Combinar creencias que pretendan ayudar a los más desfavorecidos, construir al servicio de las personas, ponerse al servicio del ser, con unas instituciones basadas en el libre mercado, en la libre iniciativa de personas y colectivos, en el desarrollo de todos, y que el Estado construya bien común, es el ideal del Papa Francisco y de la Doctrina Social de la Iglesia. Y eso no significa ser socialista o capitalista. Significa ver desde las personas, para y por la gente.
La relación directa entre creencias e instituciones, hace años se ha desmoronado. Podemos hablar de la socialdemocracia y del sistema social de mercado, que pretende paliar sus consecuencias negativas en favor de los más desfavorecidos, o sistemas que mantienen las instituciones capitalistas pero que quieren reorientarlas con una economía civil hacia el bien común y de lo suficiente, entre otros. Así pues, en la actualidad podemos encontrar esas mismas instituciones combinadas con una consideración ética diferente.
Aparte de los bienes de justicia, Adela Cortina nos habla de los bienes de gratuidad como necesarios y fundamentales para una vida plena. Se cuestiona si el estado debe garantizarnos estos como derechos humanos y en este sistema economicista si ya es difícil cubrir los bienes de justicia mucho más difícil los de gratuidad, impidiendo o dificultando su acceso.
En nuestra sociedad economicista con frecuencia se prioriza aquellos bienes que tienen un componente económico sobres las libertades políticas y civiles. Dos creencias dignas de estudio, la primera es que lo primordial es lo económico y la segunda es que el incremento de la renta per capita hace que los bienes civiles y sociales, lleguen gracias a los bienes de justicia, justo lo que el economicismo y regímenes totalitarios plantean.
La economia bajo una metodología pseudo científica, busca estudiar las conductas humanas individuales y colectivas relacionadas con sus necesidades y deseos, como elllo es capaz de cambiar comportamientos de las persona de forma contundente, por ellos es importante validar bien las afirmaciones para promover sociedades sanas y positivas para todos sus componentes
El afán de ser quienes no queremos nos lleva a pensar que las cosas que tenemos y que compramos son las que nos definen como personas. Por eso la publicidad no habla de las características de los bienes que quiere vender, sino de cómo podemos sentirnos si adquirimos los productos que nos intentan vender.
Os presento un nuevo cuaderno de Ética en Clave Cotidiana que hemos publicado en Funderética.
Se titula «Una mirada a la Pandemia desde Cáritas» . Lo han escrito conjuntamente los directores de las Cáritas Diocesanas de Mérida-Badajoz y Lleida, Jesús Pérez Mayo y Rafael Allepuz Capdevilla.
Ver las consecuencias de la pandemia desde la mirada de Cáritas, que intenta trabajar desde y con los más desfavorecidos de la sociedad, es siempre un ejercicio recomendable para quien quiera tener una visión más rica de lo que sucede a nuestro alrededor.
Para saber más sobre él podéis acceder a https://funderetica.org/cuadernos/ donde además os podréis descargar los anteriores cuadernos, leer más información sobre este y otros cuadernos y adquirirlos si los preferís en papel.
Necesidades y deseos. Recursos suficientes para todos. Muchos de los deseos actualmente son miméticos. La satisfacción que recibo es auto-referente. El sistema economicista propone utopía de crecimiento ilimitado. En un mundo donde los recursos son escasos supone competitividad para poder satisfacer nuestros deseos sin una escala objetiva de esencialidad
Existen necesidades que se pueden objetivizar. Su caracterización puede se útil como herramienta para el análisis económico. Sobre todo están en la categoría de básicas y sociales y de la condición. Este conocimiento permite reconocer la necesidades básicas para todos según aspectos particulares y el Estado debe ofrecer un catálogo económico justo y digno que no tiene que ser de forma creciente. Para ello urge se establezca un diálogo público constructivo
Os presento los dos últimos cuadernos de ética en clave cotidiana que hemos publicado en Funderética.
Ambos tienen un punto en común, hablan de la salud, uno sobre «cuidados paliativos» y otro sobre «ética en atención primaria», con dos autores de excepción, Jacinto Bátiz Cantera y Nazaret Maldonado del Arco.
Hemos publicado el cuaderno de ética en clave cotidiana nº 17.
En esta ocasión volvemos a tratar un tema de plena actualidad como son los «Cuidados paliativos». En él, el autor reflexiona sobre unos cuidados paliativos que pretenden dar comodidad y sentido a unas personas gravemente enfermas en fase terminal y habla de una ética basada en la compasión, la competencia del profesional y la autonomía del enfermo.
Un cuaderno muy apropiado para todos aquellos que tienen que acompañar a un enfermo terminal y quieren hacerlo desde una posición ética y compasiva.
El próximo miércoles 10 de Marzo a las 19:00Funderética y el grupo Tomas Moro del Centro Arrupe de Valencia organizamos conjuntamente una conversación sobre la eutanasia. En ella vamos a poner a conversar a dos personas con ideas discrepantes sobre la Ley de Eutanasia que ya se apobó en el congreso el pasado diciembre : María Luisa Carcedo (ponente de la Ley ) y a Ana María Marcos (Catedrática de Filosofía del Derecho)
Queremos presentaros un diálogo sereno y profundo, sobre sus ventajas e inconvenientes, entre dos grandes expertas en este tema. Queremos mostrar que es posible el diálogo entre discrepantes y que este es mucho más enriquecedor para la sociedad y para quienes participan en él.
Recordad que la entrada es libre, muy sencilla y que podéis invitar a quien queráis. Esta va a ser una de las últimas conversaciones que vamos a tener visto que nuestro encierro va siendo poco a poco menos estricto.
Esta vez os presento en este mensaje una serie de tablas y figuras que nos ayudarán en la exposición de la materia. Si no las entendéis no importa, las explicaré en la conversación y podréis repasarlas después.
Aquí os presento el presupuesto de la administración central para 2019. Mirad con atención la cuantía total (está medido en millones de euros) del presupuesto y de cada partida. Atención a los gastos sociales y a los intereses de la deuda.
En esta gráfica tenéis la evolución del ingreso y del gasto público del conjunto de las administraciones públicas españolas desde 2000. Fijaos sobre todo en lo que pasó con los ingresos (en rojo)
Por último os paso una gráfica con las tasas de crecimiento anuales del PIB, de los ingresos y de los gastos del sector público. Fijaos sobre todo en los años de la crisis, la bajada del PIB, la bajada de los ingresos y el incremento del gasto.
Este domingo continuamos con nuestras conversaciones. Esta vez vamos a tratar un tema que teníamos pendiente: la necesaria colaboración entre lo público y lo privado.
Para ello vamos a contar con la intervención de Javier Viciano Pastorprofesor titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Valencia.
Os invitamos a nuestra conversación dominical. Esta vez vamos a hablar sobre la relación entre una posible reforma fiscal y la reducción del déficit público.
Os dejo este artículo sobre la posibilidad de una reforma fiscal para que podáis preparar la sesión y si teneis más tiempo podéis ver el vídeo informativo y el documento que preparamos hace año y medio desde el Foro Creyente de Pensamiento Ético Económico titulado «Los impuestos como contribución al bien común»:
Aquí tenéis el texto completo del artículo por si os es más fácil leerlo desde aquí
La concepción que tenemos sobre la situación fiscal de nuestro país suele estar distorsionada. La idea general que existe es que somos un país que gasta demasiado y cuya consecuencia directa es la de sufrir un excesivo déficit. Al mismo tiempo, se piensa que tenemos unos elevados ingresos públicos que presionan a la población. La imagen de que somos un país malgastador cuyos recursos suficientes son dilapidados por unos gobiernos solo preocupados en gastar más y más, está profundamente arraigada en nuestras mentes y en la de otros países europeos.
Sin embargo, cuando miramos las cifras generales de nuestro país y las comparamos con las de otras naciones de la Unión Europea, vemos como esta idea no puede estar más equivocada. Si comenzamos con los gastos (utilizando siempre los datos de la oficina europea de estadísticas EUROSTAT), podemos ver como en 2018 el porcentaje de gasto público con respecto al PIB en nuestro país fue de un 41,7%, es decir, que de cada 100 euros que se producían al año en España, el sector público se gasta 41,7. Esta cifra puede parecer a priori muy alta, pero si la comparamos con los 44,6 de Alemania, los 48,4 de Italia, los 56 de Francia o los 52,1 de Bélgica la cosa cambia. De hecho, la media de gasto de los países de la zona euro es de 47%, es decir, 5,3 puntos por encima de lo que gasta el sector público español.
Si analizamos los datos de la recaudación del sector público, podemos observar como también en ellos sucede algo parecido a los gastos. El porcentaje del PIB recaudado por el sector público español es de un 39,2% (39,2€ de cada 100€ que se ganan en el país al año). Si comparamos esto con los mismos países que con anterioridad, podemos ver que en Alemania los ingresos suponen un 46,4%, en Italia un 46,2%, en Francia un 53,5% y en Bélgica un 51,4%. La media de los países de la zona euro es de 46,5% lo que quiere decir que España recauda 7,3 puntos por debajo de la media de la Unión Monetaria.
Creo que no hace falta ser un gran matemático para darse cuenta de que si nosotros recaudásemos una cifra similar a la media de las naciones que pertenecen a la zona euro, tendríamos un superávit de casi un 5% del PIB. De hecho, si nuestra recaudación fuese similar a cualquiera de los países que he nombrado tendríamos unos ingresos superiores a los gastos (cosa que a muchos de ellos no les sucede). Por lo tanto, el problema de nuestras finanzas públicas no viene tanto de que gastemos mucho (somos uno de los países de la Unión Europea que menor gasto público tiene medido en porcentaje del PIB) sino con que nuestros ingresos son muy reducidos (también somos uno de los que tenemos menor recaudación).
Y uno se pregunta por qué estos ingresos son tan reducidos si la estructura fiscal es similar a la que tienen otras naciones europeas. Creo que hay cuatro motivos principales. El primero es una cultura del fraude fiscal. Defraudar a Hacienda no solamente no se ve como algo malo, sino que con frecuencia se enarbola como un mérito ante amigos o compañeros. Las ideas que continuamente se difunden por medios de comunicación públicos y en conversaciones privadas que parecen reforzar la falsa idea (como hemos visto) de que pagamos muchos impuestos y la opinión de que estos deberían ser menores, no hace sino reforzar la aparente buena prensa que tienen en determinados entornos aquellos que consiguen eludir los pagos a la Hacienda pública.
