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Globalización y bien común

Artículo publicado en la revista ICONO, año 119, nº 5, Mayo 2017, pág: 26 y 27

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La principal función del Estado en una sociedad es la de velar por la consecución del bien común. El objetivo de toda su actuación, tanto económica, como política o cultural es lograr construir unas condiciones sociales que permitan a todas las personas desarrollarse y perfeccionarse como tales. Si analizamos esta función desde el punto de vista económico, el Estado tiene la obligación de articular sistemas económicos que garanticen a todas las personas un nivel de ingresos mínimo que les permita desarrollar una vida digna. Esto se debe lograr sin menoscabo de la iniciativa de las personas y sus organizaciones, colaborando con el resto de la sociedad civil y potenciando un entorno favorable para la construcción de una sociedad inclusiva, plural, armónica y en la que nadie quede excluido o descartado. Esta es la verdadera vara de medir para saber si un Estado está cumpliendo correctamente su función. El Estado no puede sustituir a la sociedad civil, sino que debe ponerse a su servicio promoviendo que todos sus componentes colaboren en la consecución de ese bien común desde sus propias características y peculiaridades.

Una globalización que no ayuda a la consecución de estos objetivos

Sin embargo, la globalización creciente está llevando a que el poder del Estado nacional se vaya reduciendo progresivamente. Muchas políticas ya no pueden llevarse a cabo por un solo Estado porque la realidad globalizada de la economía deja sin efecto estas medidas tomadas a nivel nacional. La capacidad del Estado de lograr el bien común se ve, por tanto, limitada por una globalización que hace que las medidas tengan que tomarse a nivel internacional para que surtan efectos reales. Si un Estado quiere tomar decisiones que van en una dirección diferente a la globalización va a tener problemas para que estas tengan efectos reales sobre el Bien común. La consecución del bien común es, cada día más, una responsabilidad de la comunidad internacional que debe tomar parte de la responsabilidad del gobierno para perseguirlo.

Una globalización orientada en otra dirección

Sin embargo, nos encontramos ante un proceso de globalización que no tiene un gobierno que la oriente hacia el bien común. La globalización parece perseguir tan solo la consecución de un mayor crecimiento económico. De hecho, cuando políticos y economistas alertan sobre aquellos gobiernos o movimientos que propugnan tomar medidas contra la globalización creciente, siempre aducen que esto puede reducir el crecimiento económico mundial. Una organización económica que se basa en la liberalización total del mercado tiene una serie de fallos que van en contra del bien común, ya que (entre otros) produce e incrementa las desigualdades, favorece la concentración de la producción en pocas empresas por lo que acaba con la competencia y provoca ciclos económicos que hace que la economía vaya muy bien en algunas épocas y muy mal en otras. Estos y otros efectos son los que se están dando a nivel mundial debido a una globalización que se desentiende del bien común y se centra en lograr, tan solo, crecimiento económico.

La DSI propone la necesidad de un gobierno mundial para el bien común

Por todo ello la DSI demanda la necesidad de un gobierno mundial que regule el mercado mundial para que este instrumento válido se ponga al servicio de la construcción del bien común: “Cada día se siente más la necesidad de que a esta creciente internacionalización de la economía correspondan adecuados órganos internacionales de control y de guía válidos, que orienten la economía misma hacia el bien común, cosa que un Estado solo, aunque fuese el más poderoso de la tierra, no es capaz de lograr.” (Centesimus annus 58) Sin una orientación de la globalización en esta dirección, sin una voluntad concretada en una suerte de gobierno mundial, difícilmente el incremento de relaciones económicas internacionales puede beneficiar a todas y cada una de las personas que viven en el planeta. Podrá lograr, eso sí, un mayor crecimiento económico, pero a costa de los problemas ya señalados.

