinencia o no. El primero es que no se puede mantener una administración que esté permanentemente en déficit. El Estado, como cualquier institución, no puede sobrevivir si año tras año se gasta más de lo que ingresa. Además, un déficit continuado tiene que financiarse y esto supone tener que pedir prestado dinero para poder mantenerlo. La financiación tiene un coste y esto son gastos añadidos al presupuesto que no pueden ser utilizados para políticas sociales, inversión u otros menesteres útiles para la sociedad.

Siendo este el punto de partida y una realidad ante la que nos encontramos, el presupuesto y su equilibrio debe ser un instrumento para alcanzar unos objetivos económicos comunes, debe estar al servicio de los objetivos públicos y debe, por tanto, subordinarse a estos. No podemos poner el déficit o el superávit por encima de los objetivos económicos sino al contrario, al servicio de estos. Si es necesario realizar un ajuste del presupuesto para evitar que exista un déficit, esto debe hacerse de la manera menos nociva para la consecución de los objetivos públicos tanto a corto como a largo plazo. Lo importante no tendría que ser recortar a toda costa, sino ver como se consigue el equilibrio presupuestario para que las políticas importantes se vean lo menos afectadas posible.

Además, la gestión del déficit a nivel nacional, tiene otro componente que hay que tener en cuenta y que no es significativo cuando intentamos equilibrar presupuestos individuales, de empresas o de cualquier otra institución. El volumen del gasto y los ingresos públicos tiene repercusiones que van más allá del propio sector público. Reducir gasto (por ejemplo) no solamente puede mejorar las cuentas públicas, sino que además puede tener repercusiones sobre la economía del país. Gastar menos supone reducir el crecimiento económico de la nación (no solo por la reducción, sino también por los efectos multiplicadores negativos que tiene el gasto sobre el consumo de los particulares) lo que en un corto plazo de tiempo puede hacer que bajen los ingresos públicos. Esto significa que una política que intenta reducir el déficit puede acabar provocando más déficit en un futuro porque reduce la producción, lo que acaba afectando al pago de impuestos y consecuentemente a una disminución de la recaudación.

Pero quizá, el elemento más discutido tiene que ver con el volumen de gasto e ingresos públicos que tiene nuestro país. Porque el volumen de gasto público español en 20151 fue de un 43,5% del PIB mientras que la media de la Unión Europea fue de un 47,3%. Los ingresos públicos supusieron en España un 38,6% del PIB mientras que la media de la UE fue 44,9%. Esto quiere decir que si en España ingresásemos lo mismo que la media de los 28 países de la Unión Europea, manteniendo el gasto público que tenemos, no solo no tendríamos déficit, sino que estaríamos en superávit (por más de un punto). Esto lleva a muchos economistas a afirmar que el problema de nuestro déficit no es el de un nivel de gasto exagerado (15 países de la UE gastaban un porcentaje más elevado del PIB en 2015) sino el de una recaudación muy reducida (Solamente cinco países de la UE, Reino Unido, Letonia, Rumanía, Lituania e Irlanda, tuvieron unos ingresos públicos menores que España)

Vista la situación en la que nos encontramos ante el próximo ajuste, creo que los criterios que deberían guiarnos a la hora de tomar posición ante él son los siguientes:

Un déficit continuado y permanente no es conveniente, los ingresos deben estar por encima o al mismo nivel que los gastos a medio y largo plazo, por lo que no podemos pensar que recurrir a la deuda continuamente es una política adecuada porque esta acaba siendo regresiva y reduce las posibilidades de gasto por el pago de intereses.

Dicho esto, la reducción del déficit no puede ser el objetivo principal de una política económica a la que se subordina todo lo demás. La reducción del déficit tiene que ser una política que se ponga al servicio de los objetivos económicos de la sociedad.

Si aceptamos la opción preferencial por los más desfavorecidos, la reducción del déficit debe ser una política que acabe siendo beneficiosa para las capas más empobrecidas de la población, debido especialmente a que esa reducción del déficit permite que el dinero que se ahorra en intereses se destine a políticas sociales y a aquellos que peor lo están pasando.

Para ello, hay que calibrar en primer lugar si nos es más conveniente reducir partidas de gasto que nos bajen todavía más de la parte central de la tabla en cuanto a gasto público en la UE o si por el contrario la política más adecuada es la de incrementar los ingresos para ponernos al nivel de la media de los países de la UE.

Si pensamos que la reducción del gasto es el camino adecuado, esto no se puede hacer de una manera lineal (reducimos el gasto en todas las partidas) sino que hay que ver aquellas que van a afectar menos a los más desfavorecidos de la población y aquellas que tienen menos efectos multiplicadores sobre la economía.

Si la opción es la de incrementar ingresos habrá que analizar cuáles son las partidas de ingresos que conviene incrementar para que esta bajada de la renta de los agentes económicos tenga pocos efectos sobre la actividad económica y pocos efectos sobre las familias y personas más pobres.

Desgraciadamente, parece que esto no va a ser así. El déficit ha pasado de ser un instrumento a ser un objetivo prioritario, por lo que seguramente nos encontraremos con otra bajada de gastos indiscriminada, que afectará a todos sin plantearse si quiera la posibilidad de subir los ingresos para lograr el mismo objetivo.

 
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Publicado por en enero 10, 2017 en Estado Social

 

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Rentas de ciudadanía. Justicia social desde el bien común

Aquí tenéis el decimotercero cuaderno HOAC que publicado por Ediciones HOAC he escrito sobre el tema Rentas de ciudadanía. Justicia social desde el bien común.

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Tenéis más información sobre él y como adquirirlo (solo cuesta 1€) en: http://hoac.es/ediciones/libro.php?idlibros=2024

 

 

 
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Publicado por en noviembre 15, 2016 en Estado Social

 

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Más allá de lo público o privado: orientarse hacia el Bien Común

Artículo públicado en la revista ICONO, año 117, nº 7, Julio 2016, pág: 26 y 27

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Hace unas semanas se entrevistaron conmigo unas personas de una empresa que representa a diversos economistas que tienen repercusión pública debido a su intervención en programas de la televisión. Me proponían algo que a su juicio tenía buenos resultados y era lo que más demandaban alumnos y público en general: un debate en el que se enfrentarían dos economistas, uno partidario de lo privado y otro de lo público. Cada uno de ellos defiende una postura aparentemente opuesta. La primera que el tamaño de lo público debe reducirse lo máximo posible ya que su gestión es por naturaleza ineficiente y debe potenciarse lo privado. La segunda ve a lo privado como un peligro ya que siempre defiende los intereses individuales de alguien (además ese alguien suele ser el más favorecido) por lo que hay que potenciar lo público que es, por naturaleza, quien defiende los intereses de todos y en especial de los más desfavorecidos. El debate que me ofrecían estas personas en mi despacho de la facultad es el que, por desgracia, parece primar no solo entre los tertulianos televisivos, sino también entre los partidos políticos que componen el espectro nacional.

Las actuaciones política en clave privado contra público

De hecho, creo que esto es lo que estamos viendo en las actuaciones políticas de gobiernos de uno y otro color. Unos afirman que lo público no funciona bien y en lugar de intentar solucionarlo para que las cosas vayan mejor (cosa que además sería su responsabilidad ya que son los gestores de lo público) sugieren privatizar lo público y venderlo a intereses privados pensando que esto va a mejorar su gestión. Los otros, piensan que si lo público no funciona como debería es por culpa de lo privado, con lo que se dedican a legislar en contra de lo privado pensando que así se favorece lo público. Las dos opciones escurren el bulto, envian los balones fuera. Si lo público no funciona o puede funcionar mejor, la solución no es privatizar o ir en contra de lo privado, sino arremangarse e intentar solucionarlo, ponerse manos a la acción para que funcione mejor, gestionarlo correctamente… Las ideologías anti-privado y anti-público hacen que los políticos no se centren en lo esencial, es decir, en mejorar la gestión de lo que tienen.

La DSI y el bien común

Ante ello la Doctrina Social de la Iglesia propone un concepto de bien común que es fácilmente aceptable por personas cristianas y no cristianas. El bien común es definido por el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia como el «el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección». Es decir, buscar el bien común es buscar la manera de organizar nuestra sociedad que nos permita a todos y a cada uno de nosotros lograr nuestros anhelos vitales, vivir con dignidad, tener lo suficiente para poder realizarnos como personas a lo largo de nuestra vida. Y esto se pretende lograr, para todos, sin excepción, sin que nadie quede excluido por su lugar de nacimiento, su color, su religión, su raza, su sexo, sus ideas o preferencias, su historia anterior, su opción vital…

El estado tiene como función principal lograr ese bien común

El estado tiene como función principal lograr este bien común. Es su labor primordial y debe poner todos sus esfuerzos para lograrlo. Porque el estado está al servicio de todos y cada uno de nosotros y debe esforzarse en que podamos vivir en sociedades libres en las que el camino para lograr nuestros propios objetivos sea lo más sencillo posible. Sobre esta base algunos piensan que el sector privado no funciona así y que este tan solo busca objetivos particulares y propios. En esto se basa el enfrentamiento entre uno y otro. Institución que busca el bien común (Estado) ante otras que buscan solo el bien propio (privadas). Sin embargo esto no es siempre así (aunque en ocasiones lo es), muchas entidades privadas también tienen como objetivo la búsqueda del bien común. La Doctrina Social de la Iglesia nos dice que la búsqueda del bien común, aunque sea el principal objetivo del Estado, es una labor que nos involucra a todos, las personas, las instituciones, las empresas. Por ello, podemos pensar que en esta labor, lo privado no debería actuar como opuesto a lo público, sino como colaborador necesario.

La colaboración pública-privada

Las ideologías anti-privada y anti-pública, se construyen ambas sobre la idea de que los intereses privados y públicos son realmente opuestos y ambas potencian, en todo los casos, que lo sean. Por eso, es necesario superar esta concepción y entrar en un modelo de colaboración que supere las desconfianzas mutuas y piense que tanto uno como otro son positivos para construir una sociedad mejor. Evidentemente el sector público tendrá que incentivar a aquellas empresas e instituciones privadas que realmente priorizan la construcción del bien común y desincentivar a aquellas que priorizan sus objetivos particulares a costa de ir en contra del bien común. A partir de aquí, tendremos que mirar de una manera ponderada y caso por caso, que clase de institución es mejor para lograr el bien común. Por que sabemos que en ocasiones, es una institución pública la que cumple mejor este objetivo, en otras es mejor una privada y en otras puede ser indiferente. Una sociedad sana, necesita potenciar las entidades privadas que mejoran el bien común y la colaboración entre agentes públicos y privados ambos puestos al servicio de las personas.

 

 

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Renta Básica versus Renta Mínima

Os presento el artículo titulado Renta Básica versus Renta Mínima que podéis encontrar en las páginas 138-150 del informe Análisis y perspectivas Comunitat Valenciana 2015 que podéis descargar en: http://www.foessa.es/publicaciones_compra.aspx?Id=5154&Idioma=1&Diocesis=42

En este artículo podéis entender de una manera sencilla la diferencia entre lo que es una renta básica y una renta mínima.

Si queréis un resumen del artículo, podéis encontrarlo en: https://medios.uchceu.es/actualidad-ceu/el-director-del-departamento-de-economia-y-empresa-de-la-ceu-uch-enrique-lluch-analiza-la-viabilidad-de-la-renta-basica-para-luchar-contra-la-pobreza-extrema/ o en el siguiente artículo del viernes 20 de Noviembre del periódico Levante en su página 9

 

rentas básicas en levante 20 nov 15

 
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Publicado por en noviembre 23, 2015 en Estado Social

 

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Bases éticas para la mejora de nuestra organización económica y política

Estamos en periodo pre-electoral. Por ello os recuerdo este cuaderno de ética en clave cotidiana que escribimos el pasado año entre Rafael S. Hernández y yo mismo.

En ella damos pistas de por dónde creemos que deberían apuntar nuestros partidos para mejorar nuestra sociedad en una clave ética.

Es recomendable su lectura para discernir a quien queremos votar.

Lo podéis descargar de manera grautita en: http://funderetica.org/wp-content/uploads/2013/12/numero-1.pdf

O acudir a la página de los cuadernos: http://funderetica.org/cuadernos/

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Publicado por en febrero 10, 2015 en ética económica, Estado Social

 

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Infancia en peligro

Artículo publicado en la revista Punto.CEU nº 30 de Enero de 2015, en su página 59

infancia en peligro

Todos los informes que estamos conociendo acerca de la situación de la pobreza infantil en nuestro país coinciden: más de uno de cada cuatro niños está viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Estos niños se concentran en familias numerosas y en familias monoparentales y es una realidad que ya se daba (aunque con menor intensidad) antes de la crisis.

Como demuestran todos los estudios, episodios recurrentes de pobreza en la infancia hacen que quienes los sufren tengan menos instrumentos para afrontar los desafíos a los que se enfrentarán cuando sean adultos y más posibilidades de permanecer en la pobreza. Esto es debido esencialmente a la desesperanza y fatalidad de unos progenitores que, a pesar de buscar empleo digno, no lo consiguen y a los problemas de socialización que tienen estos niños derivados de que todas las actividades extraescolares o asociativas precisan de desembolso económico.

