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Archivo de la etiqueta: Recortes sociales

Qué es la Renta Básica

Os presento un vídeo de 90 segundos en el que se explica alguna de las implicaciones más importantes de la Renta Básica:

Y aquí va una explicación en un audio de algo más de 10 minutos que fue emitido en Radio Nacional para complementar esta información sobre las diferencias entre una renta básica y una renta mínima.

ENTREVISTA EN RADIO NACIONAL

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Publicado por en febrero 9, 2017 en Estado Social, pobreza

 

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Analisis y perspectivas Comunitat Valenciana 2016

Ya hemos publicado el informe “Análisis y perspectivas Comunitat Valenciana 2016: Medio ambiente y política social”. Pudes descargarlo en:  http://bit.ly/2dlKVGE

portada-del-informe-2016

Además de poder descargar el informe os pongo aquí:

1.- El índice del informe

2.- Enlaces de audio para que veáis la repercusión del informe en emisoras de radio

3.- Enlaces de a la repercusión del informe en la prensa on-line

4.- Enlaces a la repercusión en twitter

ÍNDICE
Introducción
A. Analizamos
Los indicadores sociales
Enrique Lluch Frechina, Eduardo Esteve Pérez, Miguel Torrejón Velardiez.
1. Renta y desigualdad.
2. Pobreza y privación.
3. El empleo.
4. Derechos Sociales.

B. Profundizamos
El cambio climático. Alerta Roja
Emèrit Bono Martínez y Ferrán Lluch Girbés.
1. Crisis ecológica, crisis social.
2. Crisis ambiental y el umbral crítico.
3. Qué es y cómo opera el cambio climático.
4. La evidencia científica sobre el cambio climático.
5. El umbral de temperatura del cambio climático.
6. Evaluación económica del cambio climático.
7. El Acuerdo de París.
8. Consideraciones finales.
9. Bibliografía.

Tengo sed
Manuel Nieto Salvatierra y Ana Nieto Arias.
1. El espacio del agua es toda la Tierra.
2. Los sedientos emigran.
3. Modificaciones en el ciclo hidrológico debidas al
calentamiento global.
4. Modificaciones en el ciclo hidrológico ocasionadas en
la Comunitat Valenciana.

5. Relación entre las precipitaciones y el agua
regulable: la escorrentía.
6. Impacto del agua en el territorio y en el paisaje.
7. Impacto en la disponibilidad de recursos hídricos .
8. Consideraciones finales.
9. Bibliografía.

Construir la ciudad colectivamente. De la exclusión social al bien común.
Aitor Varea Oro, Pedro E. Bascuñana Mateo, Lluís Català Oltra, Pau Caparrós Gironés y Francisco Azorín Chico.
1. Introducción.
2. Contextualización I:
Valencia. El barrio de El Cabanyal
– Canyamelar – Cap de França.
3. Contextualización II:
Alicante. Los barrios de la zona norte: 400 Viviendas, Virgen del Carmen,
Virgen del Remedio, Colonia Requena, Juan XXIII 2º sector y
Sidi Ifni/Nou Alacant.
4. Conclusiones.

Estilos de vida.
Emèrit Bono Martínez y Ferrán Lluch Girbés

1. Calidad de vida.
2. Riqueza de tiempo.
3. Riqueza de tiempo y aspectos evolutivos.
4. Géneros de vida y sistema de valores.
5. Desigualdad, estatus y consumo.
6. Las raíces de la crisis ecológica.
7. Apostar por otro estilo de vida.
8. Tomando posiciones.
9. Bibliografía.

ENLACES A NOTICIAS RADIOFÓNICAS

Noticia en COPE:

https://medios.uchceu.es/actualidad-ceu/el-informe-de-nuestro-observatorio-de-investigacion-sobre-pobreza-y-exclusion-en-herrera-en-cope/

Entrevista en la SER:

https://medios.uchceu.es/actualidad-ceu/entrevista-en-la-ventana-ser-valencia-a-enrique-lluch-coordinador-del-observatorio-pobreza-cv/

Entrevista en CVRadio:

https://medios.uchceu.es/actualidad-ceu/entrevista-cvradio-al-profesor-enrique-lluch-por-la-presentacion-del-informe-sobre-pobreza-cv/

PRENSA ON-LINE

CEU-UCH

https://medios.uchceu.es/actualidad-ceu/nuevo-informe-del-observatorio-de-investigacion-sobre-pobreza-y-exclusion-en-la-comunidad-valenciana-de-ceu-uch-caritas-y-foessa/

La SER:

http://cadenaser.com/emisora/2016/10/03/radio_valencia/1475502978_464927.html

Levante:

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2016/10/04/renta-jovenes-caido-30-/1474911.html

Información:

http://www.diarioinformacion.com/alicante/2016/10/04/cinco-hogares-sigue-umbral-pobreza/1812725.html?utm_source=rss

Las Provincias:

http://www.lasprovincias.es/comunitat/201610/04/decadas-construccion-masiva-incendios-20161003234733-v.html

ABC

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2332854

El Mundo

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/10/03/57f21ffe22601d9f328b459a.html?utm_content=buffer50c4b&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

La Verdad (Alicante)

http://www.laverdad.es/alicante/201610/04/comunitat-cola-espana-pago-20161004014557-v.html

El diario

http://www.eldiario.es/cv/hogares-valencianos-sigue-umbral-pobreza_0_565543750.html

Twiter

https://twitter.com/CienciaUCHCEU

 

 
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Publicado por en octubre 5, 2016 en pobreza, Privación

 

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La ética del cuidado y mayores

Os presento el nuevo Cuaderno de Ética en Clave Cotidiana que hemos publicado en Funderética.

En esta ocasión se titula “LA ÉTICA DEL CUIDADO Y MAYORES. Los cuidados a las personas mayores desde un horizonte ético y en la búsqueda de la calidad de vida”. Ha sido escrito por Rosario Paniagua Fernández. portada cuaderno

Si queréis acceder a este y a los otros cuadernos, podéis hacerlo en: http://funderetica.org/cuadernos/ y si queréis descargaros directamente el cuaderno: http://funderetica.org/wp-content/uploads/2016/01/numero-5.pdf

 
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Publicado por en enero 3, 2016 en Derechos humanos

 

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Una misma crisis, consecuencias diferentes

Artículo publicado en Noticias Obreras, nº 1570, Abril 2015, Pág: 12-13

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El pasado otoño presentábamos en Madrid el último informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo en España. Tuve el honor de ser uno de los profesores que participó en su confección y voy a exponer en este breve artículo algunas de las ideas que expusimos en el mismo y que nos muestran cómo la evolución de la pobreza y la equidad en España a raíz de la crisis siguió un camino divergente con respecto a lo que ha sucedido en el resto de la Unión Europea.

En primer lugar, la crisis hizo que las desigualdades se incrementaran más en España de lo que lo hicieron en la Unión Europea. Si comparamos a partir del año 2008, la desigualdad en España (en términos del índice de Gini) con la de la media de los 15 países de la Unión Europea más ricos, la diferencia de partida era de tan solo un punto. Sin embargo, mientras que entre 2008 y 2012 la desigualdad en estos países se mantuvo en el mismo nivel, en España se incrementó en tres puntos lo que hizo que la diferencia inicial se incrementase hasta los cuatro puntos.