En segundo lugar nuestro sistema fiscal tiene una serie de desgravaciones, exenciones, excepciones y otra clase de medidas que pueden favorecer al contribuyente y reducir sus pagos a la Hacienda Público. Al mismo tiempo, la existencia de los paraísos fiscales provoca que particulares y empresas trasladen parte o la totalidad de sus fondos a estos lugares para pagar menos dinero a Hacienda. Últimamente, hasta los youtubers españoles se suman a esta moda y muchos de ellos (especialmente aquellos que tienen más éxito en las redes sociales y son quienes mayores ingresos tienen) trasladan su residencia a Andorra para pagar menos impuestos.
En último lugar se encuentra los pocos fondos que destina nuestra hacienda pública a combatir el fraude, lo que hace que seamos uno de los países de Europa con menos funcionarios de hacienda pública tenemos por cada 10.000 habitantes. La cifra es más o menos la mitad que otros países como Francia y Alemania. La falta de efectivos para luchar contra el fraude hace que este sea más posible en nuestro país que en otros.
Por todo ello, cualquier gobierno que quiera realizar una reforma fiscal, creo que tiene unas labores importantes que realizar para lograr alcanzar la recaudación normal en un país de la Unión Europea. Desde mi punto de vista serían las siguientes:
1.- Una campaña de concienciación de que el pago de tributos es algo que nos beneficia a todos, por lo que promover que todos paguen aquello que les corresponde es positivo para la sociedad y luchar contra el fraude labor de todos.
2.- Incrementar la plantilla de inspectores de Hacienda.
3.- Recudir la gran cantidad de exenciones, excepciones, deducciones y otros sistemas para rebajar la aportación a hacienda y no pagar los tipos normales de los tributos, para lograr que todos paguen el porcentaje de impuestos previsto.
4.- Implicarse activamente en la lucha contra los paraísos fiscales internacionales y los comportamientos de elusión de pago de impuestos que realizan muchas empresas multinacionales gracias a que trabajan al mismo tiempo en varios países y a la carencia de mecanismos de control mutuo.
Como se puede observar, se trata de medidas que no suponen un incremento o descenso específico de los impuestos, pero que sí pueden tener como consecuencia un incremento de recaudación necesario para que el déficit de nuestro país pueda reducirse.
El miércoles 22 de Abril entre las 18:00 y las 19:00 estáis invitados a la conversación titulada “La nueva propuesta de renta mínima vital» en la que nos acompañará «Luis Ayala Cañón» una de las personas que más sabe sobre Rentas Mínimas en España.
Os presentamos aquí el tercer documento que hemos publicado desde el Foro Creyente de Pensamiento Ético Económico. En esta ocasión hemos abordado el tema del Modelo Social Europeo y la Unión Europea.
Artículo publicado en la revista Noticias Obreras, en noviembre de 2018, en el número 1611, pág: 12 y 13
Las pensiones son uno de los temas económicos que nunca dejan de estar en el candelero. A finales del siglo pasado eran un tema clave en muchos estudios económicos por las sospechas fundadas de que el sistema que se daba en esos momentos podía colapsar durante la primera mitad del siglo XXI. En estos momentos, los pensionistas se manifiestan en las calles pidiendo unas pensiones dignas para todos. El debate sobre las pensiones sigue ahí y tiene varios frentes que, aunque relacionados entre si, pueden analizarse de manera separada para poder tener una perspectiva más amplia sobre la cuestión. A mi modo de ver las cuestiones clave que hay que tener en cuenta a la hora de analizar el sistema son: las pensiones mínimas, las cotizaciones a la seguridad social, la sostenibilidad del sistema y si deseamos o no un sistema contributivo como el nuestro.
Pero antes de comenzar creo que es conveniente recordar las circunstancias económicas que rodean un sistema cuestionado. Porque la práctica totalidad de los analistas están de acuerdo en que el sistema de pensiones tiene problemas. Es un sistema de reparto en el que los pagos de las pensiones actuales se realizan a partir de las cotizaciones que realizan los trabajadores en este momento. Eso significa que quienes trabajamos ahora estamos financiando a los pensionistas de ahora. El sistema funciona bien mientras haya varios trabajadores para financiar a cada pensionista. Sin embargo, el número de personas que cotizan por pensionista estuvo en 2017 en 2,3 y los ingresos no se recuperan. Dos son los factores que afectan de una manera directa a esta circunstancia. Por un lado la mayor longevidad de las personas mayores que incrementa el número de pensionistas junto con que los nuevos reciben pensiones más altas. Ambas dinámicas repercuten en un incremento de los gastos del sistema. Por otro lado los nuevos cotizantes tienen salarios más bajos lo que conlleva una reducción de los ingresos. Todos sabemos que un sistema en el que bajan los ingresos y suben los gastos está condenado a colapsar más pronto o más tarde si no se le pone remedio lo antes posible.
Por ello hay un grupo de economistas que opinan que la prioridad que hay que abordar es, precisamente, la sostenibilidad del sistema. Para ello no hay secretos, o hay que bajar los gastos o hay que incrementar los ingresos, o las dos cosas a la vez. Como las políticas de incremento de la contribución al sistema de pensiones no parecen gozar de popularidad en estos últimos años, aquellos que defienden que la sostenibilidad es lo más importante, suelen apostar por políticas de contención de las pensiones, lo que repercute en todos los pensionistas pero en especial en aquellos que cobran pensiones más bajas que son insuficientes para llevar una vida digna. De hecho, esta es la segunda cuestión clave que hay que tener en cuenta a la hora del debate de las pensiones. Porque si el importe medio de la pensión contributiva era en 2016 de 903,6€ al mes es porque existen muchas que tienen una cuantía inferior. Y si hablamos de la pensión media no contributiva, esta se situaba en 637,9€ mensuales. Esto significa que muchas pensiones no permiten llevar una vida digna a quienes la reciben. Para algunos la prioridad del sistema debería estar en lograr que todos los pensionistas obtuviesen un nivel de ingresos digno, lo que significa incrementar la cuantía de las pensiones más bajas.
La siguiente cuestión que se plantea tiene que ver con los ingresos. Los pagos a la seguridad social tienen una relación directa con los ingresos que se perciben hasta un límite máximo. A partir de este, la cotización se congela de modo que por mucho que se incrementen las rentas, la cotización queda estancada al nivel máximo. La consecuencia directa que tiene esto es que una subida de salario bruto de 300 euros mensuales puede salir más cara si se le hace a alguien con bajo salario que si el beneficiado tiene un salario alto, ya que al primero le sube la cotización a la seguridad social mientras que al segundo no. Desde este punto de vista, parecería más justo que la subida salarial supusiese el mismo coste para cualquier nivel de ingresos, lo que supondría que no existiese un límite máximo y que a iguales subidas salariales, el incremento del pago a la seguridad social fuese el mismo.
Esto liga con el cuarto problema planteado que tiene que ver con la relación entre las cantidades cotizadas y la pensión recibida (a más cotización, más pensión y viceversa). Nuestro sistema de la Seguridad Social intenta garantizar que las personas que reciben pensión mantengan su nivel adquisitivo de modo que existen grandes diferencias entre las pensiones recibidas por quienes gozaron durante su vida laboral de unos buenos salarios y quienes no obtuvieron estos. Algunos se plantean si el sistema de seguridad social no debería cambiar de objetivo virando hacia lograr que todas las personas que se jubilan tengan al menos unas rentas suficientes para vivir con dignidad. Es decir, cambiar a un sistema menos o nada contributivo, donde cada un aportase según sus posibilidades pero luego recibiese una cantidad suficiente para una vida digna y no una cuantía ajustada a su anterior nivel de ingresos.
Haciendo una síntesis de estas cuatro preocupaciones, podríamos encontrar una dirección en la que poder atender de una manera más o menos coherente a estos cuatro desafíos del sistema de pensiones. Lo primero sería cambiar el objetivo del sistema para que este buscase garantizar que todos los pensionistas tuviesen un nivel de ingresos que les permitiese una vida digna. Para ello sería necesario subir las pensiones mínimas hasta este nivel y tal vez reducir algo las pensiones máximas (para hacerlo sin comprometer la sostenibilidad del sistema). Esto último, además, reduciría el elemento contributivo del sistema, para lo que también sería necesario retirar el límite máximo de las cotizaciones, de modo que cualquier subida salarial supusiese un incremento de cotizaciones a la seguridad social. Esto último debería hacerse sin que la pensión máxima se incrementase, es decir, sin que diese derechos al contribuyente para recibir más allá de la pensión máxima que se hubiese fijado de manera general. La combinación de estas medidas permitiría incrementar la justicia distributiva del sistema, mejorar a quienes peor están y reducir el elemento contributivo del sistema sin comprometer la sostenibilidad del mismo.
Artículo publicado en la revista Noticias Obreras nº 1307 de Junio de 2018, pág: 12-13
Creo que todos hemos oído hablar de la propuesta de nuestro ministro de economía y hacienda de gravar a algunas empresas tecnológicas para ajustar el déficit añadido que se puede generar por el incremento de las pensiones que se ha previsto en el nuevo presupuesto para este año (hay que recordar que en el momento que escribo este artículo, mayo de 2018, todavía no se ha aprobado el presupuesto de 2018). La solución puede parecer una idea genial que intenta conciliar intereses aparentemente encontrados y probablemente aquellos que la han pensado crean que han encontrado la cuadratura del círculo con ella. Por un lado permite subir las pensiones y acallar la voz de muchos pensionistas que han visto como sus ya de por si reducidas pensiones han ido perdiendo poder adquisitivo durante los últimos años debido a que están congeladas al mismo tiempo que los precios no han dejado de subir. En segundo lugar permite cumplir los objetivos de déficit que nos vienen marcados por la Unión Europea. Esos mismos que impedían hasta hace cuatro días incrementar el valor de las pensiones, permiten ahora que este aumente gracias a que se logra una fuente adicional de ingresos. Por último, se intenta paliar un escándalo económico como es la ventaja comparativa que tienen las empresas tecnológicas sobre las normales debido a su facilidad para eludir el pago de impuestos y no tener que abonar estos a los Estados de la UE en los que realizan su negocio.