Las políticas de ayuda alimentaria y de emergencia para la infancia no están bien enfocadas ya que separan al niño necesitado del resto de los niños (y en ocasiones de los padres cuando solamente reciben ellos la ayuda y no toda la familia) y pueden producir guetos de niños pobres lo que ahonda en el problema expuesto, más que solucionarlo.

Por ello creo que las ayudas deberían darse a la familia (y no solo a los niños), deberían facilitar el pago de las cuotas de las actividades culturales, deportivas o extraescolares (o realizarlas de una manera gratuita) y buscar la promoción de la unidad familiar. Esto debe ser un compromiso de la sociedad en su conjunto, por lo que debe traducirse en una acción pública y coordinada y que nos permita alejarnos del furgón de cola de la Unión Europea en cuanto a ayudas a la familia y a la infancia y mejorar, de una manera real, la situación de tantos niños que están creciendo en unas condiciones de pobreza que están condicionando su futuro, y el nuestro.

 

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Jean Claude Juncker, la Eurocámara y la Ética

Artículo publicado en Levante EMV – Suplemento El Mercantil Valenciano EMV, el domingo 23 de Noviembre de 2014, en la página 18

Jean Claude Juncker  la Euroca

Los hechos son conocidos. El mismo protagonista y principal responsable del gobierno luxemburgués los ha reconocido en rueda de prensa, y la Eurocámara le ha dado su apoyo. El gobierno luxemburgués pactó de una manera secreta ventajas fiscales a empresas multinacionales para que tributaran en su país. Parece además (según declaraciones del propio Jean Claude Juncker, que es a su vez presidente de la Comisión Europea) que Luxemburgo no es el único país que lo hace y que otros llevan a cabo estas prácticas que permiten que las grandes empresas paguen menos impuestos en la UE que las pequeñas, a pesar de que ganan más.

Pero no solo hemos conocido esto, sino que los grupos mayoritarios de la Eurocámara han respaldado a Juncker. Los argumentos para hacerlo han sido varios, pero ha habido dos que han predominado. Por un lado, este comportamiento es legal y se opina que estos acuerdos se hubiesen hecho de todas maneras aunque él no hubiese sido el presidente de Luxemburgo, ya que estos pactos intentan defender los intereses del país (que es lo que Juncker tenía que hacer como presidente). Si no los hacen ellos, los hace otro país y se lleva los impuestos para él. No es una cuestión de personas, sino de la estructura competitiva en la UE. Por ello, concluye este razonamiento, hay que apoyar a Juncker y exigirle que haga en la UE lo que tan bien hizo en su país: defender nuestros intereses comunes.

El segundo motivo es más sencillo: hay que apoyarlo para no dar fuelle a los euroescépticos y a los eurófobos.

Comienzo por el segundo. Hacer piña con alguien del que se reconoce que ha hecho algo legal que no es bueno para el bien común, pensando que es la mejor manera de defenderse ante los euroescépticos, me parece de una bisoñez impropia de políticos experimentados. Creo que un apoyo de este cariz no solo no defiende a Europa de las ideas que la critican, sino que apoya a aquellos que lo hacen, y les refuerza en su convicción y argumentos.

Pero me gustaría centrarme más en el primer razonamiento y cómo este contiene un componente ético fundamental que mina la confianza en las instituciones y en la UE. La defensa de Juncker realizada por sus correligionarios europeos se basa en una concepción de la acción pública en la que cada uno tiene que buscar su propio interés o el de los suyos. De este modo, los países deben pensar en ellos mismos, y sus representantes deben defender sus intereses frente a los de otras naciones. Por ello están legitimados esta clase de acuerdos que atraen a las multinacionales a que paguen pocos impuestos, porque así los pagan a nuestro país y no a los gobiernos de las naciones en las que generan sus ganancias. Los accionistas de las empresas (que buscan su propio interés de lograr mayores beneficios) se aprovechan de esta competencia entre países y se instalan en aquellos en los que pagan menores impuestos. Es evidente que cuanto mayor sea la empresa más posibilidades tiene de hacerlo.

Esta concepción ética nos ha dicho que esto es lo mejor para todos, que buscar el interés propio es bueno para el común, que gracias a eso la economía funciona y se encuentran las mejores soluciones para lo público y lo privado. Que hay que desconfiar de quien dice luchar por el bien común porque seguro que nos está engañando y al final tiene unos intereses propios ocultos.

Sin embargo, nuestra experiencia nos dice que esto no es así. Que cuando todos buscan su propio interés, gana más quien más fuerza o poder tiene. Que aquellos que son pequeños o débiles salen perdiendo o son “descartados” por el sistema, ya que no son capaces de defender o hacer valer sus intereses.

Y es evidente que esta opción ética de legitimar la búsqueda del propio interés no solamente provoca actuaciones como la descrita o beneficios para las grandes empresas, sino que lleva también a que una empresa esté dispuesta a pagar mordidas para lograr un contrato (al fin y al cabo lo que interesa es ganar más y si no lo hago yo lo hará otro) o a un político a recibirlas (él también quiere ganar lo máximo en su trabajo como representante público).

Por ello, los partidos mayoritarios harían bien si dejasen de hacer piña en torno a una concepción ética discutible que nos está dando unos malos resultados, para intentar modificar sus objetivos y maneras de actuar.

Esto supone dos clases de cambios. El primero, un cambio personal. Precisamos representantes que no pretendan defender sus o mis intereses, sino que se preocupen por el bien común, que trabajen por una sociedad mejor.

La segunda es que no es suficiente un cambio en las personas, sino que también hay que cambiar las estructuras. Las instituciones también son éticas o no en la medida que potencian unos comportamientos u otros. El ejemplo aquí descrito lo muestra de una manera evidente. Necesitamos cambiar las instituciones para impedir esta clase de comportamientos que solamente benefician a unos pocos: a quienes menos ayuda necesitan.

O este cambio lo realizan los grandes grupos políticos o lo harán otros en su lugar. Cuando antes se den cuenta de que la ciudadanía lo exige y quiere mejorar la sociedad luchando por el bien común, mejor. Si no lo hacen, corren el peligro de seguir pensando en sus propios intereses y verse sobrepasados sin entender nada de nada.

 

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Crisis y Derechos Sociales Análisis y Perspectivas Comunitat Valenciana 2014

Desde el Observatorio de Investigación sobre Pobreza y Exclusión en la Comunitat Valenciana de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Cáritas de la Comunidad Valenciana y la Fundación FOESSA hemos publicado el primer estudio de lo que pretende ser una serie anual que trate los datos coyunturales sobre pobreza, desigualdades y privación en la Comunitat Valenciana. (puedes consultarlo aquí)

Portada del informeEn el informe hay una primera parte de análisis de la realidad coyuntural de la Comunitat Valenciana en cuanto a la renta per cápita, el mercado de trabajo y la pobreza, desigualdades y privación. Una segunda que adelanta los resultados del informe FOESSA que se presenta a finales de Octubre de 2014 y por último, hay cinco artículos de encargo que profundizan sobre diversos temas de actualidad como son los presupuestos de la Generalitat en materia social durante los últimos años, el tema de los deshaucios y las soluciones que se han ido aplicando, la ayuda alimenticia como asistencia pura y dura en contraposición a un enfoque de derechos, la prevención y la intervención social en los niños más desfavorecidos y la economía social como alternativa al modelo económico actual.

Si queréis un resumen más detallado del informe podéis encontrarlo aquí: http://medios.uchceu.es/actualidad-ceu/el-23-por-ciento-de-los-valencianos-vive-en-hogares-con-una-renta-inferior-al-umbral-de-la-pobreza-segun-el-estudio-de-la-ceu-uch-caritas-y-foessa/

 

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Cómo avanzar hacia una economía social de mercado

Artículo publicado en la revista Razón y Fe, Nº1389-90, Julio-Agosto 2013, pág: 59-69.

Este artículo ofrece un puñado de propuestas de cara a la consecución en España de lo que se conoce como economía social de mercado. Aporta una serie de recomendaciones gracias a las cuales pueda regenerarse y hacerse más justo, más humano, más social y más  igualitario el capitalismo que nos gobierna.

dibujo de portada

 

Si queréis leerlo completo podéis descargarlo en el siguiente enlace:

http://www.razonyfe.org/images/stories/julioagosto2014/E_%20Lluch_RyF_1389-1390_julio-agosto_2014.pdf

 

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Si la UE no es una Unión Social ¿Para qué sirve?

Artículo publicado en el periódico Levante EMV, en su suplemento dominical El Mercantil Valenciano EMV, el domingo 15 de Junio de 2014 en su página 18

Si la UE no es unión social para qué sirve

El pasado 25 de Mayo tuvimos la oportunidad de ver los resultados a las elecciones europeas. No hace faltar recordar que quizá, la característica esencial de estos resultados en todo el espectro europeo, fue el crecimiento de las fuerzas euroescépticas y poco complacientes con la UE actual y la pérdida de peso de aquellos partidos que se encuentran más cómodos con la estructura política y económica de la Unión Europea en la actualidad.

El propósito de este breve artículo no es otro que señalar una de las causas que, a mi juicio, han provocado esta orientación en el voto de millones de europeos. No voy a realizar un análisis exhaustivo de todas los motivos que pueden haber llevado a esto, sino simplemente de uno de ellas que tiene una relación directa con las instituciones económicas en las que hemos basado la construcción de nuestro espacio común.

Para ello quiero recordar la afirmación que realizó en plena campaña electoral (el 21 de mayo) Ángela Merkel: “La Unión europea no es una Unión Social”. Así de categórica se mostró en afirmación en una entrevista publicada al finalizar la campaña electoral y hay que enmarcarla en la política alemana. Es decir, se realizó en clave nacional a propósito de los supuestos abusos que realizan algunos ciudadanos no alemanes del sistema de bienestar alemán. Sin embargo, la frase tiene un calado que va más allá, no solo por lo que dice, sino también por la persona que la pronuncia.

Según el diccionario de la Real Academia, social es “perteneciente o relativo a la sociedad”. Por ello, si alguien afirma que la Unión Europea no es social está diciendo que no pertenece o no tiene relación con la sociedad. Puede parecer duro, pero sin embargo es realista y además, no debería sorprenderlos. El primer nombre de la UE fue CEE, que como muchos recordarán significaba Comunidad Económica Europea y, en estos momentos, los especialistas sabemos que la Unión Europea es, realmente, una Unión Económica y Monetaria (aunque en esta última no participan todos los países).

Pero claro, una unión económica debería ser social también, por que la economía debería estar al servicio de las personas y de la sociedad ¿O no es así? Una organización económica funcionará bien en la medida que esté al servicio de la sociedad y sirva para que las personas se desarrollen como tales y salgan ganando con la organización económica de su país o región. Y esto, desgraciadamente, no parece que sucede en nuestra Unión Europea.

Este es, evidentemente, el problema. La contraposición es clara, la unión económica y monetaria no es una unión social, es otra cosa. Lo prioritario en ella no son las personas, no es la mejora de toda la sociedad europea, sino la bonanza de los indicadores económicos. Como se ha visto en esta crisis, a la hora de establecer las medidas necesarias para paliar sus graves consecuencias, se ha priorizado la devolución de las deudas financieras, se ha prestado dinero público a los deudores para que pudiesen hacer frente a los pagos a financiadores privados, se han tomado medidas para garantizar la salud financiera de los endeudados y que se comprometiese lo menos posible la devolución de sus deudas, se ha seguido priorizando la lucha contra la inflación de tal manera que ahora se teme precisamente lo contrario, la bajada de precios generalizada…

Esta reacción de la UE no debería sorprendernos. Cuando el Banco Central Europeo habla sobre las ventajas que tiene el Euro para la Comunidad Europea en sus propios documentos, afirma que son, entre otras: La rebaja de costes de cambio de divisas y de aseguramiento de riesgos ligados a estas, la eliminación de barreras a la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales, así como el fomento de la competencia dentro de la UE, la transformación de los mercados financieros y de los resultados macroeconómicos del conjunto de la Unión Europea, el incremento de las transacciones y de la inversión entre países de la Unión Europea y dar importancia al euro como moneda a nivel internacional en la medida que se incrementan los flujos financieros en euros.

Nos encontramos pues ante una Unión Europea que no es social, sino económica. Ante una institución que tiene como principal preocupación el mantenimiento del status quo económico. Que prioriza los beneficios logrados en los mercados financieros a los conseguidos con una economía real. Que tiene como prioridad aplacar a los financiadores y seguir las pautas que estos marcan, para lograr que estos les financien de la manera más barata posible (el ya clásico: “los mercados nos obligan”).