Distintas medidas a tomar

Juan Pablo II hablaba en su encíclica Sollicitudo rei socialis 43 de distintas medidas que podían concretar este gobierno mundial al servicio del bien común. Proponía allí reformar el sistema internacional de comercio, el sistema monetario y financiero mundial, mejorar los intercambios de tecnología entre países y mejorar la estructura de las organizaciones internacionales. Insistía en que es necesario “un grado superior de ordenamiento internacional, al servicio de las sociedades, de las economías y de las culturas del mundo entero” (SRS 43). Todas estas medidas y ese grado superior de ordenamiento debería ser una manera de lograr la solidaridad universal, una cooperación entre los países y entre las personas de distintas procedencias porque existe una fuerte interdependencia internacional de manera que todos somos responsables de todos. El hecho esencial es tomar conciencia de que, tal y como ya afirmaba Pablo VI “la cuestión social ha tomado una dimensión mundial” (PP 3), los Estados nacionales son insuficientes por si mismos para solucionar los problemas globales que hay que abordar y que tienen una dimensión internacional. El problema no es la globalización, sino como organizamos y hacia donde orientamos esta. Precisamos de organismos que dirijan esta hacia un bien común internacional tal y como nos indica la Doctrina Social de la Iglesia.

 

 

 

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La economía colaborativa ¿Una buena idea?

Artículo publicado en la revista ICONO, año 119, nº 4, Abril 2017, pág: 26 y 27

Acompañado de un vídeo en el que una compañera aclara en 90′ aclara algunas cuestiones sobre la necesidad de regular la denominada economía colaborativa.

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Se oye hablar mucho últimamente de lo que se denomina la “economía colaborativa”. El nombre es atractivo y se refiere a una actividad económica antigua que gracias a las nuevas tecnologías ha tomado una nueva dimensión. Para los más optimistas desarrolla una nueva manera de vivir la economía que puede tener unas grandes potencialidades y romper con la dinámica egoísta del capitalismo actual, mientras que para sus detractores no aporta nada nuevo y acaba adquiriendo las características de los mercados actuales sin aportar ninguna ventaja.

Qué entendemos por economía colaborativa

Hablar de economía colaborativa es referirse a intercambios económicos que abarcan casi todo el espectro de la actividad económica: las compras o consumo (el intercambio de bienes y servicios), la financiación (especialmente a través del crowdfunding) y la producción. La economía colaborativa tiene unas características comunes. La primera es que existe una colaboración entre las partes que potencia el elemento relacional de la economía. Esto es, los participantes entienden su intercambio económico como una excusa para la relación con el otro. La segunda característica es que estamos hablando de colaboración entre partes que pueden considerarse como iguales, no hay una gran empresa u organización que intercambia con una persona, son intercambios de persona a persona sin asimetrías entre las partes. La tercera característica común es que se utilizan plataformas digitales para facilitar el contacto entre las partes. Los nuevos medios de comunicación digital se convierten en clave a la hora de hablar de este modelo de economía colaborativa.

No es algo tan nuevo como parece

Pero la economía colaborativa no es algo tan nuevo como parece. Se ha dado a lo largo de la historia aunque a una escala muy local y con frecuencia dentro del ámbito familiar o de los amigos. Modalidades de economía colaborativa se dan cuando nos juntamos para ir al trabajo en el coche de uno de nosotros y compartimos los gastos (o no); cuando decidimos entre varios financiar el proyecto de empresa a un amigo y le aportamos dinero para que este funcione; cuando alguien se alojan en tu casa o en tu segunda vivienda para pasar unos días de vacaciones o eres tú quien se aloja en la casa de otro; cuando viene a casa un estudiante de otro país que está de intercambio en el colegio de nuestros hijos y después nuestro hijo es acogido por su familia; cuando una empresa intercambia con otra una partida de material por otra que necesitan para su producción, etc. Todos estos son ejemplos de economía en colaboración y hay muchos más. Todos ellos son parte de nuestra vida cotidiana desde hace mucho tiempo.

La diferencia radica en la utilización de plataformas digitales y en la dimensión

La diferencia entre estos ejemplos de economía colaborativa y los actuales radica en la utilización masiva de las plataformas digitales para acercar a personas que, de otro modo, no podrían conocerse o saber que tienen posibilidades de colaboración mutua. Esto permite que esta clase de economía adquiera una dimensión que es imposible alcanzar si tenemos que ceñirnos a nuestras redes familiares o de amistades. Gracias a ello puedo acoger en mi casa a un ciudadano de Australia que ha venido de vacaciones a Valencia o puedo viajar a Nueva Zelanda y compartir unos días con unas personas que de otro modo no habría conocido. También puedo encontrar a personas que van a viajar a Madrid y compartir el viaje con ellas (lo que me abarata los costes) o puedo intercambiar mis clases de economía a cambio de un corte de pelo o de las verduras semanales. Las plataformas digitales amplían las posibilidades y la dimensión de esta economía en colaboración.

