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Empresas sociales para lograr un objetivo público

16 Ene

Artículo publicado en Noticias Obreras nº 1555, enero 2014, pág: 13-14

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El pasado mes analicé la polémica que existe entre la consecución de objetivos públicos a través de empresas privadas o de empresas públicas. No lo hice de una manera exhaustiva sino que me centré en tres puntos: a) La comparación entre un tipo de gestión y el otro y el fracaso de los gestores públicos que privatizan. b) El debate sobre si la prioridad del sector público debe ser lograr reducir sus costes o dar unos servicios adecuados y de calidad. c) La idea de si lo mejor para una sociedad es que el dinero esté en los bolsillos de quien lo gana, por lo que siempre es mejor rebajar los impuestos, o si, por el contrario, la utilización pública de nuestros fondos es una opción válida.

Evidentemente, el análisis quedo falto de un remate, en especial para reflexionar sobre si el ofrecimiento de servicios públicos a través de empresas privadas es una política positiva para la sociedad o no. En este debate, algunos consideran que la empresa privada es un mal a extirpar, que esta clase de organización tiene una manera de comportarse que trae problemas a la sociedad en su conjunto y por ello, el sector público no debería dejar en sus manos la gestión de ninguno de los bienes o servicios públicos que gestiona.

Esta idea se basa en la existencia de empresas que solamente resultan positivas para aquellos que han invertido su dinero en ellas, mientras que sus trabajadores son considerados únicamente como un coste de producción que debe ser minimizado a toda costa. Para ellas la calidad del servicio debe de ser la mínima para poder seguir vendiendo el producto y generando beneficios, pero no hay una preocupación finalista por el producto y su calidad, sino que estos son solamente un medio para lograr otro fin.

Sin embargo no todas las empresas son así, la empresa privada no tiene por qué ser siempre algo que vaya en contra del bien común o de la mejora de la sociedad. Las empresas como organizaciones cumplen tres funciones esenciales en la sociedad que son las de producir bienes y servicios útiles, permitir que las personas unamos nuestros esfuerzos para aportar este grano de arena a la mejora de nuestro entorno y ser un medio para que nos ganemos la vida de una manera digna y podamos desarrollarnos como seres humanos creciendo en madurez y sabiduría.

Aquí está el punto clave en el que se encuentra la frontera entre la clase de gestión que preferimos a la hora de producir y ofrecer un servicio o bien público. Si una gestión solo está concentrada en la consecución de un determinado rendimiento para sus accionistas y no tiene una preocupación esencial por la calidad del servicio o por las condiciones laborales de su plantilla, no es deseable independientemente de que sea privada o pública. Si una gestión reinvierte su beneficios para la mejora social, tiene una gran preocupación por la calidad y por el bienestar de sus trabajadores, cumple criterios éticos y mejora la sociedad en la que trabaja, entonces parece evidente que desde una visión del bien común y de mejora de los servicios para los ciudadanos, podemos optar por ella independientemente de que sea pública o privada.

Si nosotros tuviésemos garantías de que las empresas privadas cumplen estos últimos requisitos pensaríamos que no está mal que estas empresas ofrezcan bienes y servicios públicos, porque lo pueden hacer tan bien como el sector público o más. Es por ello que cuando una organización como Cáritas o una fundación sin ánimo de lucro y con elevada vocación social es pagada por la administración para gestionar un servicio o la producción de un bien público, la población lo considera positivo en general. La vocación por el bien común de la asociación es vista como una garantía de que se van a cumplir los objetivos públicos de la acción.

Ahora bien, esta percepción puede ser tramposa. Si el pliego de condiciones que pone la administración para ofrecer el servicio está centrado en la reducción de costes, o en el cumplimiento de criterios exclusivamente economicistas, puede ser que la empresa o asociación que lo ofrece se vea obligada a renunciar a su filosofía de actuación para lograr cumplir las condiciones que se le exigen. De este modo, a pesar de encontrarnos ante asociaciones que, desde un punto de vista teórico, buscan precisamente la consecución de objetivos sociales, en la práctica se ven imposibilitados de hacerlo en condiciones debido a las exigencias de un sector público que solo busca ahorrar costes.

Por ello creo que la clave está, ya no tanto en si se trata de una organización pública o privada, sino en las condiciones de contratación del sector público. Si sus criterios se basan en que los contratistas cumplan unas condiciones éticas irrenunciables y se controla bien que realmente lo hagan así como la calidad del servicio que se ofrece, la diferencia entre público y privado deja de ser clara e importante, ya que en ambos casos, el proceso de producción y ofrecimiento del bien o servicio público cumple con los necesarios requisitos sociales. Si esto no es así, ciertamente, la producción a través de empresas privadas puede actuar en detrimento de la calidad del servicio público y del entorno social (como también lo haría la gestión pública si se realiza con criterios mercantilistas).

Esto puede servir de guía también para las asociaciones y empresas que realizan esta clase de servicios. Las empresas y asociaciones con alta responsabilidad social deben exigir a las administraciones que los pliegos de condiciones para la contratación y el control posterior de las mismas exijan estos criterios éticos a los contratistas, que estos sean un requisito imprescindible para cualquier contratación. Si no es así, si para lograr la financiación pública la asociación deben renunciar a sus criterios propios o tienen que empeorar el servicios porque se ven obligadas a entrar en una dinámica en la que solamente vale la racionalidad mercantil, creo sinceramente que deben plantearse muy seriamente si siguen realizando esa labor para la administración.

 

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