Lo mismo ha sucedido con las cifras de pobreza. Si medimos cómo se han comportado diferentes indicadores de pobreza para la UE15 y para España, vemos como tanto la población en riesgo de pobreza monetaria, como la que está en riesgo de pobreza o exclusión social ha crecido más que la media de la UE15 y que nuestra diferencia con respecto a esta media se ha incrementado en estos años de crisis. Esto nos hace ver que el comportamiento de nuestro país ante la crisis ha sido diferente al de la mayoría de los de la Unión Europea en este aspecto.

Vistos los datos y sabiendo que la crisis ha sido una experiencia generalizada y que no solo nos ha afectado a nosotros sino a toda la Unión Europea, cabe preguntarse por qué sus consecuencias sobre los más desfavorecidos han sido mayores en España que en el resto de la Unión Europea.

El primer motivo ha sido el diferente efecto que ha tenido la crisis sobre el mercado de trabajo en nuestro país y en el resto de la Unión Europea. El gran incremento del desempleo ha hecho que los efectos sobre la pobreza y la desigualdad fueran mucho más profundos en España que en el resto de la UE15. Además, la reducción de salarios en determinados sectores y el incremento de trabajadores a tiempo parcial no deseados, también ha empeorado estos comportamiento negativo.

En segundo lugar tenemos una protección pública para estas situaciones menor que el de la mayoría de los países de nuestro entorno y en unos bajos subsidios de desempleo con una duración menor que la de otros países. Por otro lado, el porcentaje de gasto público en políticas sociales es también inferior en nuestro país al que se da en muchos de los países de la UE15, lo que también reduce la capacidad de este medio para paliar la desigualdad y la pobreza.

En tercer lugar tenemos una fiscalidad que ha cambiado durante la crisis, lo que ha reducido su capacidad redistributiva. De hecho, esta es inferior a la que se da en otros países de la UE15 y se sustenta únicamente por el IRPF al haberse suprimido los impuestos que pesaban sobre la riqueza y que tenían un fuerte efecto redistributivo. Además, la capacidad recaudatoria en nuestro país es baja. Tenemos unos ingresos públicos medidos en porcentaje del PIB que son de los más bajos de la UE15, lo que también limita las posibilidades que tenemos de incrementar la inversión social.

Por último, la duración de esta crisis está llevando a que dos de los medios por los que se consiguió evitar una pobreza excesiva de los más desfavorecidas, comiencen a fallar en estos momentos. Me refiero, por un lado, a la prestación por desempleo. Muchos ven cómo la duración de su situación ha hecho que pierdan ya el derecho a esta ayuda y que se estén quedando sin los ingresos que esta suponía. El otro es el recurso a los ahorros familiares y a las pensiones y ahorros de los mayores. Se trata también de unos fondos que se agotan y que se reducen, lo que conlleva que muchas familias que dependen de estas fuentes de rentas hayan empeorado su situación cuando han visto como estos recursos se han ido acabando.

Las medidas que el informe FOESSA ha sugerido para mejorar estos problemas y para evitar que la crisis, ahora y en el futuro, siga afectando mucho más a aquellos que menos tienen, van en varias direcciones. No voy a centrarme aquí en todas ellas sino en aquellas que tienen una relación más directa con aquello que acabo de comentar.

Por un lado, creemos que se necesita una mejora importante de la recaudación fiscal. Esto incluye tres elementos básicos. El primero es la lucha contra el fraude y la elusión fiscal. Nuestro sistema financiero es poco eficiente, a pesar de tener unos tipos fiscales elevados, recaudamos menos que otros países con unos tipos similares a los nuestros. El segundo es la mejora de la progresividad de nuestro sistema financiero. Tenemos una baja progresividad y querríamos incrementarla. Cambios en la fiscalidad que deberían acompañarse de otros a nivel europeo, conseguirían mejorar este aspecto de la misma. Por último se precisa un ejercicio de pedagogía fiscal que ayude a comprender que deberíamos incrementar la recaudación del sector público para poder sostener nuestro Estado de Bienestar y mantener un nivel óptimo de políticas sociales.

Por otro lado, se apuesta por una garantía de mínimos para todas las personas que permita que siempre puedan gozar de unos ingresos que les impida caer en la extrema pobreza y unas políticas de ayudas a la familia que sean mayores y eficaces, ya que en este campo estamos por muy debajo de los niveles de otras naciones de la Unión Europea.

 

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Bases éticas para la mejora de nuestra organización económica y política

Estamos en periodo pre-electoral. Por ello os recuerdo este cuaderno de ética en clave cotidiana que escribimos el pasado año entre Rafael S. Hernández y yo mismo.

En ella damos pistas de por dónde creemos que deberían apuntar nuestros partidos para mejorar nuestra sociedad en una clave ética.

Es recomendable su lectura para discernir a quien queremos votar.

Lo podéis descargar de manera grautita en: http://funderetica.org/wp-content/uploads/2013/12/numero-1.pdf

O acudir a la página de los cuadernos: http://funderetica.org/cuadernos/

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Publicado por en febrero 10, 2015 en ética económica, Estado Social

 

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Infancia en peligro

Artículo publicado en la revista Punto.CEU nº 30 de Enero de 2015, en su página 59

infancia en peligro

Todos los informes que estamos conociendo acerca de la situación de la pobreza infantil en nuestro país coinciden: más de uno de cada cuatro niños está viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Estos niños se concentran en familias numerosas y en familias monoparentales y es una realidad que ya se daba (aunque con menor intensidad) antes de la crisis.

Como demuestran todos los estudios, episodios recurrentes de pobreza en la infancia hacen que quienes los sufren tengan menos instrumentos para afrontar los desafíos a los que se enfrentarán cuando sean adultos y más posibilidades de permanecer en la pobreza. Esto es debido esencialmente a la desesperanza y fatalidad de unos progenitores que, a pesar de buscar empleo digno, no lo consiguen y a los problemas de socialización que tienen estos niños derivados de que todas las actividades extraescolares o asociativas precisan de desembolso económico.

Las políticas de ayuda alimentaria y de emergencia para la infancia no están bien enfocadas ya que separan al niño necesitado del resto de los niños (y en ocasiones de los padres cuando solamente reciben ellos la ayuda y no toda la familia) y pueden producir guetos de niños pobres lo que ahonda en el problema expuesto, más que solucionarlo.

Por ello creo que las ayudas deberían darse a la familia (y no solo a los niños), deberían facilitar el pago de las cuotas de las actividades culturales, deportivas o extraescolares (o realizarlas de una manera gratuita) y buscar la promoción de la unidad familiar. Esto debe ser un compromiso de la sociedad en su conjunto, por lo que debe traducirse en una acción pública y coordinada y que nos permita alejarnos del furgón de cola de la Unión Europea en cuanto a ayudas a la familia y a la infancia y mejorar, de una manera real, la situación de tantos niños que están creciendo en unas condiciones de pobreza que están condicionando su futuro, y el nuestro.

 

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Exclusión y desarrollo social en la Comunitat Valenciana. VII Informe FOESSA

La próxima semana se presenta el VII Informe FOESSA durante tres días en Valencia (18, 19 y 20 de Noviembre) por la tarde. El martes participo yo a las 19:30 hablando sobre el capítulo 8 del Informe: “España en el entorno internacional”.

Estáis todos invitados a este seminario que se realizará en el “Centre cultural La Nau de la Universitat de València” que está en la Calle Universitat 2, frente a la Iglesia del Patriarca.