Y esto es lo que muchos europeos sienten, lo que muchos ciudadanos en muchos países notan. No tienen por qué entender de economía, tal vez no sepan exactamente por qué ni puedan explicar qué está sucediendo, pero se dan cuenta de que la UE no es una unión social, no está al servicio de los ciudadanos, acaba no beneficiándoles. Por ello votan a corrientes euroescépticas o a partidos que quieren cambiar radicalmente la UE o, simplemente, no van a votar… Se encuentran ante esa Europa que antes se definía como “La Europa de los mercaderes” y que ahora también podríamos redefinir como “La Europa de los financieros”. Una UE que no les convence, que no les ayuda, en la que no se sienten a gusto.

Por ello creo que debemos decirle a los grandes partidos y, especialmente, a los dos principales grupos de la eurocámara (el popular y el socialista) que hay que darse cuenta de esta cuestión clave: Si la UE no es una unión social ¿Para qué nos sirve? Si nuestra unión no refuerza la sociedad europea y no se pone al servicio de todos y cada uno de los ciudadanos europeos favoreciendo unos mínimos para todos ellos ¿Para qué unirse? ¿Sólo para que sea la UE un buen entorno para hacer grandes negocios? Esta clase de Unión no convence a la ciudadanía, no resulta atractiva para aquellos que no son partícipes de los beneficios que genera, no es positiva para la sociedad y esta la respaldará cada vez menos.

 
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Publicado por en junio 16, 2014 en Estado Social

 

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¿Y ahora qué? Apuntes económicos sobre sanidad pública.

Artículo publicado en el periódico Las Provincias, domingo 2 de Febrero de 2014, página 34

y ahora que sanidad publica

Las últimas noticias nos dicen que la comunidad de Madrid ha desistido en su plan privatizador de algunos hospitales públicos madrileños. La dimisión del consejero de sanidad y el nombramiento de otro nuevo, son una prueba palpable de esta decisión y de la voluntad de tomar un rumbo diferente para solucionar algunos aparentes problemas de la sanidad pública madrileña. Además, el hecho de ser la primera Comunidad Autónoma que había tomado este camino, hacía que otras estuviesen esperando para ver sus resultados por lo que esta situación tiene unas repercusiones de alcance nacional.

Supongo que la situación de los responsables políticos de la comunidad de Madrid deberá ser, al menos, de perplejidad. Cuando has tomado un camino firme a pesar de una fuerte oposición popular y aquello que has defendido durante tiempo se desmonta y tienes que retirar tu posición, debes encontrarte desorientado, sin rumbo, sin saber exactamente cuál qué hacer entonces. Si esto es así, escribo este artículo para dar unas ideas sobre qué hacer, qué rumbo tomar, qué sendas transitar. Unas ideas abiertas al debate público pero que pueden ayudar al nuevo responsable de esta Comunidad y a los de otras que estaban expectantes con lo que pasaba en Madrid, para orientar su acción pública en el campo de la sanidad.

La primera idea que me gustaría recordar es por qué es importante un sistema de salud en una sociedad, o dicho de otra manera, que esperamos del sistema sanitario la práctica totalidad de los ciudadanos. Pues bien, aunque parezca obvio, consideramos buenos a nuestros hospitales, a nuestros centros de salud, a nuestro sistema sanitario si atienden bien a sus pacientes, si consiguen curar satisfactoriamente las enfermedades, si son capaces de preverlas… Por lo tanto, el principal objetivo de un sistema sanitario es dar servicio a los ciudadanos. Un sistema será bueno, si cumple bien este objetivo, si ayuda realmente a las personas enfermas. Si se quiere mejorar la sanidad hay perseguir este objetivo primordial y la bondad o no del modelo deberá ser medido por estos parámetros. Cuando olvidamos esto, estamos haciendo un flaco servicio a la ciudadanía y a la función esencial que tiene todo sistema sanitario. Sé que lo que digo debería ser obvio, pero en ocasiones no lo parece…

En segundo lugar, hay que tener en cuenta los límites económicos. Para lograr el objetivo principal se necesitan unos recursos y estos no son infinitos. No podemos pensar que existe un pozo sin fondo del que podemos sacar recursos sin fin. Esto lleva a que la prioridad sanitaria debe combinarse con un uso racional de los recursos. Evitar el despilfarro, aplicar aquellas estrategias que pueden lograr la excelencia sanitaria con un gasto menor, evitar aquellos gastos que no repercuten en una mejora sanitaria, son objetivos secundarios que hay que aplicar para garantizar que los primeros pueden seguir dándose. De este modo, el ahorro puede convertirse en una manera de lograr mejorar las condiciones sanitarias y el servicio en salud que se ofrece. En la medida que se gasta menos para lograr lo mismo, se liberan recursos que pueden centrarse en lo importante, la atención sanitaria de las personas…

Algunos afirman que esto último lo hacen mejor las empresas privadas. Suponiendo que esto fuese así (que no siempre tiene porque serlo) lo que debe hacer el gobierno de turno es aplicar esas medidas o esas maneras de gestionar la salud en sus propios centros públicos. Si la centralización de compras, la reducción del número de menús, el control del material se han demostrado eficaces para lograr ahorros sin que estos repercutan en un peor servicio sanitario ¿Por qué no aplicarlos a la gestión pública? En este sentido, existen estudios rigurosos que aportan evidencias empíricas de medidas eficaces que han logrado ahorros en la gestión sin necesidad de perjudicar a los pacientes, sino todo lo contrario, ya que el dinero liberado se puede utilizar para aquellas acciones que tienen unas consecuencias directas sobre ellos.

Además de estas medidas, hay que tener en cuenta que el mayor activo de la sanidad pública son sus trabajadores, médicos, enfermeros, auxiliares y cualquier otro personal que trabaje con ellos codo con codo. El gobierno que dirige la sanidad pública debe ser capaz de liderar este conjunto de personas para que logren los objetivos sanitarios de una manera eficaz y poniendo todo su ser en ello. El personal sanitario es un personal muy vocacional y entregado a su trabajo porque saben que de ellos dependen la salud y la vida de las personas y porque les toca afrontar día a día, realidades críticas y difíciles como son las que se derivan de la enfermedad propia o de los seres queridos… Por ello, facilitar la motivación de este personal (ya de por si motivado por su propia vocación) y potenciar todo lo bueno que hacen y saben hacer es una labor de liderazgo y dirección que deben potenciar los responsables de la sanidad pública.

Por último, para lograr el objetivo prioritario de la sanidad, hay que potenciar la participación de todos en las estrategias y en las acciones a llevar a cabo. Los equipos directivos deben trabajar conjuntamente con su personal y con los afectados para elaborar sus estrategias y actuaciones. Si se quieren adoptar estrategias que logren mejorar el servicio sanitario e intentar que esto se haga utilizando menos recursos para poder llegar a más (o al menos a lo mismo) quienes están trabajando en el día a día sanitario tienen también algo que decir y que aportar. Deben, por ello, articularse sistemas de consulta, de diálogo, de participación. Es necesario que todos se sientan importantes e involucrados en esa preciosa labor de sanar a los enfermos tan necesaria para una sociedad. En este sentido, creo que también es importante la existencia y utilización real de los comités éticos, ya que muchas de las cuestiones a abordar tienen un componente ético importante. Dar la debida relevancia a estos comités ayuda a la hora de tomar decisiones que tienen unas implicaciones humanas vitales…

 

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Empresas sociales para lograr un objetivo público

Artículo publicado en Noticias Obreras nº 1555, enero 2014, pág: 13-14

empresas sociales para objetivo publico 1empresas sociales para objetivo publico 2

El pasado mes analicé la polémica que existe entre la consecución de objetivos públicos a través de empresas privadas o de empresas públicas. No lo hice de una manera exhaustiva sino que me centré en tres puntos: a) La comparación entre un tipo de gestión y el otro y el fracaso de los gestores públicos que privatizan. b) El debate sobre si la prioridad del sector público debe ser lograr reducir sus costes o dar unos servicios adecuados y de calidad. c) La idea de si lo mejor para una sociedad es que el dinero esté en los bolsillos de quien lo gana, por lo que siempre es mejor rebajar los impuestos, o si, por el contrario, la utilización pública de nuestros fondos es una opción válida.

Evidentemente, el análisis quedo falto de un remate, en especial para reflexionar sobre si el ofrecimiento de servicios públicos a través de empresas privadas es una política positiva para la sociedad o no. En este debate, algunos consideran que la empresa privada es un mal a extirpar, que esta clase de organización tiene una manera de comportarse que trae problemas a la sociedad en su conjunto y por ello, el sector público no debería dejar en sus manos la gestión de ninguno de los bienes o servicios públicos que gestiona.

Esta idea se basa en la existencia de empresas que solamente resultan positivas para aquellos que han invertido su dinero en ellas, mientras que sus trabajadores son considerados únicamente como un coste de producción que debe ser minimizado a toda costa. Para ellas la calidad del servicio debe de ser la mínima para poder seguir vendiendo el producto y generando beneficios, pero no hay una preocupación finalista por el producto y su calidad, sino que estos son solamente un medio para lograr otro fin.

Sin embargo no todas las empresas son así, la empresa privada no tiene por qué ser siempre algo que vaya en contra del bien común o de la mejora de la sociedad. Las empresas como organizaciones cumplen tres funciones esenciales en la sociedad que son las de producir bienes y servicios útiles, permitir que las personas unamos nuestros esfuerzos para aportar este grano de arena a la mejora de nuestro entorno y ser un medio para que nos ganemos la vida de una manera digna y podamos desarrollarnos como seres humanos creciendo en madurez y sabiduría.

Aquí está el punto clave en el que se encuentra la frontera entre la clase de gestión que preferimos a la hora de producir y ofrecer un servicio o bien público. Si una gestión solo está concentrada en la consecución de un determinado rendimiento para sus accionistas y no tiene una preocupación esencial por la calidad del servicio o por las condiciones laborales de su plantilla, no es deseable independientemente de que sea privada o pública. Si una gestión reinvierte su beneficios para la mejora social, tiene una gran preocupación por la calidad y por el bienestar de sus trabajadores, cumple criterios éticos y mejora la sociedad en la que trabaja, entonces parece evidente que desde una visión del bien común y de mejora de los servicios para los ciudadanos, podemos optar por ella independientemente de que sea pública o privada.

Si nosotros tuviésemos garantías de que las empresas privadas cumplen estos últimos requisitos pensaríamos que no está mal que estas empresas ofrezcan bienes y servicios públicos, porque lo pueden hacer tan bien como el sector público o más. Es por ello que cuando una organización como Cáritas o una fundación sin ánimo de lucro y con elevada vocación social es pagada por la administración para gestionar un servicio o la producción de un bien público, la población lo considera positivo en general. La vocación por el bien común de la asociación es vista como una garantía de que se van a cumplir los objetivos públicos de la acción.

Ahora bien, esta percepción puede ser tramposa. Si el pliego de condiciones que pone la administración para ofrecer el servicio está centrado en la reducción de costes, o en el cumplimiento de criterios exclusivamente economicistas, puede ser que la empresa o asociación que lo ofrece se vea obligada a renunciar a su filosofía de actuación para lograr cumplir las condiciones que se le exigen. De este modo, a pesar de encontrarnos ante asociaciones que, desde un punto de vista teórico, buscan precisamente la consecución de objetivos sociales, en la práctica se ven imposibilitados de hacerlo en condiciones debido a las exigencias de un sector público que solo busca ahorrar costes.

Por ello creo que la clave está, ya no tanto en si se trata de una organización pública o privada, sino en las condiciones de contratación del sector público. Si sus criterios se basan en que los contratistas cumplan unas condiciones éticas irrenunciables y se controla bien que realmente lo hagan así como la calidad del servicio que se ofrece, la diferencia entre público y privado deja de ser clara e importante, ya que en ambos casos, el proceso de producción y ofrecimiento del bien o servicio público cumple con los necesarios requisitos sociales. Si esto no es así, ciertamente, la producción a través de empresas privadas puede actuar en detrimento de la calidad del servicio público y del entorno social (como también lo haría la gestión pública si se realiza con criterios mercantilistas).

Esto puede servir de guía también para las asociaciones y empresas que realizan esta clase de servicios. Las empresas y asociaciones con alta responsabilidad social deben exigir a las administraciones que los pliegos de condiciones para la contratación y el control posterior de las mismas exijan estos criterios éticos a los contratistas, que estos sean un requisito imprescindible para cualquier contratación. Si no es así, si para lograr la financiación pública la asociación deben renunciar a sus criterios propios o tienen que empeorar el servicios porque se ven obligadas a entrar en una dinámica en la que solamente vale la racionalidad mercantil, creo sinceramente que deben plantearse muy seriamente si siguen realizando esa labor para la administración.

 

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Objetivos públicos-Gestión privada: ¿Lo más barato?

Artículo Publicado en Noticias Obreras nº 1554, Diciembre 2013, páginas: 12-13Objetivos públicos, gestión privada 1Objetivos públicos, gestión privada 2

En estos últimos años estamos asistiendo a la continuidad de una tendencia que ya había comenzado mucho antes de la crisis. Se trata de la sustitución de lo público por lo privado. Campos de actuación en los que lo público tiene una responsabilidad fijada o bien por nuestra constitución o bien por alguna de nuestras leyes, pasan a ser gestionadas de una manera privada. Esta es una cuestión muy debatida y controvertida. No pretendo dar aquí una respuesta cerrada a esta polémica, sino entre este y el siguiente artículo, aportar algunas claves de reflexión que puedan iluminar este tema.