Una modalidad económica basada en la relación y en la confianza mutua

La economía colaborativa tiene una serie de cualidades que la alejan de la competición y el egoísmo y la hacen atractiva. El intercambio se basa en la confianza mutua, no se busca ganar a costa del otro, sino que sea beneficioso para ambos, doy porque espero recibir. Esta clase de intercambio tiene muy presente un fuerte componente relacional e introduce en él la fraternidad y la lógica del don. La economía deja de ser competitiva para pasar a ser cooperativa, con un componente humano importante. Esta manera de entender la economía parece ajustarse con aquello que comentaba Benedicto XVI en su encíclica Caritas in veritate: “en las relaciones mercantiles el principio de gratuidad y la lógica del don, como expresiones de fraternidad, pueden y deben tener espacio en la actividad económica ordinaria. Esto es una exigencia del hombre en el momento actual, pero también de la razón económica misma. Una exigencia de la caridad y de la verdad al mismo tiempo” (CiV 36).

Los peligros de esta economía colaborativa

Sin embargo, en determinados casos la economía colaborativa ha tomado un cariz diferente. Experiencias que han comenzado potenciando esa gratuidad y esa relación entre las partes que ya hemos señalado, se han ido alejando de esta manera de funcionar y de este fin. Aunque han mantenido su nombre y toda la mística de la economía colaborativa, su manera de trabajar ha cambiado. Ya no se comparte una casa con otras personas, sino que simplemente se alquila un apartamento en el que no se llega a conocer al propietario; ya no se comparte el trayecto en automóvil con otro sino, que se paga a un particular que se dedica a esto para que te lleve a otro sitio; ya no financias un proyecto, sino que le dejas dinero a una plataforma a cambio de un tipo de interés para que esta financie a otros; ya no se pide a alguien una herramienta, sino que se le paga un alquiler para poder utilizarla durante un tiempo. En esencia, la economía colaborativa se convierte en una imitación de lo que ya se hace (sistemas de alquileres, de compra-venta o de financiación habituales) intentando eludir la legislación que rige para quienes hacen esto de una manera reglada. Por ello grandes financieros financian estas empresas con el objeto de obtener pingües beneficios con ellas ¿Podemos entonces seguir hablando de economía colaborativa? Aunque esas empresas siguen diciendo que lo son, creo sinceramente que no, que ya no lo son.

 

 

 
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Publicado por en mayo 24, 2017 en compras y consumo

 

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Donald Trump y la economía

Artículo publicado en la revista Cresol, Any 18, núm. 137, Març-abril 2017, pág: 30-31

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A nadie deja indiferente el nuevo presidente de los EE.UU. Mientras que algunos ven en él una especie de advenedizo del que solamente cabe esperar males que van a destrozar el sistema económico vigente, otros tienen grandes esperanzas depositadas en él. En este artículo quiero analizar algunas de las medidas económicas que ha propuesto, sabiendo que estamos hablando no de políticas realizadas, sino de una declaración de intenciones sobre lo que quiere hacer que no se ha concretado todavía y de la que por tanto es difícil prever sus consecuencias.

Quizá las medidas más llamativas a nivel internacional han sido sus propuestas de poner trabas al comercio internacional y cambiar totalmente una política estadounidense que, hasta el momento, respaldaba sin aparentes fisuras el mensaje de la Organización Mundial de Comercio y del Fondo Monetario Internacional a favor de una liberalización mayor del comercio. Trump ha dejado a un lado acuerdos comerciales como el TIPP (con Europa y todavía en teórica negociación) o el TPP (con Asía y otros países americanos ya firmado), quiere renegociar el acuerdo de libre comercio de EE.UU., Canadá y México (NAFTA), ha acusado a China de manipular el valor de su moneda (el yuan) y ha amenazado con elevar aranceles a las importaciones para garantizar la producción nacional (especialmente las chinas y mexicanas). Al mismo tiempo, va a imponer trabas y aranceles a las empresas norteamericanas que operen fuera del país, para obligarlas a que vuelvan a producir en EE.UU.