Sin embargo, esta aparente idea genial que parece conciliar lo imposible de compatibilizar, no es más que un parche fiscal que pretende salir del paso sin abordar a fondo y con valentía tres aspectos de la realidad económica que precisan ser repensados y que están más relacionados entre si de lo que pueda parecer a primera vista. El primero de los tres es el de las pensiones. En nuestro sistema de pensiones conviven pensionistas que tienen unos ingresos superiores a los salarios de muchos de los jóvenes que están trabajando en estos momentos (y que financian con su aportación las pensiones de sus mayores) con otros que tienen unas pensiones tan reducidas que no les da para tener una vida digna. Estas desigualdades en las pensiones tienen, además, el problema de que la cantidad de pensionistas y el volumen de las pensiones se ha incrementado estos últimos años, lo que unido a que la recaudación se ha reducido hace que la financiación de las pensiones corra peligro. Esta bajada de ingresos por cotizaciones a la seguridad social no solo se da por la bajada del salario medio, sino también porque a partir de un determinado salario ya no se cotiza más a la seguridad social. Esto supone que las subidas de salarios a quienes los tienen más altos no suponen incrementos de ingresos a la seguridad social mientras que subir la remuneración a los asalariados que menos reciben sí que lo hace.
La envergadura del desafío del sistema de pensiones no puede ser abordado con frivolidades como un impuesto a las tecnológicas, necesita un replanteamiento global en el que, a mi juicio, dos de las cuestiones más importantes a tener en cuenta son, por un lado preguntarse acerca de si no habría que reducir las diferencias entre las pensiones más altas y más bajas aumentando las más reducidas y bajando las más altas para que al final la media fuese la misma pero no hubiese pensionistas pobres. Por otro lado habría que repensar si es justo que haya límites superiores al pago de las cotizaciones a la seguridad social, de modo que incrementos de los salarios altos supusiese también un incremento de las cotizaciones a pagar. Todo ello resultaría en una relación más difuminada entre pagos realizados y pensión recibida, pero solucionaría de una manera más adecuada los profundos problemas financieros que tiene el sistema.
El segundo problema involucrado en esta medida es el del déficit público. El estado español se gasta constantemente más de lo que ingresa. Tenemos un problema estructural que no se soluciona solamente con una nueva fuente de ingresos. Aunque tenemos una estructura fiscal similar a la de otras naciones de la UE, nuestra recaudación está varios puntos por debajo de la media. Esto hace que aunque nuestro gasto público también está por debajo de la media europea (aunque en menor medida que los ingresos) tengamos siempre unos déficits más elevados que la media. Habría que hacer tomarse en serio las causas que provocan que a pesar de tener una estructura fiscal similar, nuestra Hacienda Pública recaude tan poco y estemos tan lejos de lo que recaudan otras haciendas similares a las nuestras. Tanto las causas de esta realidad como las posibles soluciones han sido sugeridas por hacendistas que se dedican a trabajar estos asuntos ¿Por qué no se hace un programa a medio plazo para lograr corregir la baja recaudación que tenemos y así poder trabajar con superávit y no tener que hurtar fondos a las políticas públicas para pagar año tras año los intereses de la deuda a aquellos que tienen lo suficiente como para prestar al Estado?
Por último nos encontramos ante unas empresas tecnológicas que no solo aprovechan sus conocimientos tecnológicos para competir con otras empresas tradicionales y poder tener más y más beneficios año tras año, sino que consiguen eludir el pago de impuestos en los países en los que generan sus beneficios, para hacerlo en aquellos lugares en los que tienen unas condiciones más ventajosas que les permiten pagar menos impuestos. La existencia de paraísos fiscales (algunos de los cuales están dentro de la misma Unión Europea aunque esta no quiera reconocerlos como tales) y la libre circulación de capitales hacen que sea sencillo eludir el pago de impuestos y que empresas con unos altísimos beneficios paguen por este motivo una cantidad ridícula de impuestos. Este tema se tiene que abordar de una forma global y coordinada con, al menos, los otros países de la Unión Europea.
Como se puede observar, las cuestiones que se debaten aquí son de envergadura y precisan de soluciones a medio y a largo plazo que van más allá de lo propuesto por el ministro. Sabemos que es más fácil poner un parche fiscal que intente conciliar todos los intereses encontrados, pero creemos que lo que hay que hacer es abordar estos temas con valentía y buscar soluciones a largo plazo, no parches para salir del paso.
Artículo publicado en el periódico Levante el 15 de Marzo de 2018 en su página 3
Las palabras sostenibilidad y pensiones se escuchan conjuntamente con mucha frecuencia. Creo que es menester una reflexión desapasionada sobre estas dos palabras que nos permita ver más allá de la actualidad y reflexionar sobre este tema con la mirada puesta en el largo plazo. Vale la pena comenzar con los hechos. La práctica totalidad de los analistas están de acuerdo en que el sistema de pensiones tiene problemas. Como sabemos, se trata de un sistema de reparto en el que los pagos de las pensiones actuales se realizan a partir de las cotizaciones que realizan los trabajadores en este momento. Eso significa que quienes trabajamos ahora estamos financiando a los pensionistas de ahora. El sistema funciona bien mientras hay varios trabajadores por cada pensionista, ya que así las cotizaciones de varios sirven para pagar a un beneficiario. Sin embargo, el número de personas que cotizan por pensionista estuvo en 2017 en 2,3 y los ingresos no se recuperan. Dos son los factores que afectan de una manera directa a esta circunstancia. Por un lado la mayor longevidad de las personas mayores que incrementa el número de pensionistas, por otro lado que los nuevos cotizantes tienen salarios más bajos lo que reduce los ingresos y que los nuevos pensionistas reciben pensiones más altas lo que aumenta el gasto. Los problemas económicos del sistema no son algo nuevo y no hay perspectivas de cambio en las cifras si todo sigue igual. Por ello, parece necesario hacer algo para que esto no acabe repercutiendo en un colapso del sistema.
Voy a hablar aquí de dos alternativas que tenemos a la hora de abordar esta realidad. La diferencia entre ambas no está tanto en los intrumentos o medidas que pueden utilizar ambas, sino en la prioridad que se plantean cada una de ellas que puede determinar tanto las soluciones que se pretende dar como la manera de utilizar unos mismos instrumentos. Solo acercándonos a este análisis desde las prioridades, podemos entender el porqué de esa incomprensión entre quienes tienen una prioridad y quienes tienen otra. La primera posición tiene como objetivo principal la sostenibilidad del sistema. Quienes están en esta postura no quieren afrontar una reforma en profundidad del sistema porque o bien les gusta y creen que es bueno, o bien lo ven tan difícil que prefieren no ponerse las manos a la obra en esta cuestión. Si la prioridad es mantener lo que hay y garantizar sus sostenibilidad, las soluciones giran alrededor del los gastos y los ingresos, esto es, solucionar el problema que tenemos de un déficit creciente de funcionamiento aplicando una política de bajada de los gastos, de subida de los ingresos o de ambas cuestiones al mismo tiempo. Si (como sucede con frecuencia) subir los impuestos parece algo no aceptable y que no debe realizarse, la única solución es recortar por la vía de gastos reduciendo los pagos de pensiones. Esto repercute en consecuencias negativas sobre todos los pensionistas, pero afecta en especial a aquellos que cobran pensiones más bajas que son insuficientes para llevar una vida digna. La insuficiencia de sus pensiones se va acrecentando en la medida que sube el nivel de vida y ellos ven como la cuantía de sus pensiones está congelado.p
La segunda posición es aquella que lo que quiere es sostener las pensiones. Es decir, aquella que piensa que el principal objetivo debería ser, mantener un nivel de vida adecuado a aquellas personas que por su edad, ya no pueden desarrollar un trabajo remunerado que les permita vivir con dignidad. Para quienes así piensan mantener o incrementar (en el caso de las pensiones más bajas) la cuantía de las pensiones es el objetivo prioritario y la viabilidad del sistema debe ponerse al servicio de este. Esta es la idea que subyace en muchos de los pensionistas que se manifiestan en nuestro país, que saben que el sistema debe ser viable, pero que la prioridad debe ser garantizar la existencia pensiones dignas y para eso habrá que cambiar el sistema si es necesario, pero sin comprometer el objetivo final de unas pensiones que ofrezcan una vida digna para los mayores. Esta segunda idea precisa de un cambio del sistema que afecte tanto a ingresos como a gastos, pero esta modificación del sistema se pone al servicio del mantenimiento de unas pensiones dignas.
Como se podemos observar, la fijación de la prioridad es clave para ver cuáles son las medidas que se quieren aplicar y que resultados van a tener estas. En el sistema de pensiones se vuelve a poner de relieve uno de los grandes dilemas que aparece en la discusión económica actual ¿Debemos de poner como prioridad los asuntos meramente económicos como es el déficit de la Seguridad Social y subordinarlo todo al objetivo de acabar con este para garantizar la sostenibilidad del sistema? O por el contrario ¿Debemos poner la técnica, es decir, la necesaria sostenibilidad al servicio del objetivo primordial del sistema de pensiones que no es otro que garantizar una vida digna a las personas mayores que no pueden obtenerla por sus propios medios debido a su edad avanzada? La respuesta a esta pregunta es la que va a hacer que se tomen unas medidas u otras y que se sigan unas políticas u otras.
Artículo titulado «Rentas de ciudadanía. Justicia social desde el bien común» publicado en la revista Noticias Obreras, número 1592 de Febrero de 2017, pág: 19-26.
Os presento un vídeo de 90 segundos en el que se explica alguna de las implicaciones más importantes de la Renta Básica:
Y aquí va una explicación en un audio de algo más de 10 minutos que fue emitido en Radio Nacional para complementar esta información sobre las diferencias entre una renta básica y una renta mínima.
Artículo públicado en la revista ICONO, año 117, nº 11, Diciembre 2016, pág: 26 y 27
Uno de los temas más debatidos en la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) es su opinión ante los sistemas económicos que rigen las naciones. La manera en la que organizamos nuestra economía tiene unas consecuencias evidentes sobre la producción, la distribución de lo que tenemos y el cuidado del medio ambiente. También sobre los comportamientos económicos de las personas y de las instituciones que llevan a ambas a seguir un determinado camino u otro. Por ello, desde la primera encíclica papal que inauguró la DSI (Rerun novarum) la Iglesia se ha pronunciado sobre los distintos sistemas económicos y las ideas económicas que los sustentan.