En un primer lugar cabría pensar que este traspaso a lo privado supone reconocer un fracaso rotundo de los gestores de lo público que administran el servicio a privatizar. Cuando escucho a algún político decir que quiere privatizar un servicio porque así va a ser gestionado mejor y de una manera más económica, pienso inmediatamente en por qué no aplica esos criterios de gestión él a su empresa o servicio público en lugar de dejar que lo hagan otros. Si es porque no puede o no sabe ¿Acaso no es esto reconocer su inoperancia? Desde mi punto de vista habría que cambiar a este responsable por otro que supiese hacerlo, porque si una empresa privada puede aplicar otros criterios mejores para la gestión ¿Por qué no va a hacerlo la pública? Claro que si estos se basan en pagar bajos salarios, o en realizar contratos en malas condiciones, la afirmación inicial de que la empresa privada lo hace mejor, se cae por su propio peso…

De hecho, si estamos hablando de una empresa privada con ánimo de lucro, sus accionistas querrán sacar un determinado rendimiento, lo que hará que la administración tenga que pagar más de lo que le cuesta a la empresa producir el bien (la diferencia son los beneficios a los inversores) ¿No sería mejor contratar a estos gestores y que ese ahorro sirviese para más servicios en lugar de para remunerar a los accionistas de esta empresa?

El análisis anterior está soslayando una de las suposiciones que hay detrás de este posicionamiento y que es clave para dimensionar el debate. Nos referimos a lo que piensan quienes defienden la privatización. Es decir, que lo importante es que un servicio se ofrezca lo más barato posible y le salga al sector público lo más económico que pueda, ya que donde mejor está el dinero es en el bolsillo del contribuyente y no en las arcas públicas. Esto supone que cualquier ahorro que se pueda conseguir, va a ser bueno para la ciudadanía en general.

Vamos a revisar esta idea. Lo primero que deberíamos preguntarnos es si el interés público está en dar un servicio adecuado y de calidad para cumplir la función asignada a este o si, por el contrario, lo único que queremos es que sea barato. Si lo que pretendemos es lo primero, lograrlo puede ser incompatible con que sea muy barato. Es más, lo más económico sale, con mucha frecuencia, caro a la larga. Por ello, lo primero que nos debemos plantear es cual es el objetivo público ¿Un buen servicio o un servicio barato? Evidentemente, una vez alcanzada la calidad necesaria, la excelencia que el bien o servicio requiere, es bueno hacer esfuerzos para que esto se consiga con el menor coste posible y sin derroches o dispendios innecesarios. Pero este es un objetivo secundario, no el primario.

Si se piensa así, solamente deberían permitirse aquellos sistemas de ahorro que no deteriorasen el objetivo principal de ofrecer un servicio adecuado y de calidad. En este sentido, no es lo mismo ahorrar aplicando modelos de gestión que incrementen la productividad de los trabajadores y de la organización, motivando a los trabajadores para que realicen mejor y más a gusto sus labores, que conseguirlo a través de pagar peor a los empleados o utilizar bienes y servicios de peor calidad.

Esto nos lleva directamente a analizar la segunda cuestión, es decir, si el dinero está mejor en el bolsillo de los contribuyentes que en las arcas públicas o no. Quienes defienden lo primero argumentan que quien gana el dinero debe tener la libertad de gastarlo en aquello que desee y que ese es el mejor destino que se le puede dar a sus ingresos. Aunque esta idea puede ser correcta en esencia, sabemos que no todos los usos del dinero son buenos para la vida en sociedad o para la mejora de los demás. Los comportamientos avariciosos, de búsqueda de la acumulación, en los que se sacraliza el afán de tener más, no tienen por qué ser positivos para el conjunto. De hecho, la mayoría de las veces, si no se limitan, destrozan el mercado y las condiciones de vida de aquellos que están en peores condiciones.

Además, para poder ganar dinero, necesitamos una sociedad que funcione correctamente, que tenga una organización adecuada de la que nos beneficiemos todos, que los más desfavorecidos puedan tener unos niveles de vida dignos para que puedan colaborar en la mejora común… Todo ello no se consigue a través de las acciones individuales y aisladas de cada uno, sino a través de las acciones comunes y de la cooperación entre los miembros de una sociedad. Por ello, no es verdad que el dinero siempre esté mejor en las manos de quien lo gana o en manos individuales, con frecuencia los fondos que se ponen en común, que buscan conseguir estos objetivos societarios, tienen un uso tan positivo o más, que aquellos que utilizamos solo para nosotros.

De este modo, no podemos centrar la actuación pública en ahorrar para que tengamos más dinero en nuestros bolsillos, sino que hay que centrarse en que los servicios que ofrecemos entre todos y que aquello que gestionamos de una manera pública, tenga los mejores resultados posibles, consiga sus objetivos. Ello, de la manera más barata posible, claro está, pero este debe ser un objetivo secundario una vez alcanzado lo primero. Es evidente que esto tiene una relación muy directa en el debate entre lo privado (teóricamente más barato) y lo público (teóricamente más caro) que acabaré de perfilar en el próximo artículo.

 

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Nuevos modelos de economía

Dos periódicos turolenses se hicieron eco de mi conferencia el pasado jueves 26 de Septiembre. Aquí tenéis la crónica de ambos, aunque uno de ellos me definió como “catedrático” cosa que no soy…

Diario de Teruel del 27 de Septiembre de 2013 en su página 13

diario de teruel sobre conferencia

ECO DE TERUEL. Periódico digital de Teruel

Brillante charla del catedratico Enrique Lluch, dentro del Aniversario de Caritas en Teruel

Domingo, 29 septiembre , 2013 | Por | Categoria: Actualidad Local

En la imagen , un momento de la charla del viernes

En la imagen , un momento de la charla del viernes

El pasado viernes el catedrático D. Enrique Lluch Frechina, director de la Cátedra de Solidaridad de la Diversidad Cardenal Herrera CEU de Valencia dio una charla sobre os nuevos modelos económicos, dentro de los actos de celebración del aniversario de caritas diocesana en Teruel. La charla fue brillante y seguida atentamente por los asistentes.
Se habló de los nuevos modelos económicos como por ejemplo la economía de comunión, la economía del bien común, etc
Sobre todo se hizo hincapié en la necesidad de un cambio de mentalidad en empresas, intermediarios financieros, estados y en las economías domésticas.
Finalmente el profesor Lluch hablo de cuestiones económicas concretas , de los objetivos que deberían tener estos nuevos modelos económicos
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Un acercamiento a nuevos modelos económicos
Enrique Lluch ofrece una conferencia sobre propuestas alternativas
P. Fuertes
Teruel
Otros modelos económicos son posibles en la sociedad actual y así lo dio a conocer Enrique Lluch, doctor en  Ciencias Económicas y director de la Cátedra de Solidaridad de la Universidad Cardenal Herrera de Valencia,  en una conferencia que ofreció en el salón de actos de la CAI en Teruel con motivo del 50 aniversario de  presencia de Cáritas en la Diócesis turolense. Lluch presentó los motivos por los que existen modelos de
economía alternativos, qué pueden hacer los ciudadanos para cambiar e intentar organizarse mejor y qué propuestas existen en la actualidad.
Entre estas alternativas se encuentran la economía de comunión, la economía del bien común, la del decrecimiento, la economía altruista, la eco-economía, la democracia económica y la economía del buen vivir.
Lluch planteó que enfrentar el mercado contra la planificación es un “falso dilema” porque hay que aceptar el mercado como un instrumento válido pero plantearse que hay que cambiar sus objetivos. Así, los nuevos modelos económicos propugnan cambiar las metas del mercado, según puso de manifiesto este experto. Para
ello, “hay que orientar el mercado hacia otra dirección”.
Para hacerlo hay que plantearse diferentes objetivos, siguiendo la línea de estas nuevas teorías que recoge Lluch, como modificar las prioridades delmercado. Este economista propuso que ante la prioridad del beneficio,
hay que sobreponer la prioridad de la persona y el bien común; ante la de la economía financiera la de la economía real y ante la de los triunfadores la de los últimos. También planteó que hay que cambiar las reglas del juego para que beneficien a aquellos que colaboren más con el bien común y penalice comportamientos perjudiciales.
Para ello, se precisa “un cambio de mentalidad y estructuras”, destacó Lluch que pasa por cambiar
la mentalidad economista, que ha generalizado el comportamientos egoísta y lo ha justificado a ámbitos no económicos; las economías domésticas que tienen que afrontar su día a día con claves diferentes, y las  empresas, que deben insistir en su importante labor social. El cambio dementalidad tiene que llegar también a los intermediarios financieros, “que deben estar al servicio de la economía real y no al contrario”, explicó Lluch.

Para allanar el camino hacia estructuras económicas diferentes propuso un cambio de legislación de los mercados, que facilite la competencia y luche de forma efectiva contra los oligopolios y que facilite la  transparencia para la labor social de las empresas y de los intermediarios financieros.
También, sería necesario una política de contratación pública que utilice parámetros distintos al precio y que potencia a las empresas que colaboran en la construcción social. En cuanto al sector público, debería defender a los más desfavorecidos y defender el estado social y potenciar el bien común con una estructura impositiva que sea equitativa y redistributiva.
La estructura financiera también tiene que ser modificada, según Lluch, para favorecer un cambio en la política monetaria, una reducción del tamaño de las entidades financieras, la supresión de los paraísos fiscales y la regulación de los instrumentos financieros.  Todos estos cambios, concluyó este autor de varios libros sobre economía alternativa, se deben ejecutar a nivel internacional para que sea efectivos.

 

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El principio contributivo y la renta básica

Artículo publicado en Noticias Obreras, nº 1551 Septiembre 2013, pág: 12-13

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El Estado del Bienestar en la práctica totalidad de los países en los que este se ha desarrollado sigue lo que se denomina el principio contributivo. Esto quiere decir que para lograr gran parte de las prestaciones que este te ofrece, debes haber contribuido antes al mantenimiento del mismo. De este modo, tienes derecho a la pensión de jubilación si has estado cotizando durante un determinado periodo de tiempo, vas a obtener la prestación del desempleo si también has pagado tu seguridad social a lo largo de un plazo prefijado. De hecho, no solo tienes derecho a una determinada cantidad cuando has contribuido previamente, sino que además, la cuantía que vas a percibir depende del dinero que has aportado a la Seguridad Social. Si has ganado un sueldo elevado y tu contribución ha sido alta, recibirás una pensión o un subsidio de desempleo superior a aquella que recibirías si tu salario y tu contribución hubiesen sido bajas.

Este sistema es generalmente aceptado por la mayoría de la población y de los partidos políticos a pesar de que, como voy a describir en las líneas posteriores, se le pueden hacer objeciones desde el punto de vista de la justicia, desde una visión redistributiva y desde la idea cristiana de la economía de la gratuidad y la opción preferencial por los pobres. Ante un sistema que naufraga desde el punto de vista económico (como nos recuerdan todos los meses desde los medios de comunicación y desde el Estado) y ético (como voy a intentar demostrar), pueden existir alternativas que mejoren sus resultados en ambos campos, pero esto precisa un cambio de mentalidad en la sociedad.

En primer lugar nos podemos preguntar si establecer un sistema así puede considerarse como justo. Se puede pensar que, en la medida que cada uno recibe según lo que ha aportado, se trata de un sistema justo desde el punto de vista conmutativo o contributivo. Sin embargo esto no siempre sucede así. Alguien puede estar haciendo grandes contribuciones durante un periodo de tiempo y finalmente recibir una pensión reducida porque los últimos años ha cotizado poco. O alguien puede cotizar bastante pero durante un número de años suficiente, por lo que, aunque la cotización haya sido la máxima, luego no recibe pensión alguna… En estos casos, la justicia conmutativa no se da.

En este sentido podríamos plantearnos también si una cotización superior corresponde realmente a un mayor esfuerzo y por tanto a una mayor recompensa ¿El salario y nuestra situación de empleo o desempleo depende solo de nosotros o hay situaciones externas que también determinan nuestra cotización y el número de años en que lo hacemos?

En segundo lugar, desde el punto de vista redistributivo, el sistema actual no parece que lo sea en demasía… Aquellos que contribuyen más, reciben más y viceversa. Es más, en una situación como la actual, trabajadores precarios que no tienen la certeza de una pensión futura, están financiando altas pensiones de las personas mayores que trabajaron largos años y generaron derecho a percibirlas. Del mismo modo, el hecho de que las cotizaciones dejen de aumentar cuando se llega a una determinada renta, hace que el sistema se comporte como regresivo siendo las rentas más altas las que menor porcentaje pagan en concepto de contribuciones a la Seguridad Social. Parece, pues, que el principio de justicia redistributiva ni es cumplido ni potenciado por este sistema.