Todas estas medidas se encuadran en una realidad percibida no solo en EE.UU. sino también en otros países ricos: que la globalización y la liberación del comercio no está beneficiando a los trabajadores de estas naciones. La deslocalización de la producción de muchos bienes hacia otros países con salarios más bajos para aprovechar sus ventajas competitivas, acaba beneficiando a unos pocos, pero perjudicando a la mayoría de las personas sencillas que trabajan en estos sectores. Cabe preguntarse si estas medidas proteccionistas van a lograr el objetivo deseado de una manera eficaz. Por un lado porque pueden darse represalias en otros países que reduzcan las exportaciones estadounidenses de modo que se deje de importar, pero también de exportar a otros países y esto acabar siendo más negativo que positivo. Por otro lado, no solo se necesita crear empleo, sino empleo de calidad, por lo que un entorno de trabajadores con pocos derechos, puede llevar a que ese empleo creado en EE.UU. sea precario y de mala calidad.

Con respecto a las cuentas nacionales, las medidas que ha sugerido son, por un lado, un incremento de gastos en presupuesto militar y de infraestructuras al mismo tiempo que quiere reducir gastos en otras partidas, especialmente las sociales. Al mismo tiempo, quiere reducir impuestos, en especial en los tramos superiores de las rentas así como a las empresas. Del mismo modo, propone una amnistía fiscal para repatriar dinero estadounidense que está en estos momentos en paraísos fiscales. Aunque cree que el crecimiento económico que esto va a generar puede compensar la bajada de impuestos y permitir reducir la deuda pública y el déficit del Estado, históricamente esto no ha sucedido en EE.UU. y la reducción de impuestos ha resultado siempre en una bajada de la recaudación lo que ha provocado una elevación del déficit público.

Hay otras propuestas que no tengo espacio para abordar aquí, pero que Donald Trump espera que logren crear al menos 25 millones de empleos en EE.UU. En conjunto, su estrategia se basa en un mensaje sencillo: que sea atractivo para las empresas y los inversores ganar dinero sin salir de EE.UU, porque si esto es así, si se puede ganar dinero sin salir de EE.UU., las empresas e inversores invertirán en el país y eso permitirá crear nuevos puestos de trabajo. Las medidas que conducen a proteger el mercado local y a bajar los impuestos a las ganancias y a las rentas altas, tienen esta pretensión. Seguramente, muchos de los electores que se han decantado por Donald han entendido este mensaje sencillo y creen sinceramente que Trump es la persona adecuada para llevarlo adelante.

Si a esto unimos ese sentimiento generalizado de que son ideas que van en contra de la corriente principal de la economía, sustentada por aquellos que más se benefician de la misma y que está condenando a muchos a la pobreza al tiempo que incrementa las desigualdades, Trump ha sabido aglutinar este sentimiento postulándose como la persona que va en contra de las élites que defienden el actual sistema y estas han corroborado esta impresión, avisando en repetidas ocasiones sobre la ineficacia de las medidas económicas de Donald y poniéndose en su contra (el “stablishment” que apoyaba a Clinton y que profesa una animadversión compartida con Trump) .

Sinceramente, creo que las medidas que propone Trump no son las adecuadas para luchar contra una manera de organizar la economía que trae una serie de problemas de desigualdad, medioambientales y de insatisfacción generalizada, que provocan la aparición y popularidad de personas como Donald. Pero pienso que la alternativa de dejar todo como está y seguir potenciando una globalización que produce mucho crecimiento económico, pero mal repartido y a costa de muchas personas y del medio ambiente, no es la opción viable y puede traer más políticos que prometan soluciones sencillas a problemas complejos. Necesitamos políticos sensatos y con vocación hacia el bien común que incorporen en sus discursos las ideas económicas emergentes que estamos trabajando muchos economistas, para no oscilar entre el mantenimiento de lo que hay y soluciones radicales que pretenden romper con todo, sino que aporten cordura y sensatez para cambiar un sistema que da muestras de debilidad y de final de ciclo.

 
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Publicado por en marzo 14, 2017 en Crisis económica

 

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¿Cómo organizamos la economía?