Los sistemas socialistas
Ante unos sistemas económicos que pretendían poner en práctica los postulados de la ideología marxista, la Iglesia siempre se ha manifestado de una manera negativa. El motivo principal por el que se ha dado esta crítica se ha basado en el totalitarismo que exhibían (y exhiben), en la anulación de la libertad y del individuo (desde una concepción en la que la persona es un simple elemento del organismo social) y en un esquema basado en el conflicto (la lucha de clases). Por ello, desde la encíclica Rerum novarum hasta la Centesimus annus, se critican los errores antropológicos del marxismo que le llevan a sustentar sistemas condenados al fracaso y negativos para las personas que habitan en ellos.
El liberalismo
Ante una caída de los países socialistas en Europa (que no en otros lugares del mundo) a finales de los años ochenta del pasado siglo, la encíclica Centesimus annus (CA) se planteaba si esto quería decir que el capitalismo era la opción por la que apuesta la Iglesia para organizar económicamente las sociedades. En este punto, la encíclica rechaza una clase de capitalismo que podríamos denominar “salvaje” y del que ya se había separado la DSI en anteriores encíclicas y en especial en la Rerum Novarum (que intentó alejarse tanto del socialismo como del liberalismo más radical). Aquí es donde se enmarca el texto tantas veces repetido y que aparece en el 42 de la CA: “La respuesta obviamente es compleja. Si por «capitalismo» se entiende un sistema económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad para con los medios de producción, de la libre creatividad humana en el sector de la economía, la respuesta ciertamente es positiva, aunque quizá sería más apropiado hablar de «economía de empresa», «economía de mercado», o simplemente de «economía libre». Pero si por «capitalismo» se entiende un sistema en el cual la libertad, en el ámbito económico, no está encuadrada en un sólido contexto jurídico que la ponga al servicio de la libertad humana integral y la considere como una particular dimensión de la misma, cuyo centro es ético y religioso, entonces la respuesta es absolutamente negativa.”
El sistema socialdemócrata
Como la misma Centesimus annus añade la idea de que el Estado es quien tiene que orientar la labor del mercado para que cumpla su importante función social, algunos autores comentan que el sistema económico más ajustado a aquello que afirma la DSI es el socialdemócrata. Es decir, una organización económica basada en la economía de mercado que articula instrumentos para paliar y reducir las desigualdades y la pobreza que esta genera si no se le ponen trabas a su funcionamiento (en especial el estado de bienestar). Esta es la idea que parece reflejar el anterior párrafo, un sistema capitalista orientado correctamente y que ofrece instrumentos para paliar sus problemas económicos (especialmente el de distribución)
La apuesta por las economías emergentes
Sin embargo, la encíclica Caritas in veritate (CiV) dio un paso más allá a la hora de cambiar esta idea, tal vez anquilosada, de lo que se ajusta más o menos a la DSI. Porque esta Encíclica de Benedicto XVI introduce en liza lo que Pedro José Gómez Serrano viene a denominar “las economías emergentes”. CiV diferencia entre los instrumentos y las finalidades de una economía, afirmando que instituciones como el libre mercado no son intrínsecamente malas, sino que dependiendo de cómo se utilicen y hacia dónde se orienten, tendrán unos resultados positivos o negativos para las personas (idea ya vista en anteriores encíclicas). Pero donde avanza Benedicto XVI e incide en algo que ya se vislumbraba en anteriores documentos de la DSI es cuando afirma que las relaciones de fraternidad y la lógica del don pueden y deben introducirse en las relaciones económicas. Por ello, en el mensaje del día mundial de la paz de 2013 anima a construir un nuevo modelo de desarrollo y una nueva visión de la economía. Ya no se trata de apoyar dos ideas (socialismo y liberalismo) que no tienen en cuenta a las personas y que las dejan a un lado, u otra que reconoce que el mercado trae malas consecuencias sobre la desigualdad y el bienestar de muchos excluidos e intenta que el Estado sea quien se haga cargo de reorientar este problema (keynesianismo), sino de reorientar la economía para lograr que la misericordia, el compartir y la lógica del don impregnen las instituciones y el quehacer económico. La DSI anima, pues, a profundizar en los caminos que comienzan a transitar las economías emergentes, para construir un sistema económico que supere las fronteras que limitan al actual y que sustente una nueva visión de la economía más humana y solidaria.
Artículo publicado en Noticias Obreras nº 1590, Diciembre 2016, pág: 12 y 13
El nuevo plan de presupuestario del gobierno, que tiene que ajustarse a las indicaciones de la Unión Europea con respecto al déficit público, prevé un ajuste de unos 5.500 millones de euros el próximo año. Parece que este ajuste se realizará vía gasto público, es decir no incrementando los impuestos sino reduciendo el gasto (estos son los dos sistemas ineludibles para reducir un déficit, incrementar ingresos o reducir gastos) y parece evidente que, también, nuestro nuevo gobierno está dispuesto a cumplir con estas exigencias (para algo estamos en el club de la Unión Europea)
Ante este nuevo ajuste debemos tener en cuenta varios factores para poder formarnos una opinión argumentada sobre su pertinencia o no. El primero es que no se puede mantener una administración que esté permanentemente en déficit. El Estado, como cualquier institución, no puede sobrevivir si año tras año se gasta más de lo que ingresa. Además, un déficit continuado tiene que financiarse y esto supone tener que pedir prestado dinero para poder mantenerlo. La financiación tiene un coste y esto son gastos añadidos al presupuesto que no pueden ser utilizados para políticas sociales, inversión u otros menesteres útiles para la sociedad.
Siendo este el punto de partida y una realidad ante la que nos encontramos, el presupuesto y su equilibrio debe ser un instrumento para alcanzar unos objetivos económicos comunes, debe estar al servicio de los objetivos públicos y debe, por tanto, subordinarse a estos. No podemos poner el déficit o el superávit por encima de los objetivos económicos sino al contrario, al servicio de estos. Si es necesario realizar un ajuste del presupuesto para evitar que exista un déficit, esto debe hacerse de la manera menos nociva para la consecución de los objetivos públicos tanto a corto como a largo plazo. Lo importante no tendría que ser recortar a toda costa, sino ver como se consigue el equilibrio presupuestario para que las políticas importantes se vean lo menos afectadas posible.
Además, la gestión del déficit a nivel nacional, tiene otro componente que hay que tener en cuenta y que no es significativo cuando intentamos equilibrar presupuestos individuales, de empresas o de cualquier otra institución. El volumen del gasto y los ingresos públicos tiene repercusiones que van más allá del propio sector público. Reducir gasto (por ejemplo) no solamente puede mejorar las cuentas públicas, sino que además puede tener repercusiones sobre la economía del país. Gastar menos supone reducir el crecimiento económico de la nación (no solo por la reducción, sino también por los efectos multiplicadores negativos que tiene el gasto sobre el consumo de los particulares) lo que en un corto plazo de tiempo puede hacer que bajen los ingresos públicos. Esto significa que una política que intenta reducir el déficit puede acabar provocando más déficit en un futuro porque reduce la producción, lo que acaba afectando al pago de impuestos y consecuentemente a una disminución de la recaudación.
Pero quizá, el elemento más discutido tiene que ver con el volumen de gasto e ingresos públicos que tiene nuestro país. Porque el volumen de gasto público español en 20151 fue de un 43,5% del PIB mientras que la media de la Unión Europea fue de un 47,3%. Los ingresos públicos supusieron en España un 38,6% del PIB mientras que la media de la UE fue 44,9%. Esto quiere decir que si en España ingresásemos lo mismo que la media de los 28 países de la Unión Europea, manteniendo el gasto público que tenemos, no solo no tendríamos déficit, sino que estaríamos en superávit (por más de un punto). Esto lleva a muchos economistas a afirmar que el problema de nuestro déficit no es el de un nivel de gasto exagerado (15 países de la UE gastaban un porcentaje más elevado del PIB en 2015) sino el de una recaudación muy reducida (Solamente cinco países de la UE, Reino Unido, Letonia, Rumanía, Lituania e Irlanda, tuvieron unos ingresos públicos menores que España)
Vista la situación en la que nos encontramos ante el próximo ajuste, creo que los criterios que deberían guiarnos a la hora de tomar posición ante él son los siguientes:
Un déficit continuado y permanente no es conveniente, los ingresos deben estar por encima o al mismo nivel que los gastos a medio y largo plazo, por lo que no podemos pensar que recurrir a la deuda continuamente es una política adecuada porque esta acaba siendo regresiva y reduce las posibilidades de gasto por el pago de intereses.
Dicho esto, la reducción del déficit no puede ser el objetivo principal de una política económica a la que se subordina todo lo demás. La reducción del déficit tiene que ser una política que se ponga al servicio de los objetivos económicos de la sociedad.
Si aceptamos la opción preferencial por los más desfavorecidos, la reducción del déficit debe ser una política que acabe siendo beneficiosa para las capas más empobrecidas de la población, debido especialmente a que esa reducción del déficit permite que el dinero que se ahorra en intereses se destine a políticas sociales y a aquellos que peor lo están pasando.
Para ello, hay que calibrar en primer lugar si nos es más conveniente reducir partidas de gasto que nos bajen todavía más de la parte central de la tabla en cuanto a gasto público en la UE o si por el contrario la política más adecuada es la de incrementar los ingresos para ponernos al nivel de la media de los países de la UE.
Si pensamos que la reducción del gasto es el camino adecuado, esto no se puede hacer de una manera lineal (reducimos el gasto en todas las partidas) sino que hay que ver aquellas que van a afectar menos a los más desfavorecidos de la población y aquellas que tienen menos efectos multiplicadores sobre la economía.
Si la opción es la de incrementar ingresos habrá que analizar cuáles son las partidas de ingresos que conviene incrementar para que esta bajada de la renta de los agentes económicos tenga pocos efectos sobre la actividad económica y pocos efectos sobre las familias y personas más pobres.
Desgraciadamente, parece que esto no va a ser así. El déficit ha pasado de ser un instrumento a ser un objetivo prioritario, por lo que seguramente nos encontraremos con otra bajada de gastos indiscriminada, que afectará a todos sin plantearse si quiera la posibilidad de subir los ingresos para lograr el mismo objetivo.