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Las multas por mal aparcamiento y la pobreza

Otra greguería pecuniaria publicada en España Buenas Noticias: http://ebuenasnoticias.com/2014/10/21/las-multas-por-mal-aparcamiento-y-la-pobreza/

Las multas por mal aparcamiento y la pobreza _ España Buenas Noticias Las multas por mal aparcamiento y la pobreza _ España Buenas Noticias

 
 

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Mesa Redonda sobre Desigualdad y Pobreza en la Comunitat Valenciana

El miércoles 1 de Octubre de 2014 se llevó a cabo una mesa redonda titulada “Desigualdad y Pobreza en la Comunitat Valenciana” en el aula magna de la Nau. Participamos en ella Francisco Goerlich, catedrático del departamento de Análisis Económico de la Universitat de València, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), Vicent Andrés, responsable del programa de Análisis Social de Cáritas-Valencia, Fernando Contreras, presidente de la Coordinadora Valenciana de ONGDs y director de Oxfam-Intermon (Valencia) y yo mismo, Enrique Lluch, profesor de Economía y Empresa de la Universidad CEU y director del Observatorio de Investigación sobre Pobreza y Exclusión en la Comunidad Valencia.

Si quieres verla ha sido gravada y puedes seguirla en su totalidad en:

(La mayoría está en castellano aunque hay algunas cortas intervenciones en valenciano)

http://nauxxi.uv.es/?p=4330

stop a la pobreza
 

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Crisis y Derechos Sociales Análisis y Perspectivas Comunitat Valenciana 2014

Desde el Observatorio de Investigación sobre Pobreza y Exclusión en la Comunitat Valenciana de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Cáritas de la Comunidad Valenciana y la Fundación FOESSA hemos publicado el primer estudio de lo que pretende ser una serie anual que trate los datos coyunturales sobre pobreza, desigualdades y privación en la Comunitat Valenciana. (puedes consultarlo aquí)

Portada del informeEn el informe hay una primera parte de análisis de la realidad coyuntural de la Comunitat Valenciana en cuanto a la renta per cápita, el mercado de trabajo y la pobreza, desigualdades y privación. Una segunda que adelanta los resultados del informe FOESSA que se presenta a finales de Octubre de 2014 y por último, hay cinco artículos de encargo que profundizan sobre diversos temas de actualidad como son los presupuestos de la Generalitat en materia social durante los últimos años, el tema de los deshaucios y las soluciones que se han ido aplicando, la ayuda alimenticia como asistencia pura y dura en contraposición a un enfoque de derechos, la prevención y la intervención social en los niños más desfavorecidos y la economía social como alternativa al modelo económico actual.

Si queréis un resumen más detallado del informe podéis encontrarlo aquí: http://medios.uchceu.es/actualidad-ceu/el-23-por-ciento-de-los-valencianos-vive-en-hogares-con-una-renta-inferior-al-umbral-de-la-pobreza-segun-el-estudio-de-la-ceu-uch-caritas-y-foessa/

 

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Si la UE no es una Unión Social ¿Para qué sirve?

Artículo publicado en el periódico Levante EMV, en su suplemento dominical El Mercantil Valenciano EMV, el domingo 15 de Junio de 2014 en su página 18

Si la UE no es unión social para qué sirve

El pasado 25 de Mayo tuvimos la oportunidad de ver los resultados a las elecciones europeas. No hace faltar recordar que quizá, la característica esencial de estos resultados en todo el espectro europeo, fue el crecimiento de las fuerzas euroescépticas y poco complacientes con la UE actual y la pérdida de peso de aquellos partidos que se encuentran más cómodos con la estructura política y económica de la Unión Europea en la actualidad.

El propósito de este breve artículo no es otro que señalar una de las causas que, a mi juicio, han provocado esta orientación en el voto de millones de europeos. No voy a realizar un análisis exhaustivo de todas los motivos que pueden haber llevado a esto, sino simplemente de uno de ellas que tiene una relación directa con las instituciones económicas en las que hemos basado la construcción de nuestro espacio común.

Para ello quiero recordar la afirmación que realizó en plena campaña electoral (el 21 de mayo) Ángela Merkel: “La Unión europea no es una Unión Social”. Así de categórica se mostró en afirmación en una entrevista publicada al finalizar la campaña electoral y hay que enmarcarla en la política alemana. Es decir, se realizó en clave nacional a propósito de los supuestos abusos que realizan algunos ciudadanos no alemanes del sistema de bienestar alemán. Sin embargo, la frase tiene un calado que va más allá, no solo por lo que dice, sino también por la persona que la pronuncia.

Según el diccionario de la Real Academia, social es “perteneciente o relativo a la sociedad”. Por ello, si alguien afirma que la Unión Europea no es social está diciendo que no pertenece o no tiene relación con la sociedad. Puede parecer duro, pero sin embargo es realista y además, no debería sorprenderlos. El primer nombre de la UE fue CEE, que como muchos recordarán significaba Comunidad Económica Europea y, en estos momentos, los especialistas sabemos que la Unión Europea es, realmente, una Unión Económica y Monetaria (aunque en esta última no participan todos los países).

Pero claro, una unión económica debería ser social también, por que la economía debería estar al servicio de las personas y de la sociedad ¿O no es así? Una organización económica funcionará bien en la medida que esté al servicio de la sociedad y sirva para que las personas se desarrollen como tales y salgan ganando con la organización económica de su país o región. Y esto, desgraciadamente, no parece que sucede en nuestra Unión Europea.

Este es, evidentemente, el problema. La contraposición es clara, la unión económica y monetaria no es una unión social, es otra cosa. Lo prioritario en ella no son las personas, no es la mejora de toda la sociedad europea, sino la bonanza de los indicadores económicos. Como se ha visto en esta crisis, a la hora de establecer las medidas necesarias para paliar sus graves consecuencias, se ha priorizado la devolución de las deudas financieras, se ha prestado dinero público a los deudores para que pudiesen hacer frente a los pagos a financiadores privados, se han tomado medidas para garantizar la salud financiera de los endeudados y que se comprometiese lo menos posible la devolución de sus deudas, se ha seguido priorizando la lucha contra la inflación de tal manera que ahora se teme precisamente lo contrario, la bajada de precios generalizada…

Esta reacción de la UE no debería sorprendernos. Cuando el Banco Central Europeo habla sobre las ventajas que tiene el Euro para la Comunidad Europea en sus propios documentos, afirma que son, entre otras: La rebaja de costes de cambio de divisas y de aseguramiento de riesgos ligados a estas, la eliminación de barreras a la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales, así como el fomento de la competencia dentro de la UE, la transformación de los mercados financieros y de los resultados macroeconómicos del conjunto de la Unión Europea, el incremento de las transacciones y de la inversión entre países de la Unión Europea y dar importancia al euro como moneda a nivel internacional en la medida que se incrementan los flujos financieros en euros.

Nos encontramos pues ante una Unión Europea que no es social, sino económica. Ante una institución que tiene como principal preocupación el mantenimiento del status quo económico. Que prioriza los beneficios logrados en los mercados financieros a los conseguidos con una economía real. Que tiene como prioridad aplacar a los financiadores y seguir las pautas que estos marcan, para lograr que estos les financien de la manera más barata posible (el ya clásico: “los mercados nos obligan”).