La Doctrina Social de la Iglesia considera que el Estado debe perseguir como fin prioritario el Bien Común. Este busca la promoción y el perfeccionamiento de todas y cada una de las personas que hay en una sociedad. Por ello, piensa que debemos tener una opción preferencial por los más pobres y los más desfavorecidos ya que estos son quienes tienen más difícil alcanzarlo. Sin embargo, el sistema contributivo no parece promover a los que peor están. Más bien al contrario, premia a aquellos que han tenido la suerte, habilidad o esfuerzo para ganar más. Esto va en contra de lo que esperaríamos de una gestión pública que realmente busca el bien común o de lo que Benedicto XVI denomina la economía del don, es decir, dar sin pedir condiciones previas.

De hecho, una de las grandes ventajas de un sistema económico de mercado es que en él, aquel que realiza una gestión económica más eficiente se ve recompensado con más beneficios e ingresos (al menos en teoría). Por lo tanto, si el mercado ya cumple bien esta misión ¿Por qué tiene el Estado que reforzarla? ¿Es la función del Estado recompensar a aquel que ha ganado mucho a lo largo de su vida si el mercado ya puede hacerlo razonablemente bien? Hay que resaltar que, desde las enseñanzas sociales de la Iglesia, el Estado debería compensar o ayudar a aquellos que no tienen las condiciones adecuadas para lograr estos beneficios, para así garantizar la igualdad en dignidad de todas las personas y lograr el bien común.

Aquí es donde entra el concepto de renta básica. Esta supone un pago igual para todos los miembros de una sociedad que se paga, no por haber contribuido o por haber hecho las cosas bien previamente, sino por el simple hecho de ser personas. Se trata, por lo tanto, de una renta no condicionada a requisitos previos que es recibida por todos en igual cuantía con independencia de su condición económica, social, cultural, etc. No es este el lugar para dar más explicaciones acerca de ella, ni de sus ventajas e inconvenientes, pero me gustaría comentar que un sistema así superaría los problemas éticos nombrados con anterioridad (falta de justicia, poca redistribución y el no priorizar a los más desfavorecidos).

El escollo más importante que creo que tiene en estos momentos la renta básica, es más ético y de convicción que económico. Existe un fuerte convencimiento de que el Estado debe seguir una dinámica similar a la del mercado. Plantear un sistema de bienestar con bases no contributivas, en el que las personas reciban lo mismo sin condiciones previas y dejar que sea el mercado el que regule las recompensas a aquellos que tengan más, tiene un fuerte rechazo entre amplias capas de la población. Se necesita un gran esfuerzo educativo para cambiar la inercia del sector público en este sentido y plantear una verdadera modificación de nuestro Estado de Bienestar para que este deje a un lado sus aspectos contributivos y pase a basarse en principios no contributivos.

 

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Repensar el sector público

Atículo publicado en el número 1546 de Abril de 2013 de la revista Noticias Obreras en sus páginas 12 y 13

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A pesar de que algunos piensan que las funciones y el funcionamiento del Estado era el que debía ser hasta que comenzó la crisis, creo sinceramente que esto no es el camino a seguir. Ello no significa que defienda la idea contraria, que hay que replantear totalmente un Estado que todo lo hacía mal, sino que hay que hacer una reflexión seria y reposada sobre lo que se ha hecho bien y mal e intentar que la importante función del Estado en la economía siga pudiéndose desarrollar de una manera sostenible.

Para ello pienso que lo primero sería cambiar el objetivo económico de nuestras sociedades. El incremento del PIB como único indicador de la bondad en la gestión económica, refleja una idea de desarrollo como equivalente a tener más que está en el origen de gran parte de la deshumanización de nuestro sistema económico. Para poder producir más, necesitamos demandantes que compren todo lo que se produce, y para que esto crezca sin parar, hay que potenciar que se tiren las cosas antes de que acabe su vida útil y que las personas no se conformen nunca con lo que tienen. Esto conlleva problemas medioambientales y personales en la medida que estimula la inmadurez y la insatisfacción en las personas reduciendo sus posibilidades de realización personal.

Por ello el objetivo económico debe cambiarse y enfocarse hacia lo que se podría denominar desarrollo humano o desarrollo al servicio de las personas. Para ello es necesario crear indicadores que no solamente tengan en cuenta la cantidad de producción, sino otros aspectos relacionados con el económico como: Las desigualdades y una especial mirada a la evolución de los más desfavorecidos, la libertad para actuar en conciencia, los avances en la salud de las personas, la sostenibilidad del progreso y sus implicaciones ecológicas, la inseguridad existente ya no solo desde el aspecto de la posible delincuencia sino también social y de futuro (ciclos económicos y cambios bruscos en las condiciones sociales), y los avances en cuanto a la educación para incrementar las capacidades de las personas.

En segundo lugar, creo que el Estado debe poner el mercado al servicio de las personas. Esto parece difícil de realizar o un grupo de palabras sin contenido real. Algunos creen que su concreción va en contra del propio mercado, pero esto no tiene por qué ser así. Para lograrlo, debemos poner límites a la actuación en el mercado que tengan como objetivo que este instrumento se utilice para promocionar a las personas (y especialmente a los más desfavorecidos) y no al contrario. Para promover la libertad de mercado y que este esté persiga un verdadero desarrollo que vaya más allá del crecimiento económico, debemos poner reglas de juego que favorezcan estos objetivos y no otros. Reglas no limitan la libertad, sino que la permiten dentro de un marco de actuación. Si olvidamos esto, caemos en la tentación de eliminar los límites en los que se tiene que mover el mercado y llegar a una situación de anarquía en la que solamente ganen aquellos que son más fuertes, o puede suceder que se impongan unas normas que solamente estén al servicio de quienes tienen más posibilidades de ganar en el juego del mercado.

Una de las actuaciones que podrían enfocar el mercado en esta dirección sería cambiar las condiciones de contratación que el Estado pide a sus proveedores. Para ello debería tener en cuenta, en primer lugar, las condiciones sociales de las empresas con las que contrata. Solamente cuando cumplan unos requisitos determinados, habría que pasar al segundo criterio que sería el precio. Estos requisitos requeridos para la contratación pública, podrían convertirse luego en requisitos legales preferentes para la exención de impuestos, concesión de créditos preferentes, etc. potenciando que la competencia del mercado se basase, no tanto en los precios como en cumplir unos determinados requisitos sociales.

En tercer lugar, el Estado Social debería ser uno de los objetivos prioritarios de las administraciones públicas. Esto quiere decir que la función de mejora de los resultados del mercado que realiza el Estado, debería tenerse como una prioridad absoluta. De hecho, sin Estado Social, la economía de mercado está destinada a desaparecer. Ahora bien, para lograrlo no hay que dejar las cosas tal y como están. Al contrario, hay que cambiar, hay que mejorar, hay que modificar aquello que se puede mejorar, pero siempre con el objetivo de que el Estado Social siga cumpliendo correctamente sus funciones de complemento del mercado protegiendo, sobre todo, a los más desfavorecidos por este.

Un de los puntos clave es que este Estado no funcione con un déficit permanente. Esto no es sostenible a largo plazo, hace que se redistribuya el dinero hacia los más adinerados (los ingresos de hoy son intereses del mañana que se pagan los que tenían bastante para prestarme), pero además pone al Estado al servicio de sus prestamistas (si no haces lo que te digo no te presto y suben tus intereses con lo que te sale más caro pedir prestado). Si el Estado no solo no tiene déficit sino que puede ahorrar, es él quien presta y puede exigir a los prestatarios que realicen con su dinero actuaciones que estén al servicio del bien común.

Otro es abandonar un Estado excesivamente asistencialista. El Estado Social no puede ni debe solucionarlo todo. Con mucha frecuencia, los ciudadanos o sus asociaciones pueden hacerlo mucho mejor que el Estado, por lo que este debe apoyar las iniciativas privadas que vayan en este sentido e intentar potenciarlas. Si una cosa se puede hacer bien a través de iniciativas privadas y se cumplen así objetivos públicos ¿Por qué tenemos que recortar la participación ciudadana? Las personas deben sentirse apoyadas por un sector público que priorice el bien común y la responsabilidad que tenemos todos para alcanzarlo.

Esto quiere decir que con frecuencia hay que replantearse si el sistema que estamos llevando para lograr los objetivos públicos es el mejor, no para dejar de cumplir con estos fines, sino para hacerlo de una manera más efectiva haciendo las cosas de una manera diferente. Hay que tener una mentalidad abierta para buscar aquellos sistemas que consigan un mejor Estado Social en el que no se recorte la responsabilidad y la participación ciudadana.

 

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La función económica del sector público

Artículo publicado en la revista Noticias Obreras, nº 1.545 de Marzo de 2013. pág:12 y 13

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El sector público está en cuestión. Las medidas que se están tomando para paliar los problemas derivados de la profunda crisis que vivimos, parecen cuestionar sus fundamentos y algunos creen que se trata de un programa premeditado para cambiar sus funciones y debilitarlo.

Por ello creo que es un buen momento para repasar cual es la función económica del sector público en una economía de mercado como la nuestra, que se basa en la libre concurrencia de empresas que quieren vender cosas y particulares e instituciones que quieren comprarlas. Este es el sistema por el que hemos optado para la organización económica de nuestra sociedad y en el que el Estado tiene importantes labores que es necesario llevar adelante para que todo funcione.

Es por ello que lo primero que tenemos que recordar es que el Estado es quien permite, a través de su actuación, que sea el mercado quien articule las relaciones económicas que se dan en nuestra sociedad. Para lograr este propósito, el Estado tiene que llevar adelante dos clases de funciones económicas.

La primera se refiere a establecer el marco en el que el mercado pueda funcionar, es decir, construir una estructura societaria que permita que el mercado sea el medio a través del cual solventemos nuestras cuestiones económicas. Para ello, las medidas que tiene que tomar el Estado son varias. Por un lado permitir la propiedad privada de los medios de producción, es decir, de los recursos naturales, del trabajo o del capital. Por otro establece un sistema legislativo que defiende la libertad de mercado, es decir, la capacidad individual y colectiva para decidir qué se quiere comprar o qué se quiere producir y qué no. Junto a esta, hay que establecer una legislación que proteja los derechos de los compradores y de los vendedores, para que las obligaciones que generan los intercambios del mercado estén claras para ambas partes. Para apoyar esto último, se precisa que el estado tenga la fuerza suficiente para hacer cumplir la ley, de manera que tenga medios para exigir a los infractores que cumplan con sus obligaciones o que indemnicen a los damnificados por su incumplimiento. Por último, el Estado debe garantizar una estabilidad social que permita que la economía funcione sin excesivos problemas.

Este primer grupo de medidas no es suficiente para garantizar el funcionamiento de una economía de mercado, si nos limitásemos a él, la economía de mercado y el sistema económico que conocemos en la actualidad estaría condenado al fracaso. Esto es debido a que el mercado por si mismo soluciona mal algunas cuestiones y fracasa en su empeño de ser un mecanismo que pueda solventar todas las relaciones económicas de una sociedad de una manera correcta y sostenible. Los problemas que genera se denominan “Fallos del mercado” y el estado interviene en la economía intentando paliar estos fallos como la única manera de hacer sostenible un sistema económico basado en el mercado.

Por ello, ante unos mercados que no ofrecen por si mismos lo que se denominan “bienes públicos” (la iluminación de las calles, su asfaltado, las carreteras, la defensa nacional, la policía…) o que sobre-explotan los bienes comunales (la pesca, la caza, los bosques…) el estado interviene ofreciendo los primeros (y pagándolos con la recaudación de impuestos) y regulando el acceso a los segundos.

Ante una actividad económica que produce perjuicios a personas que no son ni los compradores ni los vendedores (denominados “externalidades negativas” y cuyo principal ejemplo son los daños medioambientales) el Estado interviene regulando o prohibiendo estos efectos indeseados de la actividad económica.

Ante unas desigualdades que el mercado incrementa debido a que facilita medios para que los que están mejor puedan ganar más, al mismo tiempo que perjudica a quienes estar peor condenándoles a que su pobreza se acreciente cada vez más, el Estado crea mecanismos de distribución para transferir rentas desde los que mejor están a los que peor están y defender a estos últimos para reducir las desigualdades y lograr que el mecanismo de mercado también sea beneficioso para ellos.

Ante una competencia que se deteriora debido a que las empresas más poderosas consiguen medios para acabar con sus competidores y trabajar en condiciones privilegiadas, el Estado interviene defendiendo la competencia y evitando prácticas que tengan como único objetivo acabar con las empresas competidoras o aprovecharse de la posición de privilegio que se tiene para imponer mayores precios o peores condiciones a los consumidores.

Ante un sistema de mercado inestable en el que a épocas de bonanza en las que se da un alto crecimiento económico y la riqueza parece florecer por doquier, le suceden periodos de crisis en los que sucede todo lo contrario, el Estado interviene articulando políticas monetarias y fiscales que intentan reducir la amplitud y la profundidad de estos ciclos.