Aquí tenéis el decimotercero cuaderno HOAC que publicado por Ediciones HOAC he escrito sobre el tema Rentas de ciudadanía. Justicia social desde el bien común.
Artículo públicado en la revista ICONO, año 117, nº 7, Julio 2016, pág: 26 y 27
Hace unas semanas se entrevistaron conmigo unas personas de una empresa que representa a diversos economistas que tienen repercusión pública debido a su intervención en programas de la televisión. Me proponían algo que a su juicio tenía buenos resultados y era lo que más demandaban alumnos y público en general: un debate en el que se enfrentarían dos economistas, uno partidario de lo privado y otro de lo público. Cada uno de ellos defiende una postura aparentemente opuesta. La primera que el tamaño de lo público debe reducirse lo máximo posible ya que su gestión es por naturaleza ineficiente y debe potenciarse lo privado. La segunda ve a lo privado como un peligro ya que siempre defiende los intereses individuales de alguien (además ese alguien suele ser el más favorecido) por lo que hay que potenciar lo público que es, por naturaleza, quien defiende los intereses de todos y en especial de los más desfavorecidos. El debate que me ofrecían estas personas en mi despacho de la facultad es el que, por desgracia, parece primar no solo entre los tertulianos televisivos, sino también entre los partidos políticos que componen el espectro nacional.
Las actuaciones política en clave privado contra público
De hecho, creo que esto es lo que estamos viendo en las actuaciones políticas de gobiernos de uno y otro color. Unos afirman que lo público no funciona bien y en lugar de intentar solucionarlo para que las cosas vayan mejor (cosa que además sería su responsabilidad ya que son los gestores de lo público) sugieren privatizar lo público y venderlo a intereses privados pensando que esto va a mejorar su gestión. Los otros, piensan que si lo público no funciona como debería es por culpa de lo privado, con lo que se dedican a legislar en contra de lo privado pensando que así se favorece lo público. Las dos opciones escurren el bulto, envian los balones fuera. Si lo público no funciona o puede funcionar mejor, la solución no es privatizar o ir en contra de lo privado, sino arremangarse e intentar solucionarlo, ponerse manos a la acción para que funcione mejor, gestionarlo correctamente… Las ideologías anti-privado y anti-público hacen que los políticos no se centren en lo esencial, es decir, en mejorar la gestión de lo que tienen.
La DSI y el bien común
Ante ello la Doctrina Social de la Iglesia propone un concepto de bien común que es fácilmente aceptable por personas cristianas y no cristianas. El bien común es definido por el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia como el «el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección». Es decir, buscar el bien común es buscar la manera de organizar nuestra sociedad que nos permita a todos y a cada uno de nosotros lograr nuestros anhelos vitales, vivir con dignidad, tener lo suficiente para poder realizarnos como personas a lo largo de nuestra vida. Y esto se pretende lograr, para todos, sin excepción, sin que nadie quede excluido por su lugar de nacimiento, su color, su religión, su raza, su sexo, sus ideas o preferencias, su historia anterior, su opción vital…
El estado tiene como función principal lograr ese bien común
El estado tiene como función principal lograr este bien común. Es su labor primordial y debe poner todos sus esfuerzos para lograrlo. Porque el estado está al servicio de todos y cada uno de nosotros y debe esforzarse en que podamos vivir en sociedades libres en las que el camino para lograr nuestros propios objetivos sea lo más sencillo posible. Sobre esta base algunos piensan que el sector privado no funciona así y que este tan solo busca objetivos particulares y propios. En esto se basa el enfrentamiento entre uno y otro. Institución que busca el bien común (Estado) ante otras que buscan solo el bien propio (privadas). Sin embargo esto no es siempre así (aunque en ocasiones lo es), muchas entidades privadas también tienen como objetivo la búsqueda del bien común. La Doctrina Social de la Iglesia nos dice que la búsqueda del bien común, aunque sea el principal objetivo del Estado, es una labor que nos involucra a todos, las personas, las instituciones, las empresas. Por ello, podemos pensar que en esta labor, lo privado no debería actuar como opuesto a lo público, sino como colaborador necesario.
La colaboración pública-privada
Las ideologías anti-privada y anti-pública, se construyen ambas sobre la idea de que los intereses privados y públicos son realmente opuestos y ambas potencian, en todo los casos, que lo sean. Por eso, es necesario superar esta concepción y entrar en un modelo de colaboración que supere las desconfianzas mutuas y piense que tanto uno como otro son positivos para construir una sociedad mejor. Evidentemente el sector público tendrá que incentivar a aquellas empresas e instituciones privadas que realmente priorizan la construcción del bien común y desincentivar a aquellas que priorizan sus objetivos particulares a costa de ir en contra del bien común. A partir de aquí, tendremos que mirar de una manera ponderada y caso por caso, que clase de institución es mejor para lograr el bien común. Por que sabemos que en ocasiones, es una institución pública la que cumple mejor este objetivo, en otras es mejor una privada y en otras puede ser indiferente. Una sociedad sana, necesita potenciar las entidades privadas que mejoran el bien común y la colaboración entre agentes públicos y privados ambos puestos al servicio de las personas.
Estamos en periodo pre-electoral. Por ello os recuerdo este cuaderno de ética en clave cotidiana que escribimos el pasado año entre Rafael S. Hernández y yo mismo.
En ella damos pistas de por dónde creemos que deberían apuntar nuestros partidos para mejorar nuestra sociedad en una clave ética.
Es recomendable su lectura para discernir a quien queremos votar.
Artículo publicado en la revista Punto.CEU nº 30 de Enero de 2015, en su página 59
Todos los informes que estamos conociendo acerca de la situación de la pobreza infantil en nuestro país coinciden: más de uno de cada cuatro niños está viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Estos niños se concentran en familias numerosas y en familias monoparentales y es una realidad que ya se daba (aunque con menor intensidad) antes de la crisis.
Como demuestran todos los estudios, episodios recurrentes de pobreza en la infancia hacen que quienes los sufren tengan menos instrumentos para afrontar los desafíos a los que se enfrentarán cuando sean adultos y más posibilidades de permanecer en la pobreza. Esto es debido esencialmente a la desesperanza y fatalidad de unos progenitores que, a pesar de buscar empleo digno, no lo consiguen y a los problemas de socialización que tienen estos niños derivados de que todas las actividades extraescolares o asociativas precisan de desembolso económico.
Las políticas de ayuda alimentaria y de emergencia para la infancia no están bien enfocadas ya que separan al niño necesitado del resto de los niños (y en ocasiones de los padres cuando solamente reciben ellos la ayuda y no toda la familia) y pueden producir guetos de niños pobres lo que ahonda en el problema expuesto, más que solucionarlo.
Por ello creo que las ayudas deberían darse a la familia (y no solo a los niños), deberían facilitar el pago de las cuotas de las actividades culturales, deportivas o extraescolares (o realizarlas de una manera gratuita) y buscar la promoción de la unidad familiar. Esto debe ser un compromiso de la sociedad en su conjunto, por lo que debe traducirse en una acción pública y coordinada y que nos permita alejarnos del furgón de cola de la Unión Europea en cuanto a ayudas a la familia y a la infancia y mejorar, de una manera real, la situación de tantos niños que están creciendo en unas condiciones de pobreza que están condicionando su futuro, y el nuestro.
Artículo publicado en Levante EMV – Suplemento El Mercantil Valenciano EMV, el domingo 23 de Noviembre de 2014, en la página 18
Los hechos son conocidos. El mismo protagonista y principal responsable del gobierno luxemburgués los ha reconocido en rueda de prensa, y la Eurocámara le ha dado su apoyo. El gobierno luxemburgués pactó de una manera secreta ventajas fiscales a empresas multinacionales para que tributaran en su país. Parece además (según declaraciones del propio Jean Claude Juncker, que es a su vez presidente de la Comisión Europea) que Luxemburgo no es el único país que lo hace y que otros llevan a cabo estas prácticas que permiten que las grandes empresas paguen menos impuestos en la UE que las pequeñas, a pesar de que ganan más.
Pero no solo hemos conocido esto, sino que los grupos mayoritarios de la Eurocámara han respaldado a Juncker. Los argumentos para hacerlo han sido varios, pero ha habido dos que han predominado. Por un lado, este comportamiento es legal y se opina que estos acuerdos se hubiesen hecho de todas maneras aunque él no hubiese sido el presidente de Luxemburgo, ya que estos pactos intentan defender los intereses del país (que es lo que Juncker tenía que hacer como presidente). Si no los hacen ellos, los hace otro país y se lleva los impuestos para él. No es una cuestión de personas, sino de la estructura competitiva en la UE. Por ello, concluye este razonamiento, hay que apoyar a Juncker y exigirle que haga en la UE lo que tan bien hizo en su país: defender nuestros intereses comunes.
El segundo motivo es más sencillo: hay que apoyarlo para no dar fuelle a los euroescépticos y a los eurófobos.
Comienzo por el segundo. Hacer piña con alguien del que se reconoce que ha hecho algo legal que no es bueno para el bien común, pensando que es la mejor manera de defenderse ante los euroescépticos, me parece de una bisoñez impropia de políticos experimentados. Creo que un apoyo de este cariz no solo no defiende a Europa de las ideas que la critican, sino que apoya a aquellos que lo hacen, y les refuerza en su convicción y argumentos.
Pero me gustaría centrarme más en el primer razonamiento y cómo este contiene un componente ético fundamental que mina la confianza en las instituciones y en la UE. La defensa de Juncker realizada por sus correligionarios europeos se basa en una concepción de la acción pública en la que cada uno tiene que buscar su propio interés o el de los suyos. De este modo, los países deben pensar en ellos mismos, y sus representantes deben defender sus intereses frente a los de otras naciones. Por ello están legitimados esta clase de acuerdos que atraen a las multinacionales a que paguen pocos impuestos, porque así los pagan a nuestro país y no a los gobiernos de las naciones en las que generan sus ganancias. Los accionistas de las empresas (que buscan su propio interés de lograr mayores beneficios) se aprovechan de esta competencia entre países y se instalan en aquellos en los que pagan menores impuestos. Es evidente que cuanto mayor sea la empresa más posibilidades tiene de hacerlo.