Y esto es lo que muchos europeos sienten, lo que muchos ciudadanos en muchos países notan. No tienen por qué entender de economía, tal vez no sepan exactamente por qué ni puedan explicar qué está sucediendo, pero se dan cuenta de que la UE no es una unión social, no está al servicio de los ciudadanos, acaba no beneficiándoles. Por ello votan a corrientes euroescépticas o a partidos que quieren cambiar radicalmente la UE o, simplemente, no van a votar… Se encuentran ante esa Europa que antes se definía como “La Europa de los mercaderes” y que ahora también podríamos redefinir como “La Europa de los financieros”. Una UE que no les convence, que no les ayuda, en la que no se sienten a gusto.

Por ello creo que debemos decirle a los grandes partidos y, especialmente, a los dos principales grupos de la eurocámara (el popular y el socialista) que hay que darse cuenta de esta cuestión clave: Si la UE no es una unión social ¿Para qué nos sirve? Si nuestra unión no refuerza la sociedad europea y no se pone al servicio de todos y cada uno de los ciudadanos europeos favoreciendo unos mínimos para todos ellos ¿Para qué unirse? ¿Sólo para que sea la UE un buen entorno para hacer grandes negocios? Esta clase de Unión no convence a la ciudadanía, no resulta atractiva para aquellos que no son partícipes de los beneficios que genera, no es positiva para la sociedad y esta la respaldará cada vez menos.

 
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Publicado por en junio 16, 2014 en Estado Social

 

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¿Y ahora qué? Apuntes económicos sobre sanidad pública.

Artículo publicado en el periódico Las Provincias, domingo 2 de Febrero de 2014, página 34

y ahora que sanidad publica

Las últimas noticias nos dicen que la comunidad de Madrid ha desistido en su plan privatizador de algunos hospitales públicos madrileños. La dimisión del consejero de sanidad y el nombramiento de otro nuevo, son una prueba palpable de esta decisión y de la voluntad de tomar un rumbo diferente para solucionar algunos aparentes problemas de la sanidad pública madrileña. Además, el hecho de ser la primera Comunidad Autónoma que había tomado este camino, hacía que otras estuviesen esperando para ver sus resultados por lo que esta situación tiene unas repercusiones de alcance nacional.

Supongo que la situación de los responsables políticos de la comunidad de Madrid deberá ser, al menos, de perplejidad. Cuando has tomado un camino firme a pesar de una fuerte oposición popular y aquello que has defendido durante tiempo se desmonta y tienes que retirar tu posición, debes encontrarte desorientado, sin rumbo, sin saber exactamente cuál qué hacer entonces. Si esto es así, escribo este artículo para dar unas ideas sobre qué hacer, qué rumbo tomar, qué sendas transitar. Unas ideas abiertas al debate público pero que pueden ayudar al nuevo responsable de esta Comunidad y a los de otras que estaban expectantes con lo que pasaba en Madrid, para orientar su acción pública en el campo de la sanidad.

La primera idea que me gustaría recordar es por qué es importante un sistema de salud en una sociedad, o dicho de otra manera, que esperamos del sistema sanitario la práctica totalidad de los ciudadanos. Pues bien, aunque parezca obvio, consideramos buenos a nuestros hospitales, a nuestros centros de salud, a nuestro sistema sanitario si atienden bien a sus pacientes, si consiguen curar satisfactoriamente las enfermedades, si son capaces de preverlas… Por lo tanto, el principal objetivo de un sistema sanitario es dar servicio a los ciudadanos. Un sistema será bueno, si cumple bien este objetivo, si ayuda realmente a las personas enfermas. Si se quiere mejorar la sanidad hay perseguir este objetivo primordial y la bondad o no del modelo deberá ser medido por estos parámetros. Cuando olvidamos esto, estamos haciendo un flaco servicio a la ciudadanía y a la función esencial que tiene todo sistema sanitario. Sé que lo que digo debería ser obvio, pero en ocasiones no lo parece…

En segundo lugar, hay que tener en cuenta los límites económicos. Para lograr el objetivo principal se necesitan unos recursos y estos no son infinitos. No podemos pensar que existe un pozo sin fondo del que podemos sacar recursos sin fin. Esto lleva a que la prioridad sanitaria debe combinarse con un uso racional de los recursos. Evitar el despilfarro, aplicar aquellas estrategias que pueden lograr la excelencia sanitaria con un gasto menor, evitar aquellos gastos que no repercuten en una mejora sanitaria, son objetivos secundarios que hay que aplicar para garantizar que los primeros pueden seguir dándose. De este modo, el ahorro puede convertirse en una manera de lograr mejorar las condiciones sanitarias y el servicio en salud que se ofrece. En la medida que se gasta menos para lograr lo mismo, se liberan recursos que pueden centrarse en lo importante, la atención sanitaria de las personas…

Algunos afirman que esto último lo hacen mejor las empresas privadas. Suponiendo que esto fuese así (que no siempre tiene porque serlo) lo que debe hacer el gobierno de turno es aplicar esas medidas o esas maneras de gestionar la salud en sus propios centros públicos. Si la centralización de compras, la reducción del número de menús, el control del material se han demostrado eficaces para lograr ahorros sin que estos repercutan en un peor servicio sanitario ¿Por qué no aplicarlos a la gestión pública? En este sentido, existen estudios rigurosos que aportan evidencias empíricas de medidas eficaces que han logrado ahorros en la gestión sin necesidad de perjudicar a los pacientes, sino todo lo contrario, ya que el dinero liberado se puede utilizar para aquellas acciones que tienen unas consecuencias directas sobre ellos.

Además de estas medidas, hay que tener en cuenta que el mayor activo de la sanidad pública son sus trabajadores, médicos, enfermeros, auxiliares y cualquier otro personal que trabaje con ellos codo con codo. El gobierno que dirige la sanidad pública debe ser capaz de liderar este conjunto de personas para que logren los objetivos sanitarios de una manera eficaz y poniendo todo su ser en ello. El personal sanitario es un personal muy vocacional y entregado a su trabajo porque saben que de ellos dependen la salud y la vida de las personas y porque les toca afrontar día a día, realidades críticas y difíciles como son las que se derivan de la enfermedad propia o de los seres queridos… Por ello, facilitar la motivación de este personal (ya de por si motivado por su propia vocación) y potenciar todo lo bueno que hacen y saben hacer es una labor de liderazgo y dirección que deben potenciar los responsables de la sanidad pública.

Por último, para lograr el objetivo prioritario de la sanidad, hay que potenciar la participación de todos en las estrategias y en las acciones a llevar a cabo. Los equipos directivos deben trabajar conjuntamente con su personal y con los afectados para elaborar sus estrategias y actuaciones. Si se quieren adoptar estrategias que logren mejorar el servicio sanitario e intentar que esto se haga utilizando menos recursos para poder llegar a más (o al menos a lo mismo) quienes están trabajando en el día a día sanitario tienen también algo que decir y que aportar. Deben, por ello, articularse sistemas de consulta, de diálogo, de participación. Es necesario que todos se sientan importantes e involucrados en esa preciosa labor de sanar a los enfermos tan necesaria para una sociedad. En este sentido, creo que también es importante la existencia y utilización real de los comités éticos, ya que muchas de las cuestiones a abordar tienen un componente ético importante. Dar la debida relevancia a estos comités ayuda a la hora de tomar decisiones que tienen unas implicaciones humanas vitales…

 

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Empresas sociales para lograr un objetivo público

Artículo publicado en Noticias Obreras nº 1555, enero 2014, pág: 13-14

empresas sociales para objetivo publico 1empresas sociales para objetivo publico 2

El pasado mes analicé la polémica que existe entre la consecución de objetivos públicos a través de empresas privadas o de empresas públicas. No lo hice de una manera exhaustiva sino que me centré en tres puntos: a) La comparación entre un tipo de gestión y el otro y el fracaso de los gestores públicos que privatizan. b) El debate sobre si la prioridad del sector público debe ser lograr reducir sus costes o dar unos servicios adecuados y de calidad. c) La idea de si lo mejor para una sociedad es que el dinero esté en los bolsillos de quien lo gana, por lo que siempre es mejor rebajar los impuestos, o si, por el contrario, la utilización pública de nuestros fondos es una opción válida.