Si observamos estos dos grandes grupos de medidas (la estructura del mercado y la intervención para paliar sus fallos) podremos ver como existe un acuerdo casi total en el primero. La gran mayoría de quienes piensan que el mercado es un buen instrumento, opinan que el Estado tiene que realizar esta labor. Sin embargo, algunos parecen olvidar que el segundo grupo de medidas ha surgido precisamente para defender el sistema de mercado y no para hundirlo. Los momentos en los que el mercado ha dado más prosperidad a las poblaciones que lo han tomado como sistema económico, han sido aquellos en los que el Estado ha intervenido de una manera sistemática y decidida para poder paliar sus fallos.

Si se olvida esta premisa (como parece que le sucede a algunos) no solo van a volver a aparecer o a incrementarse aquellos problemas que el mercado genera por si mismo, sino que también va a comprometerse la misma continuidad del sistema económico de mercado. Necesitamos pues, políticos que tengan claras estas funciones económicas del Estado y se comprometan a buscar las mejoras necesarias para que se sigan cumpliendo de manera eficaz. Esto quiere decir que lo importante no es que se siga haciendo lo mismo que se hacía hasta ahora, sino que se sigan cumpliendo las funciones aunque sea haciendo cosas distintas. En el próximo número incidiré en cuáles son, desde mi punto de vista, los caminos que debemos tomar para garantizar esto.

 

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Ayuda alimentaria y alimentación de calidad

Artículo publicado en suplemento El Mercantil Valenciano EMV del periódico Levante EMV el domingo 24 de Marzo de 2013 en su página 16

Ayuda Alimentaria y de Calidad

La virulencia y la duración de la crisis que estamos viviendo, está llevando a que la ayuda alimentaria esté tomando una importancia vital en nuestro país y en otras naciones europeas que están pasando por situaciones similares a la nuestra. Una cantidad cada vez mayor de personas ven sus ingresos tan mermados que comienzan a necesitar ayuda para lograr una alimentación básica que les permita sobrevivir. Esto hace que ONGs que hasta ahora dedicaban gran parte de sus esfuerzos a la promoción de las personas más desfavorecidas (a enseñar a pescar siguiendo el famoso proverbio confuciano) ahora hayan pasado a utilizar sus recursos para ofrecer ayuda alimentaria (dar el pez en lugar de la caña)

Esta circunstancia plantea varios interrogantes o dilemas que voy a intentar describir en este breve artículo. El primero tiene que ver con la naturaleza de la necesidad. Muchas de las personas que necesitan fondos para comer tienen ingresos mensuales aunque sean bajos. El problema no es la falta absoluta de ingresos, sino que tienen unos gastos que deben asumir antes que el alimentario: la hipoteca, la luz, el seguro del coche, el agua y el gas, el teléfono, etc. Es decir, no es que no tengan ningún ingreso, es que para poder vivir con algo de dignidad en el entorno en el que se encuentran, hay una serie de gastos fijos de los que no pueden prescindir (porque se quedarían sin casa, sin luz, sin comunicación, sin posibilidades de encontrar trabajo…). Por ello, la primera cuestión que se nos plantea es ¿Hay que ofrecer ayuda alimentaria o lo que habría que hacer es dispensar de otros gastos mientras la situación de pobreza se mantuviese? ¿Cabría articular otros sistemas que garantizasen un mínimo suficiente para poder cubrir todos los gastos necesarios para una vida digna?

En segundo lugar hay que analizar la manera en la que se distribuye la ayuda. Si cualquiera de nosotros se encontrase en la situación de necesitar recibir ayuda alimentaria, no querríamos que nuestros amigos y compañeros percibiesen esta situación, por lo que nos disgustarían aquellos sistemas de reparto en los que todo el mundo viese que nosotros nos vemos obligados a recibir esta clase de ayuda. La publicidad que tendría que hacer de mi situación menesterosa, podría impulsarme a rechazar una ayuda que necesito para poder mantener la dignidad en el entorno en el que habitualmente me muevo.

Distribuir la ayuda de una manera digna para el necesitado puede hacerse de muchas maneras, pero hay una experiencia en Italia que me parece particularmente interesante. Una cadena de supermercados que tiene tarjeta de fidelización, ha realizado convenios con ONGs de manera que un porcentaje de la compra con esta tarjeta va a ayuda alimentaria. Sus receptores la reciben en forma de recargas en la tarjeta de la cadena, de manera que van a comprar al supermercado y se llevan los productos necesarios sin que nadie pueda distinguir entre quienes ayudan comprando con esta tarjeta y quienes están recibiendo la ayuda.

En tercer lugar está el tema de la calidad de los alimentos. El sistema de distribución de la ayuda alimentaria exige, con frecuencia, que se trate de alimentos no perecederos. De hecho, es habitual que cadenas de alimentación o empresas productoras donen alimentos cercanos a la fecha de caducidad que acaban en manos de los receptores de esta ayuda. Ello lleva a que, por un lado, las condiciones de los productos puedan no ser los adecuados (la fecha de caducidad está por algo) y, por otro, a que la dieta que siguen aquellos que comen de esta clase de ayuda no sea equilibrada al quedar excluidos de ellos determinados alimentos (especialmente los frescos). Articular sistemas para que la ayuda alimentaria cumpla unos parámetros nutricionales correctos o para que se puedan incluir productos frescos y otros necesarios para llevar una dieta equilibrada parece conveniente.

Esto se podría hacer siguiendo las indicaciones de especialistas en nutrición y articulando sistemas que permitiesen mejorar el acceso a los productos frescos por parte de la población más desfavorecida. En algunos países esto se hace a través de descuentos en estos productos que se dan en los momentos en que menos personas entran en el supermercado. Los niveles de precios son variables y todo el mundo sabe que puede encontrar esta clase de alimentos más baratos a determinadas horas del día.

Por último, creo que hay que añadir el dilema que presenta un sistema económico que produce más de lo que se consume. Esta sobre-producción se tira, con mucha frecuencia. Los productos no vendidos y caducados, acaban en la basura ya que no se pueden reutilizar. Cuando en lugar de esto se donan a ONGs encargadas de reparto de comida, las estructuras de redistribución paralelas organizadas por estas consumen muchos recursos para duplicar algo que ya hacen correctamente los supermercados y las tiendas, es decir, llevar los alimentos desde los productores a todos los rincones del país (aunque en este caso, los destinatarios sean solamente los que peor están). Por último, hay que recordar el problema casi endémico de la gran diferencia entre los precios de venta al público de los alimentos y el que reciben sus productores. La distribución, la puesta en el estante del supermercado y el sobre-coste que supone el producto no vendido, se lleva la práctica totalidad del precio del bien. Ello lleva a que exista una horquilla que permitiría rebajar los precios si los sistemas de distribución fuesen más directos del productor al comprador. Apostar por sistemas que pudiesen distribuir directamente del productor al consumidor podría, no solo mejorar la remuneración de agricultores y ganaderos, sino al mismo tiempo facilitar el acceso a estos productos para la población de menor capacidad adquisitiva. La cercanía del productor al consumidor y la bajada de precios podría también evitar la gran cantidad de alimentos que acaban deteriorándose por no haber sido vendidos a tiempo.

 

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¿Tener más es progresar?

Artículo aparecido en la Revista ICONO de Marzo de 2013, en sus páginas 12 y 13

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Progresar es avanzar hacia algún lugar

Los humanos tenemos una tendencia innata a querer progresar, a mejorar, a desarrollarnos, a estar mejor. La evolución forma parte de nuestra manera de ser y también de la manera de ser en cristiano. Sabemos que nunca alcanzamos la perfección, ni a nivel personal ni a nivel comunitario. Por eso siempre queda algo por hacer, siempre podemos avanzar algo más, siempre podemos mantenernos en camino. Aquellas personas que se estancan, aquellas sociedades que no se mueven, quienes viven en el pasado y no aceptan las mejoras, son mirados con recelo por el conjunto ¿Cómo estar en contra de las mejoras? ¿Cómo se puede entender que alguien no quiera avanzar?

Esta tendencia tan arraigada en nuestro ser, sin embargo, tiene sus peligros. Estos se encuentran, no en querer avanzar (que de por si es positivo) sino en la dirección que tomamos para hacerlo o, dicho de otra manera, en el objetivo que nos planteamos y que determina nuestra idea de progreso. Aquí está el elemento crucial de esta cuestión ¿Hacia donde nos dirigimos? ¿Cómo medimos el desarrollo o el progreso de las sociedades?

Progreso si tengo más

En estos momentos la idea más arraigada del progreso tiene que ver con tener más bienes y gozar de más servicios. Si preguntamos en cualquier población cómo se ha constatado allí el progreso en los últimos años, sus ciudadanos seguramente contestarán: “tenemos un polideportivo (que antes no teníamos), las carreteras son mejores, el centro de salud es nuevo, tenemos más iluminación en las calles…”

Del mismo modo, si preguntamos sobre como se nota el progreso en sus vidas familiares o individuales, seguramente una gran parte de los encuestados contestarían que ahora tienen coche que antes no tenían, que su casa es más grande, que tienen un ordenador o un teléfono móvil… En esencia, que antes se vivía peor porque teníamos menos cosas pero que ahora se ha progresado gracias a que disfrutamos de muchas más posesiones.

La idea de que tener más es progresar ha arraigado profundamente en nuestra manera de entender las cosas. Cualquiera que ofrezca un progreso que no venga acompañado de nuevas cosas o servicios, de la posibilidad de tener más cosas, parece que nos engaña, que está pensando en otras cosas.

Tener más necesidades

A esta idea de progreso viene ligada la de que se progresa en la medida que se tienen más necesidades. Ya en el siglo XVII, algunos autores ingleses tenían la idea de que cuanto más evolucionaba la civilización se incrementaban las necesidades de las personas refinadas. Por ello, cuando alguien viene de un país más pobre, con frecuencia se le puede escuchar: “Se nota que no están tan evolucionados como nosotros, yo no podría vivir en esas condiciones…” o cuando vemos a una persona mayor que se niega a incorporar en su casa un avance tecnológico (una encimera nueva, una nueva nevera, un sistema de calefacción más moderno…) pensamos que se ha quedado en el pasado, que no ha evolucionado, que se nota que es mayor y no progresa…

De este modo, los que más hemos progresado somos aquellos que necesitamos más cosas para vivir, que ya no nos conformamos con poco, que somos exigentes y pedimos más y más… La conversión de apetencias en necesidades viene paralela al proceso de pensar que tener más es progresar ¿Cómo vamos a ser el único pueblo que no tiene polideportivo? ¿Cómo vamos a vivir sin ordenador o sin ipad? Todo pasa a ser una necesidad.

El verdadero progreso

Esta idea de progreso tiene dos consecuencias que quiero remarcar aquí. La primera es que es profundamente insatisfactoria. El hecho de que todo pase a ser necesidad y de que para progresar tenga que tener cada vez más, nos lleva a una insatisfacción vital continuada: nunca estoy a gusto con lo que tengo, siempre necesito algo más y debo utilizar mis energías para conseguirlo.

En segundo lugar es una idea de progreso que está en el límite opuesto de lo que es la sabiduría cristiana (y también la de otras corrientes religiosas o filosóficas). En estas, la sabiduría y el progreso se logra, precisamente, cuando se alcanza la meta contraria, es decir, la de necesitar cada vez menos cosas. El progreso personal, pero también el comunitario, se alcanza cuando somos capaces de vivir con menos, de no estar preocupados por el qué comer o el qué beber, sino por las cosas importantes de la vida que tienen que ver con las personas y no con los objetos o las posesiones. Por ello debemos aprender a cambiar nuestra concepción de progreso y a ver que este se da, no cuando se tienen más cosas, sino cuando somos mejores personas y nos encontramos ante una sociedad más justa y más fraterna.

 

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Construir el bien de la paz mediante un nuevo modelo de desarrollo y de economía

Artículo publicado en el periódico Las Provincias el sábado 26 de Enero en la página 26

Construir La Paz

Como todos los años desde hace 46, el mes de enero comienza en la Iglesia Católica con la Jornada Mundial de la Paz y el mensaje papal ligado a este evento. Este año el mensaje ha tenido un componente económico del que me quiero hacer eco en estas líneas. Benedicto XVI ha alertado sobre “la creciente desigualdad entre ricos y pobres por el predominio de una mentalidad egoísta e individualista, que se expresa también en un capitalismo financiero no regulado” lo que para el pontífice, constituye una amenaza para la paz.

La primera afirmación está científicamente contrastada. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo constata como entre 1970 y 2005 la desigualdad de los ingresos en el interior de los países ha aumentado un 20%. La mentalidad egoísta e individualista es algo que sustenta un sistema económico que legitima como prioridad básica la búsqueda del propio interés. La liberalización del sistema financiero durante los últimos años es un hecho cuya descripción se encuentra, por ejemplo, en Financial Services Authority (2009) The Turner Review. A regulatory response to the global banking crisis (aunque afirmar que estos mercados no están regulados puede verse como una exageración).