Esta concepción ética nos ha dicho que esto es lo mejor para todos, que buscar el interés propio es bueno para el común, que gracias a eso la economía funciona y se encuentran las mejores soluciones para lo público y lo privado. Que hay que desconfiar de quien dice luchar por el bien común porque seguro que nos está engañando y al final tiene unos intereses propios ocultos.
Sin embargo, nuestra experiencia nos dice que esto no es así. Que cuando todos buscan su propio interés, gana más quien más fuerza o poder tiene. Que aquellos que son pequeños o débiles salen perdiendo o son “descartados” por el sistema, ya que no son capaces de defender o hacer valer sus intereses.
Y es evidente que esta opción ética de legitimar la búsqueda del propio interés no solamente provoca actuaciones como la descrita o beneficios para las grandes empresas, sino que lleva también a que una empresa esté dispuesta a pagar mordidas para lograr un contrato (al fin y al cabo lo que interesa es ganar más y si no lo hago yo lo hará otro) o a un político a recibirlas (él también quiere ganar lo máximo en su trabajo como representante público).
Por ello, los partidos mayoritarios harían bien si dejasen de hacer piña en torno a una concepción ética discutible que nos está dando unos malos resultados, para intentar modificar sus objetivos y maneras de actuar.
Esto supone dos clases de cambios. El primero, un cambio personal. Precisamos representantes que no pretendan defender sus o mis intereses, sino que se preocupen por el bien común, que trabajen por una sociedad mejor.
La segunda es que no es suficiente un cambio en las personas, sino que también hay que cambiar las estructuras. Las instituciones también son éticas o no en la medida que potencian unos comportamientos u otros. El ejemplo aquí descrito lo muestra de una manera evidente. Necesitamos cambiar las instituciones para impedir esta clase de comportamientos que solamente benefician a unos pocos: a quienes menos ayuda necesitan.
O este cambio lo realizan los grandes grupos políticos o lo harán otros en su lugar. Cuando antes se den cuenta de que la ciudadanía lo exige y quiere mejorar la sociedad luchando por el bien común, mejor. Si no lo hacen, corren el peligro de seguir pensando en sus propios intereses y verse sobrepasados sin entender nada de nada.
Desde el Observatorio de Investigación sobre Pobreza y Exclusión en la Comunitat Valenciana de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Cáritas de la Comunidad Valenciana y la Fundación FOESSA hemos publicado el primer estudio de lo que pretende ser una serie anual que trate los datos coyunturales sobre pobreza, desigualdades y privación en la Comunitat Valenciana. (puedes consultarlo aquí)
En el informe hay una primera parte de análisis de la realidad coyuntural de la Comunitat Valenciana en cuanto a la renta per cápita, el mercado de trabajo y la pobreza, desigualdades y privación. Una segunda que adelanta los resultados del informe FOESSA que se presenta a finales de Octubre de 2014 y por último, hay cinco artículos de encargo que profundizan sobre diversos temas de actualidad como son los presupuestos de la Generalitat en materia social durante los últimos años, el tema de los deshaucios y las soluciones que se han ido aplicando, la ayuda alimenticia como asistencia pura y dura en contraposición a un enfoque de derechos, la prevención y la intervención social en los niños más desfavorecidos y la economía social como alternativa al modelo económico actual.
Artículo publicado en la revista Razón y Fe, Nº1389-90, Julio-Agosto 2013, pág: 59-69.
Este artículo ofrece un puñado de propuestas de cara a la consecución en España de lo que se conoce como economía social de mercado. Aporta una serie de recomendaciones gracias a las cuales pueda regenerarse y hacerse más justo, más humano, más social y más igualitario el capitalismo que nos gobierna.
Si queréis leerlo completo podéis descargarlo en el siguiente enlace:
Artículo publicado en el periódico Levante EMV, en su suplemento dominical El Mercantil Valenciano EMV, el domingo 15 de Junio de 2014 en su página 18
El pasado 25 de Mayo tuvimos la oportunidad de ver los resultados a las elecciones europeas. No hace faltar recordar que quizá, la característica esencial de estos resultados en todo el espectro europeo, fue el crecimiento de las fuerzas euroescépticas y poco complacientes con la UE actual y la pérdida de peso de aquellos partidos que se encuentran más cómodos con la estructura política y económica de la Unión Europea en la actualidad.
El propósito de este breve artículo no es otro que señalar una de las causas que, a mi juicio, han provocado esta orientación en el voto de millones de europeos. No voy a realizar un análisis exhaustivo de todas los motivos que pueden haber llevado a esto, sino simplemente de uno de ellas que tiene una relación directa con las instituciones económicas en las que hemos basado la construcción de nuestro espacio común.
Para ello quiero recordar la afirmación que realizó en plena campaña electoral (el 21 de mayo) Ángela Merkel: “La Unión europea no es una Unión Social”. Así de categórica se mostró en afirmación en una entrevista publicada al finalizar la campaña electoral y hay que enmarcarla en la política alemana. Es decir, se realizó en clave nacional a propósito de los supuestos abusos que realizan algunos ciudadanos no alemanes del sistema de bienestar alemán. Sin embargo, la frase tiene un calado que va más allá, no solo por lo que dice, sino también por la persona que la pronuncia.
Según el diccionario de la Real Academia, social es “perteneciente o relativo a la sociedad”. Por ello, si alguien afirma que la Unión Europea no es social está diciendo que no pertenece o no tiene relación con la sociedad. Puede parecer duro, pero sin embargo es realista y además, no debería sorprenderlos. El primer nombre de la UE fue CEE, que como muchos recordarán significaba Comunidad Económica Europea y, en estos momentos, los especialistas sabemos que la Unión Europea es, realmente, una Unión Económica y Monetaria (aunque en esta última no participan todos los países).
Pero claro, una unión económica debería ser social también, por que la economía debería estar al servicio de las personas y de la sociedad ¿O no es así? Una organización económica funcionará bien en la medida que esté al servicio de la sociedad y sirva para que las personas se desarrollen como tales y salgan ganando con la organización económica de su país o región. Y esto, desgraciadamente, no parece que sucede en nuestra Unión Europea.
Este es, evidentemente, el problema. La contraposición es clara, la unión económica y monetaria no es una unión social, es otra cosa. Lo prioritario en ella no son las personas, no es la mejora de toda la sociedad europea, sino la bonanza de los indicadores económicos. Como se ha visto en esta crisis, a la hora de establecer las medidas necesarias para paliar sus graves consecuencias, se ha priorizado la devolución de las deudas financieras, se ha prestado dinero público a los deudores para que pudiesen hacer frente a los pagos a financiadores privados, se han tomado medidas para garantizar la salud financiera de los endeudados y que se comprometiese lo menos posible la devolución de sus deudas, se ha seguido priorizando la lucha contra la inflación de tal manera que ahora se teme precisamente lo contrario, la bajada de precios generalizada…
Esta reacción de la UE no debería sorprendernos. Cuando el Banco Central Europeo habla sobre las ventajas que tiene el Euro para la Comunidad Europea en sus propios documentos, afirma que son, entre otras: La rebaja de costes de cambio de divisas y de aseguramiento de riesgos ligados a estas, la eliminación de barreras a la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales, así como el fomento de la competencia dentro de la UE, la transformación de los mercados financieros y de los resultados macroeconómicos del conjunto de la Unión Europea, el incremento de las transacciones y de la inversión entre países de la Unión Europea y dar importancia al euro como moneda a nivel internacional en la medida que se incrementan los flujos financieros en euros.
Nos encontramos pues ante una Unión Europea que no es social, sino económica. Ante una institución que tiene como principal preocupación el mantenimiento del status quo económico. Que prioriza los beneficios logrados en los mercados financieros a los conseguidos con una economía real. Que tiene como prioridad aplacar a los financiadores y seguir las pautas que estos marcan, para lograr que estos les financien de la manera más barata posible (el ya clásico: “los mercados nos obligan”).
Y esto es lo que muchos europeos sienten, lo que muchos ciudadanos en muchos países notan. No tienen por qué entender de economía, tal vez no sepan exactamente por qué ni puedan explicar qué está sucediendo, pero se dan cuenta de que la UE no es una unión social, no está al servicio de los ciudadanos, acaba no beneficiándoles. Por ello votan a corrientes euroescépticas o a partidos que quieren cambiar radicalmente la UE o, simplemente, no van a votar… Se encuentran ante esa Europa que antes se definía como “La Europa de los mercaderes” y que ahora también podríamos redefinir como “La Europa de los financieros”. Una UE que no les convence, que no les ayuda, en la que no se sienten a gusto.
Por ello creo que debemos decirle a los grandes partidos y, especialmente, a los dos principales grupos de la eurocámara (el popular y el socialista) que hay que darse cuenta de esta cuestión clave: Si la UE no es una unión social ¿Para qué nos sirve? Si nuestra unión no refuerza la sociedad europea y no se pone al servicio de todos y cada uno de los ciudadanos europeos favoreciendo unos mínimos para todos ellos ¿Para qué unirse? ¿Sólo para que sea la UE un buen entorno para hacer grandes negocios? Esta clase de Unión no convence a la ciudadanía, no resulta atractiva para aquellos que no son partícipes de los beneficios que genera, no es positiva para la sociedad y esta la respaldará cada vez menos.
Artículo publicado en el periódico Las Provincias, domingo 2 de Febrero de 2014, página 34
Las últimas noticias nos dicen que la comunidad de Madrid ha desistido en su plan privatizador de algunos hospitales públicos madrileños. La dimisión del consejero de sanidad y el nombramiento de otro nuevo, son una prueba palpable de esta decisión y de la voluntad de tomar un rumbo diferente para solucionar algunos aparentes problemas de la sanidad pública madrileña. Además, el hecho de ser la primera Comunidad Autónoma que había tomado este camino, hacía que otras estuviesen esperando para ver sus resultados por lo que esta situación tiene unas repercusiones de alcance nacional.
Supongo que la situación de los responsables políticos de la comunidad de Madrid deberá ser, al menos, de perplejidad. Cuando has tomado un camino firme a pesar de una fuerte oposición popular y aquello que has defendido durante tiempo se desmonta y tienes que retirar tu posición, debes encontrarte desorientado, sin rumbo, sin saber exactamente cuál qué hacer entonces. Si esto es así, escribo este artículo para dar unas ideas sobre qué hacer, qué rumbo tomar, qué sendas transitar. Unas ideas abiertas al debate público pero que pueden ayudar al nuevo responsable de esta Comunidad y a los de otras que estaban expectantes con lo que pasaba en Madrid, para orientar su acción pública en el campo de la sanidad.