Evidentemente, el análisis quedo falto de un remate, en especial para reflexionar sobre si el ofrecimiento de servicios públicos a través de empresas privadas es una política positiva para la sociedad o no. En este debate, algunos consideran que la empresa privada es un mal a extirpar, que esta clase de organización tiene una manera de comportarse que trae problemas a la sociedad en su conjunto y por ello, el sector público no debería dejar en sus manos la gestión de ninguno de los bienes o servicios públicos que gestiona.

Esta idea se basa en la existencia de empresas que solamente resultan positivas para aquellos que han invertido su dinero en ellas, mientras que sus trabajadores son considerados únicamente como un coste de producción que debe ser minimizado a toda costa. Para ellas la calidad del servicio debe de ser la mínima para poder seguir vendiendo el producto y generando beneficios, pero no hay una preocupación finalista por el producto y su calidad, sino que estos son solamente un medio para lograr otro fin.

Sin embargo no todas las empresas son así, la empresa privada no tiene por qué ser siempre algo que vaya en contra del bien común o de la mejora de la sociedad. Las empresas como organizaciones cumplen tres funciones esenciales en la sociedad que son las de producir bienes y servicios útiles, permitir que las personas unamos nuestros esfuerzos para aportar este grano de arena a la mejora de nuestro entorno y ser un medio para que nos ganemos la vida de una manera digna y podamos desarrollarnos como seres humanos creciendo en madurez y sabiduría.

Aquí está el punto clave en el que se encuentra la frontera entre la clase de gestión que preferimos a la hora de producir y ofrecer un servicio o bien público. Si una gestión solo está concentrada en la consecución de un determinado rendimiento para sus accionistas y no tiene una preocupación esencial por la calidad del servicio o por las condiciones laborales de su plantilla, no es deseable independientemente de que sea privada o pública. Si una gestión reinvierte su beneficios para la mejora social, tiene una gran preocupación por la calidad y por el bienestar de sus trabajadores, cumple criterios éticos y mejora la sociedad en la que trabaja, entonces parece evidente que desde una visión del bien común y de mejora de los servicios para los ciudadanos, podemos optar por ella independientemente de que sea pública o privada.

Si nosotros tuviésemos garantías de que las empresas privadas cumplen estos últimos requisitos pensaríamos que no está mal que estas empresas ofrezcan bienes y servicios públicos, porque lo pueden hacer tan bien como el sector público o más. Es por ello que cuando una organización como Cáritas o una fundación sin ánimo de lucro y con elevada vocación social es pagada por la administración para gestionar un servicio o la producción de un bien público, la población lo considera positivo en general. La vocación por el bien común de la asociación es vista como una garantía de que se van a cumplir los objetivos públicos de la acción.

Ahora bien, esta percepción puede ser tramposa. Si el pliego de condiciones que pone la administración para ofrecer el servicio está centrado en la reducción de costes, o en el cumplimiento de criterios exclusivamente economicistas, puede ser que la empresa o asociación que lo ofrece se vea obligada a renunciar a su filosofía de actuación para lograr cumplir las condiciones que se le exigen. De este modo, a pesar de encontrarnos ante asociaciones que, desde un punto de vista teórico, buscan precisamente la consecución de objetivos sociales, en la práctica se ven imposibilitados de hacerlo en condiciones debido a las exigencias de un sector público que solo busca ahorrar costes.

Por ello creo que la clave está, ya no tanto en si se trata de una organización pública o privada, sino en las condiciones de contratación del sector público. Si sus criterios se basan en que los contratistas cumplan unas condiciones éticas irrenunciables y se controla bien que realmente lo hagan así como la calidad del servicio que se ofrece, la diferencia entre público y privado deja de ser clara e importante, ya que en ambos casos, el proceso de producción y ofrecimiento del bien o servicio público cumple con los necesarios requisitos sociales. Si esto no es así, ciertamente, la producción a través de empresas privadas puede actuar en detrimento de la calidad del servicio público y del entorno social (como también lo haría la gestión pública si se realiza con criterios mercantilistas).

Esto puede servir de guía también para las asociaciones y empresas que realizan esta clase de servicios. Las empresas y asociaciones con alta responsabilidad social deben exigir a las administraciones que los pliegos de condiciones para la contratación y el control posterior de las mismas exijan estos criterios éticos a los contratistas, que estos sean un requisito imprescindible para cualquier contratación. Si no es así, si para lograr la financiación pública la asociación deben renunciar a sus criterios propios o tienen que empeorar el servicios porque se ven obligadas a entrar en una dinámica en la que solamente vale la racionalidad mercantil, creo sinceramente que deben plantearse muy seriamente si siguen realizando esa labor para la administración.

 

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Objetivos públicos-Gestión privada: ¿Lo más barato?

Artículo Publicado en Noticias Obreras nº 1554, Diciembre 2013, páginas: 12-13Objetivos públicos, gestión privada 1Objetivos públicos, gestión privada 2

En estos últimos años estamos asistiendo a la continuidad de una tendencia que ya había comenzado mucho antes de la crisis. Se trata de la sustitución de lo público por lo privado. Campos de actuación en los que lo público tiene una responsabilidad fijada o bien por nuestra constitución o bien por alguna de nuestras leyes, pasan a ser gestionadas de una manera privada. Esta es una cuestión muy debatida y controvertida. No pretendo dar aquí una respuesta cerrada a esta polémica, sino entre este y el siguiente artículo, aportar algunas claves de reflexión que puedan iluminar este tema.

En un primer lugar cabría pensar que este traspaso a lo privado supone reconocer un fracaso rotundo de los gestores de lo público que administran el servicio a privatizar. Cuando escucho a algún político decir que quiere privatizar un servicio porque así va a ser gestionado mejor y de una manera más económica, pienso inmediatamente en por qué no aplica esos criterios de gestión él a su empresa o servicio público en lugar de dejar que lo hagan otros. Si es porque no puede o no sabe ¿Acaso no es esto reconocer su inoperancia? Desde mi punto de vista habría que cambiar a este responsable por otro que supiese hacerlo, porque si una empresa privada puede aplicar otros criterios mejores para la gestión ¿Por qué no va a hacerlo la pública? Claro que si estos se basan en pagar bajos salarios, o en realizar contratos en malas condiciones, la afirmación inicial de que la empresa privada lo hace mejor, se cae por su propio peso…

De hecho, si estamos hablando de una empresa privada con ánimo de lucro, sus accionistas querrán sacar un determinado rendimiento, lo que hará que la administración tenga que pagar más de lo que le cuesta a la empresa producir el bien (la diferencia son los beneficios a los inversores) ¿No sería mejor contratar a estos gestores y que ese ahorro sirviese para más servicios en lugar de para remunerar a los accionistas de esta empresa?