Artículo públicado en la revista ICONO, año 117, nº 11, Diciembre 2016, pág: 26 y 27

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Uno de los temas más debatidos en la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) es su opinión ante los sistemas económicos que rigen las naciones. La manera en la que organizamos nuestra economía tiene unas consecuencias evidentes sobre la producción, la distribución de lo que tenemos y el cuidado del medio ambiente. También sobre los comportamientos económicos de las personas y de las instituciones que llevan a ambas a seguir un determinado camino u otro. Por ello, desde la primera encíclica papal que inauguró la DSI (Rerun novarum) la Iglesia se ha pronunciado sobre los distintos sistemas económicos y las ideas económicas que los sustentan.

Los sistemas socialistas

Ante unos sistemas económicos que pretendían poner en práctica los postulados de la ideología marxista, la Iglesia siempre se ha manifestado de una manera negativa. El motivo principal por el que se ha dado esta crítica se ha basado en el totalitarismo que exhibían (y exhiben), en la anulación de la libertad y del individuo (desde una concepción en la que la persona es un simple elemento del organismo social) y en un esquema basado en el conflicto (la lucha de clases). Por ello, desde la encíclica Rerum novarum hasta la Centesimus annus, se critican los errores antropológicos del marxismo que le llevan a sustentar sistemas condenados al fracaso y negativos para las personas que habitan en ellos.

El liberalismo

Ante una caída de los países socialistas en Europa (que no en otros lugares del mundo) a finales de los años ochenta del pasado siglo, la encíclica Centesimus annus (CA) se planteaba si esto quería decir que el capitalismo era la opción por la que apuesta la Iglesia para organizar económicamente las sociedades. En este punto, la encíclica rechaza una clase de capitalismo que podríamos denominar “salvaje” y del que ya se había separado la DSI en anteriores encíclicas y en especial en la Rerum Novarum (que intentó alejarse tanto del socialismo como del liberalismo más radical). Aquí es donde se enmarca el texto tantas veces repetido y que aparece en el 42 de la CA: “La respuesta obviamente es compleja. Si por «capitalismo» se entiende un sistema económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad para con los medios de producción, de la libre creatividad humana en el sector de la economía, la respuesta ciertamente es positiva, aunque quizá sería más apropiado hablar de «economía de empresa», «economía de mercado», o simplemente de «economía libre». Pero si por «capitalismo» se entiende un sistema en el cual la libertad, en el ámbito económico, no está encuadrada en un sólido contexto jurídico que la ponga al servicio de la libertad humana integral y la considere como una particular dimensión de la misma, cuyo centro es ético y religioso, entonces la respuesta es absolutamente negativa.”

El sistema socialdemócrata

Como la misma Centesimus annus añade la idea de que el Estado es quien tiene que orientar la labor del mercado para que cumpla su importante función social, algunos autores comentan que el sistema económico más ajustado a aquello que afirma la DSI es el socialdemócrata. Es decir, una organización económica basada en la economía de mercado que articula instrumentos para paliar y reducir las desigualdades y la pobreza que esta genera si no se le ponen trabas a su funcionamiento (en especial el estado de bienestar). Esta es la idea que parece reflejar el anterior párrafo, un sistema capitalista orientado correctamente y que ofrece instrumentos para paliar sus problemas económicos (especialmente el de distribución)

La apuesta por las economías emergentes

Sin embargo, la encíclica Caritas in veritate (CiV) dio un paso más allá a la hora de cambiar esta idea, tal vez anquilosada, de lo que se ajusta más o menos a la DSI. Porque esta Encíclica de Benedicto XVI introduce en liza lo que Pedro José Gómez Serrano viene a denominar “las economías emergentes”. CiV diferencia entre los instrumentos y las finalidades de una economía, afirmando que instituciones como el libre mercado no son intrínsecamente malas, sino que dependiendo de cómo se utilicen y hacia dónde se orienten, tendrán unos resultados positivos o negativos para las personas (idea ya vista en anteriores encíclicas). Pero donde avanza Benedicto XVI e incide en algo que ya se vislumbraba en anteriores documentos de la DSI es cuando afirma que las relaciones de fraternidad y la lógica del don pueden y deben introducirse en las relaciones económicas. Por ello, en el mensaje del día mundial de la paz de 2013 anima a construir un nuevo modelo de desarrollo y una nueva visión de la economía. Ya no se trata de apoyar dos ideas (socialismo y liberalismo) que no tienen en cuenta a las personas y que las dejan a un lado, u otra que reconoce que el mercado trae malas consecuencias sobre la desigualdad y el bienestar de muchos excluidos e intenta que el Estado sea quien se haga cargo de reorientar este problema (keynesianismo), sino de reorientar la economía para lograr que la misericordia, el compartir y la lógica del don impregnen las instituciones y el quehacer económico. La DSI anima, pues, a profundizar en los caminos que comienzan a transitar las economías emergentes, para construir un sistema económico que supere las fronteras que limitan al actual y que sustente una nueva visión de la economía más humana y solidaria.