La primera idea que me gustaría recordar es por qué es importante un sistema de salud en una sociedad, o dicho de otra manera, que esperamos del sistema sanitario la práctica totalidad de los ciudadanos. Pues bien, aunque parezca obvio, consideramos buenos a nuestros hospitales, a nuestros centros de salud, a nuestro sistema sanitario si atienden bien a sus pacientes, si consiguen curar satisfactoriamente las enfermedades, si son capaces de preverlas… Por lo tanto, el principal objetivo de un sistema sanitario es dar servicio a los ciudadanos. Un sistema será bueno, si cumple bien este objetivo, si ayuda realmente a las personas enfermas. Si se quiere mejorar la sanidad hay perseguir este objetivo primordial y la bondad o no del modelo deberá ser medido por estos parámetros. Cuando olvidamos esto, estamos haciendo un flaco servicio a la ciudadanía y a la función esencial que tiene todo sistema sanitario. Sé que lo que digo debería ser obvio, pero en ocasiones no lo parece…
En segundo lugar, hay que tener en cuenta los límites económicos. Para lograr el objetivo principal se necesitan unos recursos y estos no son infinitos. No podemos pensar que existe un pozo sin fondo del que podemos sacar recursos sin fin. Esto lleva a que la prioridad sanitaria debe combinarse con un uso racional de los recursos. Evitar el despilfarro, aplicar aquellas estrategias que pueden lograr la excelencia sanitaria con un gasto menor, evitar aquellos gastos que no repercuten en una mejora sanitaria, son objetivos secundarios que hay que aplicar para garantizar que los primeros pueden seguir dándose. De este modo, el ahorro puede convertirse en una manera de lograr mejorar las condiciones sanitarias y el servicio en salud que se ofrece. En la medida que se gasta menos para lograr lo mismo, se liberan recursos que pueden centrarse en lo importante, la atención sanitaria de las personas…
Algunos afirman que esto último lo hacen mejor las empresas privadas. Suponiendo que esto fuese así (que no siempre tiene porque serlo) lo que debe hacer el gobierno de turno es aplicar esas medidas o esas maneras de gestionar la salud en sus propios centros públicos. Si la centralización de compras, la reducción del número de menús, el control del material se han demostrado eficaces para lograr ahorros sin que estos repercutan en un peor servicio sanitario ¿Por qué no aplicarlos a la gestión pública? En este sentido, existen estudios rigurosos que aportan evidencias empíricas de medidas eficaces que han logrado ahorros en la gestión sin necesidad de perjudicar a los pacientes, sino todo lo contrario, ya que el dinero liberado se puede utilizar para aquellas acciones que tienen unas consecuencias directas sobre ellos.
Además de estas medidas, hay que tener en cuenta que el mayor activo de la sanidad pública son sus trabajadores, médicos, enfermeros, auxiliares y cualquier otro personal que trabaje con ellos codo con codo. El gobierno que dirige la sanidad pública debe ser capaz de liderar este conjunto de personas para que logren los objetivos sanitarios de una manera eficaz y poniendo todo su ser en ello. El personal sanitario es un personal muy vocacional y entregado a su trabajo porque saben que de ellos dependen la salud y la vida de las personas y porque les toca afrontar día a día, realidades críticas y difíciles como son las que se derivan de la enfermedad propia o de los seres queridos… Por ello, facilitar la motivación de este personal (ya de por si motivado por su propia vocación) y potenciar todo lo bueno que hacen y saben hacer es una labor de liderazgo y dirección que deben potenciar los responsables de la sanidad pública.
Por último, para lograr el objetivo prioritario de la sanidad, hay que potenciar la participación de todos en las estrategias y en las acciones a llevar a cabo. Los equipos directivos deben trabajar conjuntamente con su personal y con los afectados para elaborar sus estrategias y actuaciones. Si se quieren adoptar estrategias que logren mejorar el servicio sanitario e intentar que esto se haga utilizando menos recursos para poder llegar a más (o al menos a lo mismo) quienes están trabajando en el día a día sanitario tienen también algo que decir y que aportar. Deben, por ello, articularse sistemas de consulta, de diálogo, de participación. Es necesario que todos se sientan importantes e involucrados en esa preciosa labor de sanar a los enfermos tan necesaria para una sociedad. En este sentido, creo que también es importante la existencia y utilización real de los comités éticos, ya que muchas de las cuestiones a abordar tienen un componente ético importante. Dar la debida relevancia a estos comités ayuda a la hora de tomar decisiones que tienen unas implicaciones humanas vitales…
Artículo publicado en Noticias Obreras nº 1555, enero 2014, pág: 13-14
El pasado mes analicé la polémica que existe entre la consecución de objetivos públicos a través de empresas privadas o de empresas públicas. No lo hice de una manera exhaustiva sino que me centré en tres puntos: a) La comparación entre un tipo de gestión y el otro y el fracaso de los gestores públicos que privatizan. b) El debate sobre si la prioridad del sector público debe ser lograr reducir sus costes o dar unos servicios adecuados y de calidad. c) La idea de si lo mejor para una sociedad es que el dinero esté en los bolsillos de quien lo gana, por lo que siempre es mejor rebajar los impuestos, o si, por el contrario, la utilización pública de nuestros fondos es una opción válida.
Evidentemente, el análisis quedo falto de un remate, en especial para reflexionar sobre si el ofrecimiento de servicios públicos a través de empresas privadas es una política positiva para la sociedad o no. En este debate, algunos consideran que la empresa privada es un mal a extirpar, que esta clase de organización tiene una manera de comportarse que trae problemas a la sociedad en su conjunto y por ello, el sector público no debería dejar en sus manos la gestión de ninguno de los bienes o servicios públicos que gestiona.
Esta idea se basa en la existencia de empresas que solamente resultan positivas para aquellos que han invertido su dinero en ellas, mientras que sus trabajadores son considerados únicamente como un coste de producción que debe ser minimizado a toda costa. Para ellas la calidad del servicio debe de ser la mínima para poder seguir vendiendo el producto y generando beneficios, pero no hay una preocupación finalista por el producto y su calidad, sino que estos son solamente un medio para lograr otro fin.
Sin embargo no todas las empresas son así, la empresa privada no tiene por qué ser siempre algo que vaya en contra del bien común o de la mejora de la sociedad. Las empresas como organizaciones cumplen tres funciones esenciales en la sociedad que son las de producir bienes y servicios útiles, permitir que las personas unamos nuestros esfuerzos para aportar este grano de arena a la mejora de nuestro entorno y ser un medio para que nos ganemos la vida de una manera digna y podamos desarrollarnos como seres humanos creciendo en madurez y sabiduría.
Aquí está el punto clave en el que se encuentra la frontera entre la clase de gestión que preferimos a la hora de producir y ofrecer un servicio o bien público. Si una gestión solo está concentrada en la consecución de un determinado rendimiento para sus accionistas y no tiene una preocupación esencial por la calidad del servicio o por las condiciones laborales de su plantilla, no es deseable independientemente de que sea privada o pública. Si una gestión reinvierte su beneficios para la mejora social, tiene una gran preocupación por la calidad y por el bienestar de sus trabajadores, cumple criterios éticos y mejora la sociedad en la que trabaja, entonces parece evidente que desde una visión del bien común y de mejora de los servicios para los ciudadanos, podemos optar por ella independientemente de que sea pública o privada.
Si nosotros tuviésemos garantías de que las empresas privadas cumplen estos últimos requisitos pensaríamos que no está mal que estas empresas ofrezcan bienes y servicios públicos, porque lo pueden hacer tan bien como el sector público o más. Es por ello que cuando una organización como Cáritas o una fundación sin ánimo de lucro y con elevada vocación social es pagada por la administración para gestionar un servicio o la producción de un bien público, la población lo considera positivo en general. La vocación por el bien común de la asociación es vista como una garantía de que se van a cumplir los objetivos públicos de la acción.
Ahora bien, esta percepción puede ser tramposa. Si el pliego de condiciones que pone la administración para ofrecer el servicio está centrado en la reducción de costes, o en el cumplimiento de criterios exclusivamente economicistas, puede ser que la empresa o asociación que lo ofrece se vea obligada a renunciar a su filosofía de actuación para lograr cumplir las condiciones que se le exigen. De este modo, a pesar de encontrarnos ante asociaciones que, desde un punto de vista teórico, buscan precisamente la consecución de objetivos sociales, en la práctica se ven imposibilitados de hacerlo en condiciones debido a las exigencias de un sector público que solo busca ahorrar costes.
Por ello creo que la clave está, ya no tanto en si se trata de una organización pública o privada, sino en las condiciones de contratación del sector público. Si sus criterios se basan en que los contratistas cumplan unas condiciones éticas irrenunciables y se controla bien que realmente lo hagan así como la calidad del servicio que se ofrece, la diferencia entre público y privado deja de ser clara e importante, ya que en ambos casos, el proceso de producción y ofrecimiento del bien o servicio público cumple con los necesarios requisitos sociales. Si esto no es así, ciertamente, la producción a través de empresas privadas puede actuar en detrimento de la calidad del servicio público y del entorno social (como también lo haría la gestión pública si se realiza con criterios mercantilistas).
Esto puede servir de guía también para las asociaciones y empresas que realizan esta clase de servicios. Las empresas y asociaciones con alta responsabilidad social deben exigir a las administraciones que los pliegos de condiciones para la contratación y el control posterior de las mismas exijan estos criterios éticos a los contratistas, que estos sean un requisito imprescindible para cualquier contratación. Si no es así, si para lograr la financiación pública la asociación deben renunciar a sus criterios propios o tienen que empeorar el servicios porque se ven obligadas a entrar en una dinámica en la que solamente vale la racionalidad mercantil, creo sinceramente que deben plantearse muy seriamente si siguen realizando esa labor para la administración.
Artículo Publicado en Noticias Obreras nº 1554, Diciembre 2013, páginas: 12-13
En estos últimos años estamos asistiendo a la continuidad de una tendencia que ya había comenzado mucho antes de la crisis. Se trata de la sustitución de lo público por lo privado. Campos de actuación en los que lo público tiene una responsabilidad fijada o bien por nuestra constitución o bien por alguna de nuestras leyes, pasan a ser gestionadas de una manera privada. Esta es una cuestión muy debatida y controvertida. No pretendo dar aquí una respuesta cerrada a esta polémica, sino entre este y el siguiente artículo, aportar algunas claves de reflexión que puedan iluminar este tema.