El análisis anterior está soslayando una de las suposiciones que hay detrás de este posicionamiento y que es clave para dimensionar el debate. Nos referimos a lo que piensan quienes defienden la privatización. Es decir, que lo importante es que un servicio se ofrezca lo más barato posible y le salga al sector público lo más económico que pueda, ya que donde mejor está el dinero es en el bolsillo del contribuyente y no en las arcas públicas. Esto supone que cualquier ahorro que se pueda conseguir, va a ser bueno para la ciudadanía en general.

Vamos a revisar esta idea. Lo primero que deberíamos preguntarnos es si el interés público está en dar un servicio adecuado y de calidad para cumplir la función asignada a este o si, por el contrario, lo único que queremos es que sea barato. Si lo que pretendemos es lo primero, lograrlo puede ser incompatible con que sea muy barato. Es más, lo más económico sale, con mucha frecuencia, caro a la larga. Por ello, lo primero que nos debemos plantear es cual es el objetivo público ¿Un buen servicio o un servicio barato? Evidentemente, una vez alcanzada la calidad necesaria, la excelencia que el bien o servicio requiere, es bueno hacer esfuerzos para que esto se consiga con el menor coste posible y sin derroches o dispendios innecesarios. Pero este es un objetivo secundario, no el primario.

Si se piensa así, solamente deberían permitirse aquellos sistemas de ahorro que no deteriorasen el objetivo principal de ofrecer un servicio adecuado y de calidad. En este sentido, no es lo mismo ahorrar aplicando modelos de gestión que incrementen la productividad de los trabajadores y de la organización, motivando a los trabajadores para que realicen mejor y más a gusto sus labores, que conseguirlo a través de pagar peor a los empleados o utilizar bienes y servicios de peor calidad.

Esto nos lleva directamente a analizar la segunda cuestión, es decir, si el dinero está mejor en el bolsillo de los contribuyentes que en las arcas públicas o no. Quienes defienden lo primero argumentan que quien gana el dinero debe tener la libertad de gastarlo en aquello que desee y que ese es el mejor destino que se le puede dar a sus ingresos. Aunque esta idea puede ser correcta en esencia, sabemos que no todos los usos del dinero son buenos para la vida en sociedad o para la mejora de los demás. Los comportamientos avariciosos, de búsqueda de la acumulación, en los que se sacraliza el afán de tener más, no tienen por qué ser positivos para el conjunto. De hecho, la mayoría de las veces, si no se limitan, destrozan el mercado y las condiciones de vida de aquellos que están en peores condiciones.

Además, para poder ganar dinero, necesitamos una sociedad que funcione correctamente, que tenga una organización adecuada de la que nos beneficiemos todos, que los más desfavorecidos puedan tener unos niveles de vida dignos para que puedan colaborar en la mejora común… Todo ello no se consigue a través de las acciones individuales y aisladas de cada uno, sino a través de las acciones comunes y de la cooperación entre los miembros de una sociedad. Por ello, no es verdad que el dinero siempre esté mejor en las manos de quien lo gana o en manos individuales, con frecuencia los fondos que se ponen en común, que buscan conseguir estos objetivos societarios, tienen un uso tan positivo o más, que aquellos que utilizamos solo para nosotros.

De este modo, no podemos centrar la actuación pública en ahorrar para que tengamos más dinero en nuestros bolsillos, sino que hay que centrarse en que los servicios que ofrecemos entre todos y que aquello que gestionamos de una manera pública, tenga los mejores resultados posibles, consiga sus objetivos. Ello, de la manera más barata posible, claro está, pero este debe ser un objetivo secundario una vez alcanzado lo primero. Es evidente que esto tiene una relación muy directa en el debate entre lo privado (teóricamente más barato) y lo público (teóricamente más caro) que acabaré de perfilar en el próximo artículo.

 

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Nuevos modelos de economía

Dos periódicos turolenses se hicieron eco de mi conferencia el pasado jueves 26 de Septiembre. Aquí tenéis la crónica de ambos, aunque uno de ellos me definió como “catedrático” cosa que no soy…

Diario de Teruel del 27 de Septiembre de 2013 en su página 13

diario de teruel sobre conferencia

ECO DE TERUEL. Periódico digital de Teruel

Brillante charla del catedratico Enrique Lluch, dentro del Aniversario de Caritas en Teruel

Domingo, 29 septiembre , 2013 | Por | Categoria: Actualidad Local

En la imagen , un momento de la charla del viernes

En la imagen , un momento de la charla del viernes

El pasado viernes el catedrático D. Enrique Lluch Frechina, director de la Cátedra de Solidaridad de la Diversidad Cardenal Herrera CEU de Valencia dio una charla sobre os nuevos modelos económicos, dentro de los actos de celebración del aniversario de caritas diocesana en Teruel. La charla fue brillante y seguida atentamente por los asistentes.
Se habló de los nuevos modelos económicos como por ejemplo la economía de comunión, la economía del bien común, etc
Sobre todo se hizo hincapié en la necesidad de un cambio de mentalidad en empresas, intermediarios financieros, estados y en las economías domésticas.
Finalmente el profesor Lluch hablo de cuestiones económicas concretas , de los objetivos que deberían tener estos nuevos modelos económicos
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Un acercamiento a nuevos modelos económicos
Enrique Lluch ofrece una conferencia sobre propuestas alternativas
P. Fuertes
Teruel
Otros modelos económicos son posibles en la sociedad actual y así lo dio a conocer Enrique Lluch, doctor en  Ciencias Económicas y director de la Cátedra de Solidaridad de la Universidad Cardenal Herrera de Valencia,  en una conferencia que ofreció en el salón de actos de la CAI en Teruel con motivo del 50 aniversario de  presencia de Cáritas en la Diócesis turolense. Lluch presentó los motivos por los que existen modelos de
economía alternativos, qué pueden hacer los ciudadanos para cambiar e intentar organizarse mejor y qué propuestas existen en la actualidad.
Entre estas alternativas se encuentran la economía de comunión, la economía del bien común, la del decrecimiento, la economía altruista, la eco-economía, la democracia económica y la economía del buen vivir.
Lluch planteó que enfrentar el mercado contra la planificación es un “falso dilema” porque hay que aceptar el mercado como un instrumento válido pero plantearse que hay que cambiar sus objetivos. Así, los nuevos modelos económicos propugnan cambiar las metas del mercado, según puso de manifiesto este experto. Para
ello, “hay que orientar el mercado hacia otra dirección”.
Para hacerlo hay que plantearse diferentes objetivos, siguiendo la línea de estas nuevas teorías que recoge Lluch, como modificar las prioridades delmercado. Este economista propuso que ante la prioridad del beneficio,
hay que sobreponer la prioridad de la persona y el bien común; ante la de la economía financiera la de la economía real y ante la de los triunfadores la de los últimos. También planteó que hay que cambiar las reglas del juego para que beneficien a aquellos que colaboren más con el bien común y penalice comportamientos perjudiciales.
Para ello, se precisa “un cambio de mentalidad y estructuras”, destacó Lluch que pasa por cambiar
la mentalidad economista, que ha generalizado el comportamientos egoísta y lo ha justificado a ámbitos no económicos; las economías domésticas que tienen que afrontar su día a día con claves diferentes, y las  empresas, que deben insistir en su importante labor social. El cambio dementalidad tiene que llegar también a los intermediarios financieros, “que deben estar al servicio de la economía real y no al contrario”, explicó Lluch.