 

 

 

 

 

 
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Publicado por en enero 18, 2017 en Estado Social

 

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Reducir el déficit con equidad

Artículo publicado en Noticias Obreras nº 1590, Diciembre 2016, pág: 12 y 13

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El nuevo plan de presupuestario del gobierno, que tiene que ajustarse a las indicaciones de la Unión Europea con respecto al déficit público, prevé un ajuste de unos 5.500 millones de euros el próximo año. Parece que este ajuste se realizará vía gasto público, es decir no incrementando los impuestos sino reduciendo el gasto (estos son los dos sistemas ineludibles para reducir un déficit, incrementar ingresos o reducir gastos) y parece evidente que, también, nuestro nuevo gobierno está dispuesto a cumplir con estas exigencias (para algo estamos en el club de la Unión Europea)

Ante este nuevo ajuste debemos tener en cuenta varios factores para poder formarnos una opinión argumentada sobre su pertinencia o no. El primero es que no se puede mantener una administración que esté permanentemente en déficit. El Estado, como cualquier institución, no puede sobrevivir si año tras año se gasta más de lo que ingresa. Además, un déficit continuado tiene que financiarse y esto supone tener que pedir prestado dinero para poder mantenerlo. La financiación tiene un coste y esto son gastos añadidos al presupuesto que no pueden ser utilizados para políticas sociales, inversión u otros menesteres útiles para la sociedad.

Siendo este el punto de partida y una realidad ante la que nos encontramos, el presupuesto y su equilibrio debe ser un instrumento para alcanzar unos objetivos económicos comunes, debe estar al servicio de los objetivos públicos y debe, por tanto, subordinarse a estos. No podemos poner el déficit o el superávit por encima de los objetivos económicos sino al contrario, al servicio de estos. Si es necesario realizar un ajuste del presupuesto para evitar que exista un déficit, esto debe hacerse de la manera menos nociva para la consecución de los objetivos públicos tanto a corto como a largo plazo. Lo importante no tendría que ser recortar a toda costa, sino ver como se consigue el equilibrio presupuestario para que las políticas importantes se vean lo menos afectadas posible.

Además, la gestión del déficit a nivel nacional, tiene otro componente que hay que tener en cuenta y que no es significativo cuando intentamos equilibrar presupuestos individuales, de empresas o de cualquier otra institución. El volumen del gasto y los ingresos públicos tiene repercusiones que van más allá del propio sector público. Reducir gasto (por ejemplo) no solamente puede mejorar las cuentas públicas, sino que además puede tener repercusiones sobre la economía del país. Gastar menos supone reducir el crecimiento económico de la nación (no solo por la reducción, sino también por los efectos multiplicadores negativos que tiene el gasto sobre el consumo de los particulares) lo que en un corto plazo de tiempo puede hacer que bajen los ingresos públicos. Esto significa que una política que intenta reducir el déficit puede acabar provocando más déficit en un futuro porque reduce la producción, lo que acaba afectando al pago de impuestos y consecuentemente a una disminución de la recaudación.