En un primer lugar cabría pensar que este traspaso a lo privado supone reconocer un fracaso rotundo de los gestores de lo público que administran el servicio a privatizar. Cuando escucho a algún político decir que quiere privatizar un servicio porque así va a ser gestionado mejor y de una manera más económica, pienso inmediatamente en por qué no aplica esos criterios de gestión él a su empresa o servicio público en lugar de dejar que lo hagan otros. Si es porque no puede o no sabe ¿Acaso no es esto reconocer su inoperancia? Desde mi punto de vista habría que cambiar a este responsable por otro que supiese hacerlo, porque si una empresa privada puede aplicar otros criterios mejores para la gestión ¿Por qué no va a hacerlo la pública? Claro que si estos se basan en pagar bajos salarios, o en realizar contratos en malas condiciones, la afirmación inicial de que la empresa privada lo hace mejor, se cae por su propio peso…
De hecho, si estamos hablando de una empresa privada con ánimo de lucro, sus accionistas querrán sacar un determinado rendimiento, lo que hará que la administración tenga que pagar más de lo que le cuesta a la empresa producir el bien (la diferencia son los beneficios a los inversores) ¿No sería mejor contratar a estos gestores y que ese ahorro sirviese para más servicios en lugar de para remunerar a los accionistas de esta empresa?
El análisis anterior está soslayando una de las suposiciones que hay detrás de este posicionamiento y que es clave para dimensionar el debate. Nos referimos a lo que piensan quienes defienden la privatización. Es decir, que lo importante es que un servicio se ofrezca lo más barato posible y le salga al sector público lo más económico que pueda, ya que donde mejor está el dinero es en el bolsillo del contribuyente y no en las arcas públicas. Esto supone que cualquier ahorro que se pueda conseguir, va a ser bueno para la ciudadanía en general.
Vamos a revisar esta idea. Lo primero que deberíamos preguntarnos es si el interés público está en dar un servicio adecuado y de calidad para cumplir la función asignada a este o si, por el contrario, lo único que queremos es que sea barato. Si lo que pretendemos es lo primero, lograrlo puede ser incompatible con que sea muy barato. Es más, lo más económico sale, con mucha frecuencia, caro a la larga. Por ello, lo primero que nos debemos plantear es cual es el objetivo público ¿Un buen servicio o un servicio barato? Evidentemente, una vez alcanzada la calidad necesaria, la excelencia que el bien o servicio requiere, es bueno hacer esfuerzos para que esto se consiga con el menor coste posible y sin derroches o dispendios innecesarios. Pero este es un objetivo secundario, no el primario.
Si se piensa así, solamente deberían permitirse aquellos sistemas de ahorro que no deteriorasen el objetivo principal de ofrecer un servicio adecuado y de calidad. En este sentido, no es lo mismo ahorrar aplicando modelos de gestión que incrementen la productividad de los trabajadores y de la organización, motivando a los trabajadores para que realicen mejor y más a gusto sus labores, que conseguirlo a través de pagar peor a los empleados o utilizar bienes y servicios de peor calidad.
Esto nos lleva directamente a analizar la segunda cuestión, es decir, si el dinero está mejor en el bolsillo de los contribuyentes que en las arcas públicas o no. Quienes defienden lo primero argumentan que quien gana el dinero debe tener la libertad de gastarlo en aquello que desee y que ese es el mejor destino que se le puede dar a sus ingresos. Aunque esta idea puede ser correcta en esencia, sabemos que no todos los usos del dinero son buenos para la vida en sociedad o para la mejora de los demás. Los comportamientos avariciosos, de búsqueda de la acumulación, en los que se sacraliza el afán de tener más, no tienen por qué ser positivos para el conjunto. De hecho, la mayoría de las veces, si no se limitan, destrozan el mercado y las condiciones de vida de aquellos que están en peores condiciones.
Además, para poder ganar dinero, necesitamos una sociedad que funcione correctamente, que tenga una organización adecuada de la que nos beneficiemos todos, que los más desfavorecidos puedan tener unos niveles de vida dignos para que puedan colaborar en la mejora común… Todo ello no se consigue a través de las acciones individuales y aisladas de cada uno, sino a través de las acciones comunes y de la cooperación entre los miembros de una sociedad. Por ello, no es verdad que el dinero siempre esté mejor en las manos de quien lo gana o en manos individuales, con frecuencia los fondos que se ponen en común, que buscan conseguir estos objetivos societarios, tienen un uso tan positivo o más, que aquellos que utilizamos solo para nosotros.
De este modo, no podemos centrar la actuación pública en ahorrar para que tengamos más dinero en nuestros bolsillos, sino que hay que centrarse en que los servicios que ofrecemos entre todos y que aquello que gestionamos de una manera pública, tenga los mejores resultados posibles, consiga sus objetivos. Ello, de la manera más barata posible, claro está, pero este debe ser un objetivo secundario una vez alcanzado lo primero. Es evidente que esto tiene una relación muy directa en el debate entre lo privado (teóricamente más barato) y lo público (teóricamente más caro) que acabaré de perfilar en el próximo artículo.
Dos periódicos turolenses se hicieron eco de mi conferencia el pasado jueves 26 de Septiembre. Aquí tenéis la crónica de ambos, aunque uno de ellos me definió como «catedrático» cosa que no soy…
Diario de Teruel del 27 de Septiembre de 2013 en su página 13
ECO DE TERUEL. Periódico digital de Teruel
Brillante charla del catedratico Enrique Lluch, dentro del Aniversario de Caritas en Teruel
En la imagen , un momento de la charla del viernes
El pasado viernes el catedrático D. Enrique Lluch Frechina, director de la Cátedra de Solidaridad de la Diversidad Cardenal Herrera CEU de Valencia dio una charla sobre os nuevos modelos económicos, dentro de los actos de celebración del aniversario de caritas diocesana en Teruel. La charla fue brillante y seguida atentamente por los asistentes.
Se habló de los nuevos modelos económicos como por ejemplo la economía de comunión, la economía del bien común, etc
Sobre todo se hizo hincapié en la necesidad de un cambio de mentalidad en empresas, intermediarios financieros, estados y en las economías domésticas.
Finalmente el profesor Lluch hablo de cuestiones económicas concretas , de los objetivos que deberían tener estos nuevos modelos económicos
Un acercamiento a nuevos modelos económicos Enrique Lluch ofrece una conferencia sobre propuestas alternativas
P. Fuertes
Teruel
Otros modelos económicos son posibles en la sociedad actual y así lo dio a conocer Enrique Lluch, doctor en Ciencias Económicas y director de la Cátedra de Solidaridad de la Universidad Cardenal Herrera de Valencia, en una conferencia que ofreció en el salón de actos de la CAI en Teruel con motivo del 50 aniversario de presencia de Cáritas en la Diócesis turolense. Lluch presentó los motivos por los que existen modelos de
economía alternativos, qué pueden hacer los ciudadanos para cambiar e intentar organizarse mejor y qué propuestas existen en la actualidad.
Entre estas alternativas se encuentran la economía de comunión, la economía del bien común, la del decrecimiento, la economía altruista, la eco-economía, la democracia económica y la economía del buen vivir.
Lluch planteó que enfrentar el mercado contra la planificación es un “falso dilema” porque hay que aceptar el mercado como un instrumento válido pero plantearse que hay que cambiar sus objetivos. Así, los nuevos modelos económicos propugnan cambiar las metas del mercado, según puso de manifiesto este experto. Para
ello, “hay que orientar el mercado hacia otra dirección”.
Para hacerlo hay que plantearse diferentes objetivos, siguiendo la línea de estas nuevas teorías que recoge Lluch, como modificar las prioridades delmercado. Este economista propuso que ante la prioridad del beneficio,
hay que sobreponer la prioridad de la persona y el bien común; ante la de la economía financiera la de la economía real y ante la de los triunfadores la de los últimos. También planteó que hay que cambiar las reglas del juego para que beneficien a aquellos que colaboren más con el bien común y penalice comportamientos perjudiciales.
Para ello, se precisa “un cambio de mentalidad y estructuras”, destacó Lluch que pasa por cambiar
la mentalidad economista, que ha generalizado el comportamientos egoísta y lo ha justificado a ámbitos no económicos; las economías domésticas que tienen que afrontar su día a día con claves diferentes, y las empresas, que deben insistir en su importante labor social. El cambio dementalidad tiene que llegar también a los intermediarios financieros, “que deben estar al servicio de la economía real y no al contrario”, explicó Lluch.
Para allanar el camino hacia estructuras económicas diferentes propuso un cambio de legislación de los mercados, que facilite la competencia y luche de forma efectiva contra los oligopolios y que facilite la transparencia para la labor social de las empresas y de los intermediarios financieros.
También, sería necesario una política de contratación pública que utilice parámetros distintos al precio y que potencia a las empresas que colaboran en la construcción social. En cuanto al sector público, debería defender a los más desfavorecidos y defender el estado social y potenciar el bien común con una estructura impositiva que sea equitativa y redistributiva.
La estructura financiera también tiene que ser modificada, según Lluch, para favorecer un cambio en la política monetaria, una reducción del tamaño de las entidades financieras, la supresión de los paraísos fiscales y la regulación de los instrumentos financieros. Todos estos cambios, concluyó este autor de varios libros sobre economía alternativa, se deben ejecutar a nivel internacional para que sea efectivos.
En el informe hay una primera parte de análisis de la realidad coyuntural de la Comunitat Valenciana en cuanto a la renta per cápita, el mercado de trabajo y la pobreza, desigualdades y privación. Una segunda que adelanta los resultados del informe FOESSA que se presenta a finales de Octubre de 2014 y por último, hay cinco artículos de encargo que profundizan sobre diversos temas de actualidad como son los presupuestos de la Generalitat en materia social durante los últimos años, el tema de los deshaucios y las soluciones que se han ido aplicando, la ayuda alimenticia como asistencia pura y dura en contraposición a un enfoque de derechos, la prevención y la intervención social en los niños más desfavorecidos y la economía social como alternativa al modelo económico actual.
El Blog de Enrique Lluch Frechina 