Para allanar el camino hacia estructuras económicas diferentes propuso un cambio de legislación de los mercados, que facilite la competencia y luche de forma efectiva contra los oligopolios y que facilite la  transparencia para la labor social de las empresas y de los intermediarios financieros.
También, sería necesario una política de contratación pública que utilice parámetros distintos al precio y que potencia a las empresas que colaboran en la construcción social. En cuanto al sector público, debería defender a los más desfavorecidos y defender el estado social y potenciar el bien común con una estructura impositiva que sea equitativa y redistributiva.
La estructura financiera también tiene que ser modificada, según Lluch, para favorecer un cambio en la política monetaria, una reducción del tamaño de las entidades financieras, la supresión de los paraísos fiscales y la regulación de los instrumentos financieros.  Todos estos cambios, concluyó este autor de varios libros sobre economía alternativa, se deben ejecutar a nivel internacional para que sea efectivos.

 

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El principio contributivo y la renta básica

Artículo publicado en Noticias Obreras, nº 1551 Septiembre 2013, pág: 12-13

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El Estado del Bienestar en la práctica totalidad de los países en los que este se ha desarrollado sigue lo que se denomina el principio contributivo. Esto quiere decir que para lograr gran parte de las prestaciones que este te ofrece, debes haber contribuido antes al mantenimiento del mismo. De este modo, tienes derecho a la pensión de jubilación si has estado cotizando durante un determinado periodo de tiempo, vas a obtener la prestación del desempleo si también has pagado tu seguridad social a lo largo de un plazo prefijado. De hecho, no solo tienes derecho a una determinada cantidad cuando has contribuido previamente, sino que además, la cuantía que vas a percibir depende del dinero que has aportado a la Seguridad Social. Si has ganado un sueldo elevado y tu contribución ha sido alta, recibirás una pensión o un subsidio de desempleo superior a aquella que recibirías si tu salario y tu contribución hubiesen sido bajas.

Este sistema es generalmente aceptado por la mayoría de la población y de los partidos políticos a pesar de que, como voy a describir en las líneas posteriores, se le pueden hacer objeciones desde el punto de vista de la justicia, desde una visión redistributiva y desde la idea cristiana de la economía de la gratuidad y la opción preferencial por los pobres. Ante un sistema que naufraga desde el punto de vista económico (como nos recuerdan todos los meses desde los medios de comunicación y desde el Estado) y ético (como voy a intentar demostrar), pueden existir alternativas que mejoren sus resultados en ambos campos, pero esto precisa un cambio de mentalidad en la sociedad.

En primer lugar nos podemos preguntar si establecer un sistema así puede considerarse como justo. Se puede pensar que, en la medida que cada uno recibe según lo que ha aportado, se trata de un sistema justo desde el punto de vista conmutativo o contributivo. Sin embargo esto no siempre sucede así. Alguien puede estar haciendo grandes contribuciones durante un periodo de tiempo y finalmente recibir una pensión reducida porque los últimos años ha cotizado poco. O alguien puede cotizar bastante pero durante un número de años suficiente, por lo que, aunque la cotización haya sido la máxima, luego no recibe pensión alguna… En estos casos, la justicia conmutativa no se da.

En este sentido podríamos plantearnos también si una cotización superior corresponde realmente a un mayor esfuerzo y por tanto a una mayor recompensa ¿El salario y nuestra situación de empleo o desempleo depende solo de nosotros o hay situaciones externas que también determinan nuestra cotización y el número de años en que lo hacemos?

En segundo lugar, desde el punto de vista redistributivo, el sistema actual no parece que lo sea en demasía… Aquellos que contribuyen más, reciben más y viceversa. Es más, en una situación como la actual, trabajadores precarios que no tienen la certeza de una pensión futura, están financiando altas pensiones de las personas mayores que trabajaron largos años y generaron derecho a percibirlas. Del mismo modo, el hecho de que las cotizaciones dejen de aumentar cuando se llega a una determinada renta, hace que el sistema se comporte como regresivo siendo las rentas más altas las que menor porcentaje pagan en concepto de contribuciones a la Seguridad Social. Parece, pues, que el principio de justicia redistributiva ni es cumplido ni potenciado por este sistema.

La Doctrina Social de la Iglesia considera que el Estado debe perseguir como fin prioritario el Bien Común. Este busca la promoción y el perfeccionamiento de todas y cada una de las personas que hay en una sociedad. Por ello, piensa que debemos tener una opción preferencial por los más pobres y los más desfavorecidos ya que estos son quienes tienen más difícil alcanzarlo. Sin embargo, el sistema contributivo no parece promover a los que peor están. Más bien al contrario, premia a aquellos que han tenido la suerte, habilidad o esfuerzo para ganar más. Esto va en contra de lo que esperaríamos de una gestión pública que realmente busca el bien común o de lo que Benedicto XVI denomina la economía del don, es decir, dar sin pedir condiciones previas.

De hecho, una de las grandes ventajas de un sistema económico de mercado es que en él, aquel que realiza una gestión económica más eficiente se ve recompensado con más beneficios e ingresos (al menos en teoría). Por lo tanto, si el mercado ya cumple bien esta misión ¿Por qué tiene el Estado que reforzarla? ¿Es la función del Estado recompensar a aquel que ha ganado mucho a lo largo de su vida si el mercado ya puede hacerlo razonablemente bien? Hay que resaltar que, desde las enseñanzas sociales de la Iglesia, el Estado debería compensar o ayudar a aquellos que no tienen las condiciones adecuadas para lograr estos beneficios, para así garantizar la igualdad en dignidad de todas las personas y lograr el bien común.

Aquí es donde entra el concepto de renta básica. Esta supone un pago igual para todos los miembros de una sociedad que se paga, no por haber contribuido o por haber hecho las cosas bien previamente, sino por el simple hecho de ser personas. Se trata, por lo tanto, de una renta no condicionada a requisitos previos que es recibida por todos en igual cuantía con independencia de su condición económica, social, cultural, etc. No es este el lugar para dar más explicaciones acerca de ella, ni de sus ventajas e inconvenientes, pero me gustaría comentar que un sistema así superaría los problemas éticos nombrados con anterioridad (falta de justicia, poca redistribución y el no priorizar a los más desfavorecidos).

El escollo más importante que creo que tiene en estos momentos la renta básica, es más ético y de convicción que económico. Existe un fuerte convencimiento de que el Estado debe seguir una dinámica similar a la del mercado. Plantear un sistema de bienestar con bases no contributivas, en el que las personas reciban lo mismo sin condiciones previas y dejar que sea el mercado el que regule las recompensas a aquellos que tengan más, tiene un fuerte rechazo entre amplias capas de la población. Se necesita un gran esfuerzo educativo para cambiar la inercia del sector público en este sentido y plantear una verdadera modificación de nuestro Estado de Bienestar para que este deje a un lado sus aspectos contributivos y pase a basarse en principios no contributivos.

 

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Repensar el sector público

Atículo publicado en el número 1546 de Abril de 2013 de la revista Noticias Obreras en sus páginas 12 y 13

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A pesar de que algunos piensan que las funciones y el funcionamiento del Estado era el que debía ser hasta que comenzó la crisis, creo sinceramente que esto no es el camino a seguir. Ello no significa que defienda la idea contraria, que hay que replantear totalmente un Estado que todo lo hacía mal, sino que hay que hacer una reflexión seria y reposada sobre lo que se ha hecho bien y mal e intentar que la importante función del Estado en la economía siga pudiéndose desarrollar de una manera sostenible.