Pero quizá, el elemento más discutido tiene que ver con el volumen de gasto e ingresos públicos que tiene nuestro país. Porque el volumen de gasto público español en 20151 fue de un 43,5% del PIB mientras que la media de la Unión Europea fue de un 47,3%. Los ingresos públicos supusieron en España un 38,6% del PIB mientras que la media de la UE fue 44,9%. Esto quiere decir que si en España ingresásemos lo mismo que la media de los 28 países de la Unión Europea, manteniendo el gasto público que tenemos, no solo no tendríamos déficit, sino que estaríamos en superávit (por más de un punto). Esto lleva a muchos economistas a afirmar que el problema de nuestro déficit no es el de un nivel de gasto exagerado (15 países de la UE gastaban un porcentaje más elevado del PIB en 2015) sino el de una recaudación muy reducida (Solamente cinco países de la UE, Reino Unido, Letonia, Rumanía, Lituania e Irlanda, tuvieron unos ingresos públicos menores que España)

Vista la situación en la que nos encontramos ante el próximo ajuste, creo que los criterios que deberían guiarnos a la hora de tomar posición ante él son los siguientes:

Un déficit continuado y permanente no es conveniente, los ingresos deben estar por encima o al mismo nivel que los gastos a medio y largo plazo, por lo que no podemos pensar que recurrir a la deuda continuamente es una política adecuada porque esta acaba siendo regresiva y reduce las posibilidades de gasto por el pago de intereses.

Dicho esto, la reducción del déficit no puede ser el objetivo principal de una política económica a la que se subordina todo lo demás. La reducción del déficit tiene que ser una política que se ponga al servicio de los objetivos económicos de la sociedad.

Si aceptamos la opción preferencial por los más desfavorecidos, la reducción del déficit debe ser una política que acabe siendo beneficiosa para las capas más empobrecidas de la población, debido especialmente a que esa reducción del déficit permite que el dinero que se ahorra en intereses se destine a políticas sociales y a aquellos que peor lo están pasando.

Para ello, hay que calibrar en primer lugar si nos es más conveniente reducir partidas de gasto que nos bajen todavía más de la parte central de la tabla en cuanto a gasto público en la UE o si por el contrario la política más adecuada es la de incrementar los ingresos para ponernos al nivel de la media de los países de la UE.

Si pensamos que la reducción del gasto es el camino adecuado, esto no se puede hacer de una manera lineal (reducimos el gasto en todas las partidas) sino que hay que ver aquellas que van a afectar menos a los más desfavorecidos de la población y aquellas que tienen menos efectos multiplicadores sobre la economía.

Si la opción es la de incrementar ingresos habrá que analizar cuáles son las partidas de ingresos que conviene incrementar para que esta bajada de la renta de los agentes económicos tenga pocos efectos sobre la actividad económica y pocos efectos sobre las familias y personas más pobres.

Desgraciadamente, parece que esto no va a ser así. El déficit ha pasado de ser un instrumento a ser un objetivo prioritario, por lo que seguramente nos encontraremos con otra bajada de gastos indiscriminada, que afectará a todos sin plantearse si quiera la posibilidad de subir los ingresos para lograr el mismo objetivo.

 
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Publicado por en enero 10, 2017 en Estado Social

 

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Causas y desafíos del desarrollo

Os remito el enlace al artículo titulado “Causas y desafíos del desarrollo” que escribí hace un tiempo para el libro: Los nuevos escenarios del desarrollo humano : un proyecto global : en el 40 aniversario de Populorum Progressio y en el 20 de Sollicitudo Rei Socialis (pp. 55-71). Madrid : Instituto Social León XIII, Fundación Pablo VI.

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Podéis encontrar el artículo en http://dspace.ceu.es/handle/10637/7785

 
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Publicado por en agosto 30, 2016 en Economía humana

 

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Más allá de lo público o privado: orientarse hacia el Bien Común

Artículo públicado en la revista ICONO, año 117, nº 7, Julio 2016, pág: 26 y 27

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Hace unas semanas se entrevistaron conmigo unas personas de una empresa que representa a diversos economistas que tienen repercusión pública debido a su intervención en programas de la televisión. Me proponían algo que a su juicio tenía buenos resultados y era lo que más demandaban alumnos y público en general: un debate en el que se enfrentarían dos economistas, uno partidario de lo privado y otro de lo público. Cada uno de ellos defiende una postura aparentemente opuesta. La primera que el tamaño de lo público debe reducirse lo máximo posible ya que su gestión es por naturaleza ineficiente y debe potenciarse lo privado. La segunda ve a lo privado como un peligro ya que siempre defiende los intereses individuales de alguien (además ese alguien suele ser el más favorecido) por lo que hay que potenciar lo público que es, por naturaleza, quien defiende los intereses de todos y en especial de los más desfavorecidos. El debate que me ofrecían estas personas en mi despacho de la facultad es el que, por desgracia, parece primar no solo entre los tertulianos televisivos, sino también entre los partidos políticos que componen el espectro nacional.