El mensaje incide en considerar como pecado y negación de la paz la “codicia”, que según el diccionario de la Real Academia es el “Afán excesivo de riquezas” (considerado por algunos el motor de la economía, lo que conlleva unos ingentes esfuerzos para lograr que las personas codiciosas puedan ganar todo el dinero que puedan con las menores trabas posibles). También condena “la ideología del liberalismo radical y de la tecnocracia que insinúan la convicción de que el crecimiento económico se ha de conseguir incluso a costa de erosionar la función social del Estado y de las redes de solidaridad de la sociedad civil, así como de los derechos y deberes sociales”Afirmando que los derechos y deberes sociales “han de ser considerados fundamentales para la plena realización de otros”.

En este punto hace una encendida defensa de la prioridad del trabajo sobre el capital (como ya realizaron otros papas con anterioridad) y la necesidad de que la creación de empleo sea el objetivo principal de nuestras economías. Piensa que priorizar el libre mercado está deteriorando el estatuto jurídico del trabajo y que hay que luchar por una renovada consideración del trabajo, basada en los principios éticos y valores espirituales, que robustezca la concepción del mismo como bien fundamental para la persona, la familia y la sociedad”.

El mensaje concluye con un apartado titulado: “Construir el bien de la paz mediante un nuevo modelo de desarrollo y de economía”. En él nos anima a que construyamos “un nuevo modelo de desarrollo, así como una nueva visión de la economía”. Piensa que debemos observar la actual crisis como una oportunidad para poder construir este nuevo modelo económico que se basaría en la búsqueda del Bien Común, en unas actuaciones económicas sustentadas en relaciones de lealtad y reciprocidad y en la lógica del don que lleva a un trabajo que busque beneficiar a los demás y a la sociedad en su conjunto.

Por último, anima a la realización de políticas públicas que “se preocupen del progreso social y la universalización de un estado de derecho y democrático” y a promover una “estructuración ética de los mercados monetarios, financieros y comerciales… de modo que no se cause daño a los más pobres”.

Ante estas propuestas caben dos pensamientos que podrían enturbiar la recepción del claro mensaje papal: La primera pensar que Benedicto XVI no tiene ni idea de economía y que lo que propone no solo es utópico, sino imposible, ya que va en contra de la dinámica económica. Y la segunda considerar que sus propuestas desbordan nuestro ámbito de actuación y que deberían ser otros las que las pusiesen en práctica, ya que nosotros no podemos hacer nada para colaborar en esta labor.

Ante la primera quiero decir que mucha gente practica la dinámica del don en la economía con éxito. El ejemplo más claro son las familias. Todas ellas son entidades económicas (de hecho el origen griego de la palabra proviene precisamente de esto, de gestionar la casa) que tienen unos ingresos y deben administrarlos correctamente. Muchas familias gestionan sus dineros buscando el bien común de los suyos y compartiendo entre todos (de una manera gratuita) lo que alguno de sus miembros ingresa. Esto no supone un quebranto económico de ellos, sino todo lo contrario, si se realiza bien consiguen, no solo buenos resultados desde este punto de vista, sino que además logran potenciar la familia como tal… Si vemos el caso contrario, esto es, aquellas familias en las que prima la codicia y el individualismo de sus miembros, su gestión económica no tiene por qué ser mejor que en el caso anterior y, sin embargo, tendrá muchas posibilidades de ruptura o descontento familiar a causa de estas actitudes egoístas. La limitación de espacio de este artículo me impide dar más ejemplos, pero coincido con el Papa en que construir nuestro sistema económico sobre otros pilares no solo es posible, que lo es, sino que es la mejor manera de poner la economía al servicio de la paz.

En cuanto a la segunda objeción hay que decir que todos podemos hacer algo en este sentido: modificar nuestros hábitos económicos familiares, plantear nuestro día a día laboral desde otra perspectiva, exigir transparencia y criterios de inversión éticos a nuestros bancos, etc. Si se tienen dudas sobre cómo colaborar en esta tarea que nos propone el Papa, se puede acudir a libros, artículos, publicaciones o blogs que algunos economistas, empeñados en esta labor, realizamos desde hace tiempo intentando dar pistas para avanzar en esta dirección.

No me queda más que recomendar la lectura del mensaje (que se puede encontrar en: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20121208_xlvi-world-day-peace_sp.html) y recordar, que sus palabras van más allá del ámbito exclusivamente cristiano, ya que tal y como dijo Benedicto XVI en su Encíclica Caritas in Veritate (siguiendo una tradición muy arraigada desde el Vaticano II), hay que “promover la colaboración fraterna entre creyentes y no creyentes, en la perspectiva compartida de trabajar por la justicia y la paz de la humanidad” (CiV, 57).

 

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Economía para la Esperanza. Cómo virar hacia un sistema económico más humano

Ha salido mi última publicación titulada “Economía para la Esperanza. Cómo virar hacia un sistema económico más humano” dentro de los Cuadernos de Teología Fundamental del Instituto Teológico de Murcia (http://www.itmfranciscano.org/).

Cuadernos de teología Fundamental

Se trata de un texto divulgativo en el que doy pistas sobre cómo la economía puede ponerse al servicio de la esperanza. En él se analizan las prioridades del actual sistema económico y se muestra porqué, con frecuencia, la economía y su dinámica se convierten en un camino hacia la desesperanza.

El texto no se queda en el análisis sino que realiza propuestas prácticas basadas en la Doctrina Social de la Iglesia que pueden convertir la economía en una creadora de esperanza. Ideas que quieren ayudar a salir de esta crisis ayudando a las personas y, en especial, a los más desfavorecidos.

El cuaderno es una invitación a pensar, a analizar de una manera crítica la realidad ante la que nos encontramos y a debatir sobre propuestas concretas que puedan ser útiles para nuestra sociedad.

Si queréis el cuaderno podéis pedirlo directamente al Instituto Teológico de Murcia (es grautito) en  “Instituto Teológico de Murcia OFM”. Plaza B.A. Hibernón, 1. E-30001 Murcia  o al correo-e:  itmsecrt@um.es también puedo enviároslo yo, me dais vuestra dirección postal a través de un comentario a esta entrada (no lo haré público) y os lo remitiré por correo ordinario lo antes posible.

 

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Las crisis financieras y su persistencia ¿Se puede hacer algo?

La revista de Estudios e Investigación del Instituto Teológico de Murcia O.F.M. de la Universidad de Murcia, ha publicado en su numero 54 de Julio-Diciembre de 2012 (Volumen XXVIII) Pág: 315-344 mi artículo “Las crisis financieras y su persistencia ¿Se puede hacer algo?”

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  En este artículo pretendo dar una explicación razonada sobre la persistencia de los ciclos económicos a lo largo del tiempo. Esto implica hablar sobre las crisis recurrentes que estos ciclos implican y ante las que algunos piensan que no se puede hacer nada (aunque esta impresión no es correcta). La pretensión de este análisis es ver cómo las enseñanzas sociales de la Iglesia nos pueden aportar pistas que nos permitan orientar la economía en otra dirección que, si bien no evite del todo los ciclos, al menos los aminore y suavice sus consecuencias más negativas.

Para ello comienzo haciendo un repaso a las diferentes teorías sobre los ciclos económicos centrándose en aquella que a nuestro entender explica mejor las diferentes crisis que hemos vivido en los últimos dos siglos. Después analizo los fenómenos comunes que se repiten en todas las crisis identificando sus características más habituales. Ello me permite aventurar e interpretar en una clave más amplia los fenómenos que se están viviendo en esta primera gran crisis del siglo XXI. Ver cuáles son las consecuencias de la crisis y cuáles deberían ser las políticas a aplicar en estos casos para intentar superar con éxito el delicado momento económico que estamos viviendo. Por último, analizo toda esta situación desde las enseñanzas sociales de la Iglesia que pretende servir de guía para todos aquellos que quieran conocer las referencias que nos da esta a la hora de afrontar esta clase de problemas.

Si alguno queréis que os envíe el artículo en una separata (es decir, editado) pedídmelo a través de un comentario a esta entrada (no lo haré público) dándome vuestra dirección postal os lo remitiré por correo ordinario lo antes posible.

 
 

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Del mercado libre al libertario y de éste, al liberticida

“Del mercado libre al libertario y de éste, al liberticida” Artículo publicado en el periódico Levante, el Domingo 9 de Octubre de 2011, en su suplemente El Mercantil Valenciano EMV, en su página 12.

Una de las frases que se difundieron a raíz de la acampada de los autodenominados “indignados” me llamó la atención. Decía (y seguirán diciendo, supongo) que no son anti-sistema, sino cambia-sistemas. Si lo pensamos bien, todos deberíamos ser, hasta cierto punto cambia-sistemas, sobre todo porque la realidad es siempre cambiante y un sistema rígido, difícilmente puede adaptarse a la evolución de la sociedad si no se reinventa a si mismo (al menos en parte). Creo que esto tiene una aplicación clara al sistema de mercado y en especial a la libertad de mercado. Todos tenemos claro que el mercado necesita de la libertad para funcionar correctamente. Sin ella el mercado no es tal y el desempeño económico se resiente. Ahora bien, la idea que tenemos sobre lo que es la libertad se confunde con otras cosas y esto sucede en especial cuando hablamos del mercado. No está de más, pues, reflexionar en estas líneas sobre la libertad del mercado.

De hecho, durante los últimos años hemos asistido a un movimiento de liberalización de los mercados. Muchas de las medidas que se han tomado han tenido como objetivo quitar trabas al funcionamiento del mercado. Ahora bien, a pesar de esto, muchos de los agentes que trabajan en él no parecen sentirse más libres ¿Podemos escoger el trabajo que creemos más conveniente? ¿Nuestras actuaciones económicas nacen de nuestras convicciones y hacemos lo que creemos que es mejor para mejorar el entorno en el que nos encontramos? Muchas veces esto no es así. En un mercado libre oímos con demasiada frecuencia la frase de “me veo obligado a…” “No he tenido más remedio que…” “Los negocios son los negocios…” para justificar actuaciones que no se habrían hecho si no llega a ser por la dinámica del mercado (o al menos así se justifican los autores de los hechos). De este modo, un mercado aparentemente libre parece forzar a sus componentes a actuar de una manera contraria a sus convicciones personales. Parece que la única libertad que potencia el estado es la libertad para ganar más dinero, pero que esto se hace a costa de reducir la libertad para poder hacer aquello que dicta tu conciencia y que crees que es mejor para los demás y para el conjunto de la sociedad.

El principal problema del concepto libertad es que se confunde a menudo con la posibilidad de hacer algo: si algo es posible, debemos tener la libertad de hacerlo. Sin embargo, esto no siempre supone ser más libres. Puedo poner algunos ejemplos en ámbitos diferentes a la economía: la organización social no nos permite poner la música a gran volumen a las tres de la madrugada en un edificio lleno de personas durmiendo, ni coger una escopeta y herir o matar a los clientes de un supermercado, ni circular a 110 por hora cuando atravesamos las céntricas calles de un casco urbano, ni presentar un partido político a las elecciones si este apoya a los terroristas que asesinan a sus contrincantes… Estos límites a la libertad de acción no significan que las personas que vivamos en esta sociedad no seamos “LIBRES”, al contrario, gracias a cumplir esas normas o límites que nos fijamos, podemos ser más libres. De hecho, una concepción libertaria de la existencia en la que se permitiese realizar estas actuaciones (posibles por otra parte) podría comprometer nuestra propia libertad.

Lo mismo sucede con el mercado. Un mercado libre no significa un mercado en el que todo esté permitido. El Estado debe poner límites a determinadas actuaciones económicas sin que esto suponga atentar contra la libertad de mercado. Si no es así, el sistema económico puede volverse contra las personas a las que tiene que servir como, por desgracia, hemos visto en demasiadas ocasiones. Estos límites a los que estamos acostumbrados cuando hablamos de temas políticos o sociales, deberían ser normales también en el ámbito económico y no ser visto como aberraciones contrarias a la libertad de mercado. De hecho, ya ponemos límites al mercado, por ejemplo cuando impedimos determinados sistemas productivos contaminantes, o actuaciones que reducen la competencia entre empresas (como los cárteles o los repartos de mercado), cuando se obliga a pagar un salario mínimo a los trabajadores, etc.

Habría otras medidas que podrían limitar las posibilidades de actuación sin resultar en una reducción de la libertad de mercado. Así el Estado, por ejemplo, podría poner límites a las diferencias salariales exageradas que se dan en algunas empresas. Estas incrementan las desigualdades en el mercado, no mejoran la efectividad de las economías que las permiten (durante años las diferencias salariales en un país como Alemania han sido mucho menores que las Estadounidenses y eso no ha significado que la economía alemana funcionase peor) e impiden que un grupo de trabajadores gane salarios que les permitan vivir con dignidad a ellos y sus familias. Otra sugerencia sería la de poner coto a la utilización de determinados derivados financieros y otras actuaciones de esta índole que incrementan la inestabilidad del sistema y no aportan nada a la principal función del sistema financiero que es intermediar entre los ahorradores y los prestatarios.