Las actuaciones política en clave privado contra público

De hecho, creo que esto es lo que estamos viendo en las actuaciones políticas de gobiernos de uno y otro color. Unos afirman que lo público no funciona bien y en lugar de intentar solucionarlo para que las cosas vayan mejor (cosa que además sería su responsabilidad ya que son los gestores de lo público) sugieren privatizar lo público y venderlo a intereses privados pensando que esto va a mejorar su gestión. Los otros, piensan que si lo público no funciona como debería es por culpa de lo privado, con lo que se dedican a legislar en contra de lo privado pensando que así se favorece lo público. Las dos opciones escurren el bulto, envian los balones fuera. Si lo público no funciona o puede funcionar mejor, la solución no es privatizar o ir en contra de lo privado, sino arremangarse e intentar solucionarlo, ponerse manos a la acción para que funcione mejor, gestionarlo correctamente… Las ideologías anti-privado y anti-público hacen que los políticos no se centren en lo esencial, es decir, en mejorar la gestión de lo que tienen.

La DSI y el bien común

Ante ello la Doctrina Social de la Iglesia propone un concepto de bien común que es fácilmente aceptable por personas cristianas y no cristianas. El bien común es definido por el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia como el «el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección». Es decir, buscar el bien común es buscar la manera de organizar nuestra sociedad que nos permita a todos y a cada uno de nosotros lograr nuestros anhelos vitales, vivir con dignidad, tener lo suficiente para poder realizarnos como personas a lo largo de nuestra vida. Y esto se pretende lograr, para todos, sin excepción, sin que nadie quede excluido por su lugar de nacimiento, su color, su religión, su raza, su sexo, sus ideas o preferencias, su historia anterior, su opción vital…

El estado tiene como función principal lograr ese bien común

El estado tiene como función principal lograr este bien común. Es su labor primordial y debe poner todos sus esfuerzos para lograrlo. Porque el estado está al servicio de todos y cada uno de nosotros y debe esforzarse en que podamos vivir en sociedades libres en las que el camino para lograr nuestros propios objetivos sea lo más sencillo posible. Sobre esta base algunos piensan que el sector privado no funciona así y que este tan solo busca objetivos particulares y propios. En esto se basa el enfrentamiento entre uno y otro. Institución que busca el bien común (Estado) ante otras que buscan solo el bien propio (privadas). Sin embargo esto no es siempre así (aunque en ocasiones lo es), muchas entidades privadas también tienen como objetivo la búsqueda del bien común. La Doctrina Social de la Iglesia nos dice que la búsqueda del bien común, aunque sea el principal objetivo del Estado, es una labor que nos involucra a todos, las personas, las instituciones, las empresas. Por ello, podemos pensar que en esta labor, lo privado no debería actuar como opuesto a lo público, sino como colaborador necesario.

La colaboración pública-privada

Las ideologías anti-privada y anti-pública, se construyen ambas sobre la idea de que los intereses privados y públicos son realmente opuestos y ambas potencian, en todo los casos, que lo sean. Por eso, es necesario superar esta concepción y entrar en un modelo de colaboración que supere las desconfianzas mutuas y piense que tanto uno como otro son positivos para construir una sociedad mejor. Evidentemente el sector público tendrá que incentivar a aquellas empresas e instituciones privadas que realmente priorizan la construcción del bien común y desincentivar a aquellas que priorizan sus objetivos particulares a costa de ir en contra del bien común. A partir de aquí, tendremos que mirar de una manera ponderada y caso por caso, que clase de institución es mejor para lograr el bien común. Por que sabemos que en ocasiones, es una institución pública la que cumple mejor este objetivo, en otras es mejor una privada y en otras puede ser indiferente. Una sociedad sana, necesita potenciar las entidades privadas que mejoran el bien común y la colaboración entre agentes públicos y privados ambos puestos al servicio de las personas.

 

 

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