Existen más ejemplos de límites a las posibilidades de actuación de un mercado que no reducen la libertad de mercado, sino que garantizan su sostenibilidad económica y lo ponen al servicio de todas las personas. Pero creo que hay que llamar la atención sobre este tema para no olvidar que un mercado libre no es aquel que permite que una persona o un grupo de ellas o de empresas puedan ganar mucho dinero de una manera fácil y en un breve espacio de tiempo, sino aquel en el que sus componentes pueden decidir sobre sus actividades económicas y ponerse de acuerdo con otros sin presiones, para lograr los ingresos adecuados para vivir de una manera digna, tanto ellos, como el resto de la sociedad. La libertad de mercado debe estar al servicio de la sociedad y de las personas, no de los beneficios. El Estado debe potenciar un mercado libre y no un mercado libertario donde algunos puedan ganar mucho dinero a costa de que otros tengan menos posibilidades de hacerlo.

Si dejamos que todo lo que se puede hacer en un mercado se haga, pasaremos de un mercado libre a uno libertario. El mercado libertario tiene las mismas consecuencias que un estado libertario, esto es, como todo está permitido, el más fuerte se come al más pequeño. No se permite introducir medidas que protejan a los más desfavorecidos bajo el argumento de que “limitan la libertad de mercado” y, al final, se está protegiendo a aquellos que tienen más: en un mundo sin reglas, los más fuertes siempre tienen las de ganar. Un mercado libertario acabaría convirtiéndose en un mercado liberticida, esto es, un mercado que aniquilaría su propia libertad, en el que los más poderosos tendrían un dominio tal sobre los asuntos económicos que difícilmente podríamos escaparnos de sus dictados, lo que nos llevaría a una dictadura económica. Para evitarlo debemos articular un mercado que esté al servicio de las personas, que sepa poner los límites necesarios para garantizar la libertad real de los miembros de la sociedad, que no reduzca las posibilidades de una gran parte de la población impidiéndoles tener los ingresos suficientes y limitándoles sus posibilidades económicas, que incremente nuestras capacidades y no las reduzca. Volviendo al principio del artículo quiero añadir que si no se dirigen los tiros hacia esta dirección, la indignación de los cambia-sistemas puede hacerles derivar hacia la indignación de los anti-sistema o a la atonía de los desencantados, lo que creo que no sería bueno para nadie ya que, no se trata de luchar contra el mercado o de dejar que este nos apabulle, sino de ponerlo al servicio de las personas.

 

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En defensa de la dignidad humana

Artículo publicado en la Revista Vida Nueva en su número 2766 del 3 al 9 de Septiembre de 2011 En su página 46 en la que hago la recensión del libro de Reinhard Marx, El capital. Un alegato a favor de la humanidad.

Cuando recibes un libro para hacer una recensión siempre deseas que sea bueno, que puedas disfrutar leyéndolo, que te permita decir cosas buenas de él y que sea una oportunidad para descubrírselo a otros lectores. Ni que decir tiene que este ha sido el caso del libro que acabo de finalizar hace escasos minutos. He de confesar que no conocía a su autor, Reinhard Marx, cardenal y arzobispo de Múnich y Freising, que durante años fue profesor de ética social cristiana y por ello celebro haber tenido la oportunidad de saber de él a través de esta obra. Su sensibilidad social y su cercanía a la realidad de los más desfavorecidos de su diócesis me han sorprendido y agradado.

El libro tiene una intención divulgativa que pretende mostrar cómo las grandes líneas de la doctrina social de la Iglesia son útiles para orientar la acción política y económica en nuestra sociedad. El prólogo de la obra, no solo sirve para mostrar las intenciones que tiene el autor sino que muestra dos de las grandes cualidades que tiene el texto: un lenguaje adecuado para ser entendido por el público no especializado y un profundo conocimiento de la realidad económica y social que vivimos en la Europa rica. El autor no se entretiene con disquisiciones teóricas complicadas, su sabiduría aparece poco a poco para que el lector pueda asimilarla de una manera natural y sencilla. Los conceptos de la ética cristiana se entrelazan fácilmente con una realidad vivida y sentida que describe el día a día de las personas y de las instituciones. Aunque sus ejemplos se refieren a la realidad alemana, esta no difiere de la española en sus puntos esenciales y pueden ser fácilmente trasladables a lo que sucede en nuestro país.

Además de estas virtudes, resulta simpática y agradable la utilización que hace de la coincidencia de su apellido con el de otro famoso Marx (no Groucho evidentemente) para comparar aquello que la ética social cristiana nos enseña, con la ideología que su tocayo Karl inició. Esta confrontación la realiza con gran respeto tanto a la otra persona como a sus ideas, con un reconocimiento a la buena fe del adversario, con una aceptación de aquello que se cree que es correcto y una refutación fundamentada de aquello que se opina que es erróneo. Desgraciadamente, esta elegancia en el debate (y más con alguien que ya no puede contestar) no se da con tanta frecuencia como sería de desear.

El autor trata varios temas relacionados entre sí: la libertad y el desarrollo, la pobreza y la justicia, la necesidad de repensar lo social para incluir en ello la educación, la familia y el trabajo, la función social de las empresas y del sistema financiero y por último, la evolución de la globalización y la construcción de una economía social de mercado a escala global. Es evidente que tocando tantos palos es difícil profundizar mucho en cada uno de ellos, pero la visión de conjunto que se da creo que puede ser interesante para cualquiera que quiera saber algo más de estos temas.

También vuelve su mirada hacia hechos históricos para intentar que sus enseñanzas iluminen nuestro día a día. Recuerda cómo la economía de mercado ha sobrevivido gracias al estado social y no podemos desmantelar este sin comprometer el futuro de nuestro sistema económico. Nos introduce en la importante figura de su querido e inspirador obispo Ketteler que se dio cuenta (ya en el siglo XIX) de que para solucionar la cuestión social, no se podía apelar tan solo a la conciencia moral de los ricos sino que había que plantear soluciones estructurales y políticas. Habla sobre los estudios que se realizaron entre los parados de la gran depresión de los años treinta y aplica sus enseñanzas a la actualidad para saber cuáles son las políticas que debemos aplicar en estos tiempos de paro creciente…

Su elegancia a la hora de tratar los temas no le impide nombrar las cosas por su nombre. Cuando tiene que tratar el afán de lucro que parece justificarlo todo en esta nuestra sociedad capitalista, afirma sin ambages que la codicia es pecado y que “esto no puede continuar así. No permitiremos que se elogie al pecado”. Cuando quiere resaltar la importancia del sermón de la montaña y cómo nuestra fe no puede vivirse al margen de las cuestiones sociales de la sociedad nos dice que “la verdadera fe y el servicio al prójimo, especialmente al necesitado, son cosas inseparables”. Cuando quiere describir la finalidad de esa Doctrina Social de la Iglesia que Benedicto XVI ha descrito como inseparable de la evangelización afirma que la DSI “quiere poner de manifiesto las injusticias sociales y luchar contra ellas, quiere ser la voz de los pobres y los explotados, de los que no tienen ningún lobby en la sociedad y ayudarles a defender sus derechos”

Esta preocupación por la persona, por la vida digna, por la opción preferencial por los más desfavorecidos y por la promoción de la libertad humana, le lleva a defender un estado cuya única preocupación no sea el garantizar el beneficio. La organización de nuestra sociedad no puede sustentarse sobre el vacío, se necesitan unos valores que le den sentido, se precisa de una idea de justicia que la sustente, es imprescindible promocionar la libertad para hacer el bien limitando el libertinaje que perjudica a aquel que lo lleva adelante y a la sociedad en su conjunto… Todo ello le lleva a propugnar una economía social de mercado y le sirve para advertir sobre las reformas que se están promoviendo en estos momentos para superar la crisis y que parece que solo favorecen a las grandes empresas a costa del ciudadano. Lanza un grito a favor de un estado social que promocione a las personas, que limite la codicia y que busque la justicia como el verdadero camino a seguir. Todo una declaración de intenciones en una realidad difícil como la que estamos viviendo.

 

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¿A quien protege el Estado ante los riesgos del mercado?

 

¿A quien protege el Estado ante los riesgos del mercado? Artículo publicado en la página 28 del Periódico Las Provincias el 30 de Marzo de 2011

 

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Un estado ¿solidario? La dación en pago

Artículo “Un estado ¿solidario? La dación en pago” Publicado en Las Provincias el 24 de Abril de 2011 en su página 32

Aprovecho la cercanía a la celebración del Domingo de Resurrección para introducir una reflexión cristiana sobre uno de los temas económicos que tienen actualidad en estos momentos: la posibilidad de dación en pago de una hipoteca. La situación actual creo que se conoce, aunque voy a repasarla en unas pocas líneas. Cuando alguien no puede pagar su hipoteca el banco embarga el inmueble. Este es subastado y si no es adjudicado se lo queda la entidad financiera por la mitad del valor de tasación del momento. Si la cuantía de la venta o del 50% de valor de tasación es inferior a la deuda del anterior dueño, éste sigue debiendo la diferencia al banco. Con esta legislación una persona puede quedarse sin la casa y seguir debiendo dinero por algo que ya no es suyo. Ante esta situación existen colectivos que defienden la introducción en nuestro país de algo que ya se da en otras naciones ricas como es la dación en pago, esto es, que la devolución del bien hipotecado sirva para saldar la totalidad de la deuda.

El argumento más repetido a la hora de defender esta postura es que esta ley está condenando a los más desfavorecidos a la pobreza y a la exclusión social, ya sea porque se quedan sin su hogar y con una deuda por saldar, o porque tienen que seguir asumiendo unas mensualidades hipotecarias excesivamente elevadas que ahogan su economía doméstica, ya que la otra opción les condena a seguir pagando sin tener casa y les impide acceder a otra vivienda más barata. Estos colectivos quieren que se ponga por encima de cualquier otro el derecho constitucional a una vivienda. Los detractores argumentan que la dación en pago aumentaría el precio del crédito hipotecario ya que el riesgo sería mayor para las entidades financieras y que esto, considerando que tenemos los tipos medios más bajos de Europa, perjudicaría a quien quiera obtener un crédito. Además se argumenta que esta medida podría perjudicar más a nuestro sistema financiero, al tener que reconocer como pérdidas gran parte del dinero que les deben los hipotecados. Se concluye, pues, que al intentar beneficiar a unos pocos, se acaba perjudicando a la mayoría.

Estos últimos argumentos, siendo ciertos, no tienen en cuenta el efecto que podría tener la dación en pago sobre los precios de los inmuebles. La medida incrementaría el porcentaje de impagos ya que muchas personas que están apuradas devolverían sus inmuebles para saldar la deuda y acceder a otras viviendas más baratas (normalmente en régimen de alquiler). Los bancos, para evitar esta devolución renegociarían las condiciones de la hipoteca reduciendo la cuantía de la mensualidad y asumiendo algunas pérdidas para evitar esta maniobra. Aún así se encontrarían con una gran cantidad de viviendas en su propiedad que deberían vender para hacerse con dinero líquido. Todo ello redundaría en una bajada más acusada que la actual de los precios de la vivienda lo que aumentaría las posibilidades de que los hipotecados dejasen las hipotecas caras o las renegociasen… Si lo pensamos bien ¿Qué es preferible? ¿Que no bajen mucho los precios y mantener las hipotecas más baratas de la Unión Europea? O ¿Qué los precios bajen al menos un 30% o más y que las hipotecas suban un 1 o un 2%? Opino que la mayoría pensamos que esta segunda opción garantiza mucho más el acceso a una vivienda, ya que ajusta el precio de las mismas a los ingresos de la población en general. Es más, encarecer el préstamo hipotecario por el incremento de su riesgo puede ser una buena vacuna para evitar que en un futuro se preste con la ligereza y la mala gestión que se ha dado durante los años previos a la crisis y evitar, de paso, las subidas exageradas de precios que se vieron durante estos años. Estoy seguro que con unos precios mucho menores, además, se revitalizaría el mercado inmobiliario parado porque muchos consideran que todavía queda margen de bajada.

Por si esto fuese poco, quiero introducir la reflexión cristiana que he prometido en el primer párrafo. La Doctrina Social de la Iglesia reclama que el Estado esté al servicio de la persona y que lo haga de una manera solidaria, entendiendo la solidaridad como lo hace la Encíclica de Juan Pablo II, Sollicitudo rei socialis 46: “el amor y servicio al prójimo, particularmente a los más pobres”. Esta opción preferencial por los pobres de la que también habla esta Encíclica nos impele a tomar decisiones que piensen en los más desfavorecidos desde el convencimiento de que esto va a ser lo mejor para la sociedad en su conjunto. Introducir la dación de pago puede ayudar a muchas personas que se han encontrado con unos precios de la vivienda totalmente sobrevalorados a mejorar su situación y a que recordemos que la actividad inmobiliaria no es solamente una actividad para ganar dinero o mucho dinero, sino que se trata de un sector económico al servicio de las personas que necesitan una casa para vivir. No debemos perder el norte y hay que recordar, que esto último es lo más importante, la vivienda es para las personas y el sector inmobiliario debe estar a su servicio.

 

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Bienvenido Mr. Qatar

Artículo aparecido en el periódico Las Provincias el Domingo 13 de Marzo de 2011. Página 40

 
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Publicado por en marzo 25, 2011 en Estado Social

 

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