Para ello pienso que lo primero sería cambiar el objetivo económico de nuestras sociedades. El incremento del PIB como único indicador de la bondad en la gestión económica, refleja una idea de desarrollo como equivalente a tener más que está en el origen de gran parte de la deshumanización de nuestro sistema económico. Para poder producir más, necesitamos demandantes que compren todo lo que se produce, y para que esto crezca sin parar, hay que potenciar que se tiren las cosas antes de que acabe su vida útil y que las personas no se conformen nunca con lo que tienen. Esto conlleva problemas medioambientales y personales en la medida que estimula la inmadurez y la insatisfacción en las personas reduciendo sus posibilidades de realización personal.

Por ello el objetivo económico debe cambiarse y enfocarse hacia lo que se podría denominar desarrollo humano o desarrollo al servicio de las personas. Para ello es necesario crear indicadores que no solamente tengan en cuenta la cantidad de producción, sino otros aspectos relacionados con el económico como: Las desigualdades y una especial mirada a la evolución de los más desfavorecidos, la libertad para actuar en conciencia, los avances en la salud de las personas, la sostenibilidad del progreso y sus implicaciones ecológicas, la inseguridad existente ya no solo desde el aspecto de la posible delincuencia sino también social y de futuro (ciclos económicos y cambios bruscos en las condiciones sociales), y los avances en cuanto a la educación para incrementar las capacidades de las personas.

En segundo lugar, creo que el Estado debe poner el mercado al servicio de las personas. Esto parece difícil de realizar o un grupo de palabras sin contenido real. Algunos creen que su concreción va en contra del propio mercado, pero esto no tiene por qué ser así. Para lograrlo, debemos poner límites a la actuación en el mercado que tengan como objetivo que este instrumento se utilice para promocionar a las personas (y especialmente a los más desfavorecidos) y no al contrario. Para promover la libertad de mercado y que este esté persiga un verdadero desarrollo que vaya más allá del crecimiento económico, debemos poner reglas de juego que favorezcan estos objetivos y no otros. Reglas no limitan la libertad, sino que la permiten dentro de un marco de actuación. Si olvidamos esto, caemos en la tentación de eliminar los límites en los que se tiene que mover el mercado y llegar a una situación de anarquía en la que solamente ganen aquellos que son más fuertes, o puede suceder que se impongan unas normas que solamente estén al servicio de quienes tienen más posibilidades de ganar en el juego del mercado.

Una de las actuaciones que podrían enfocar el mercado en esta dirección sería cambiar las condiciones de contratación que el Estado pide a sus proveedores. Para ello debería tener en cuenta, en primer lugar, las condiciones sociales de las empresas con las que contrata. Solamente cuando cumplan unos requisitos determinados, habría que pasar al segundo criterio que sería el precio. Estos requisitos requeridos para la contratación pública, podrían convertirse luego en requisitos legales preferentes para la exención de impuestos, concesión de créditos preferentes, etc. potenciando que la competencia del mercado se basase, no tanto en los precios como en cumplir unos determinados requisitos sociales.

En tercer lugar, el Estado Social debería ser uno de los objetivos prioritarios de las administraciones públicas. Esto quiere decir que la función de mejora de los resultados del mercado que realiza el Estado, debería tenerse como una prioridad absoluta. De hecho, sin Estado Social, la economía de mercado está destinada a desaparecer. Ahora bien, para lograrlo no hay que dejar las cosas tal y como están. Al contrario, hay que cambiar, hay que mejorar, hay que modificar aquello que se puede mejorar, pero siempre con el objetivo de que el Estado Social siga cumpliendo correctamente sus funciones de complemento del mercado protegiendo, sobre todo, a los más desfavorecidos por este.

Un de los puntos clave es que este Estado no funcione con un déficit permanente. Esto no es sostenible a largo plazo, hace que se redistribuya el dinero hacia los más adinerados (los ingresos de hoy son intereses del mañana que se pagan los que tenían bastante para prestarme), pero además pone al Estado al servicio de sus prestamistas (si no haces lo que te digo no te presto y suben tus intereses con lo que te sale más caro pedir prestado). Si el Estado no solo no tiene déficit sino que puede ahorrar, es él quien presta y puede exigir a los prestatarios que realicen con su dinero actuaciones que estén al servicio del bien común.

Otro es abandonar un Estado excesivamente asistencialista. El Estado Social no puede ni debe solucionarlo todo. Con mucha frecuencia, los ciudadanos o sus asociaciones pueden hacerlo mucho mejor que el Estado, por lo que este debe apoyar las iniciativas privadas que vayan en este sentido e intentar potenciarlas. Si una cosa se puede hacer bien a través de iniciativas privadas y se cumplen así objetivos públicos ¿Por qué tenemos que recortar la participación ciudadana? Las personas deben sentirse apoyadas por un sector público que priorice el bien común y la responsabilidad que tenemos todos para alcanzarlo.

Esto quiere decir que con frecuencia hay que replantearse si el sistema que estamos llevando para lograr los objetivos públicos es el mejor, no para dejar de cumplir con estos fines, sino para hacerlo de una manera más efectiva haciendo las cosas de una manera diferente. Hay que tener una mentalidad abierta para buscar aquellos sistemas que consigan un mejor Estado Social en el que no se recorte la responsabilidad y la participación ciudadana.

 

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La función económica del sector público

Artículo publicado en la revista Noticias Obreras, nº 1.545 de Marzo de 2013. pág:12 y 13

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El sector público está en cuestión. Las medidas que se están tomando para paliar los problemas derivados de la profunda crisis que vivimos, parecen cuestionar sus fundamentos y algunos creen que se trata de un programa premeditado para cambiar sus funciones y debilitarlo.

Por ello creo que es un buen momento para repasar cual es la función económica del sector público en una economía de mercado como la nuestra, que se basa en la libre concurrencia de empresas que quieren vender cosas y particulares e instituciones que quieren comprarlas. Este es el sistema por el que hemos optado para la organización económica de nuestra sociedad y en el que el Estado tiene importantes labores que es necesario llevar adelante para que todo funcione.

Es por ello que lo primero que tenemos que recordar es que el Estado es quien permite, a través de su actuación, que sea el mercado quien articule las relaciones económicas que se dan en nuestra sociedad. Para lograr este propósito, el Estado tiene que llevar adelante dos clases de funciones económicas.

La primera se refiere a establecer el marco en el que el mercado pueda funcionar, es decir, construir una estructura societaria que permita que el mercado sea el medio a través del cual solventemos nuestras cuestiones económicas. Para ello, las medidas que tiene que tomar el Estado son varias. Por un lado permitir la propiedad privada de los medios de producción, es decir, de los recursos naturales, del trabajo o del capital. Por otro establece un sistema legislativo que defiende la libertad de mercado, es decir, la capacidad individual y colectiva para decidir qué se quiere comprar o qué se quiere producir y qué no. Junto a esta, hay que establecer una legislación que proteja los derechos de los compradores y de los vendedores, para que las obligaciones que generan los intercambios del mercado estén claras para ambas partes. Para apoyar esto último, se precisa que el estado tenga la fuerza suficiente para hacer cumplir la ley, de manera que tenga medios para exigir a los infractores que cumplan con sus obligaciones o que indemnicen a los damnificados por su incumplimiento. Por último, el Estado debe garantizar una estabilidad social que permita que la economía funcione sin excesivos problemas.

Este primer grupo de medidas no es suficiente para garantizar el funcionamiento de una economía de mercado, si nos limitásemos a él, la economía de mercado y el sistema económico que conocemos en la actualidad estaría condenado al fracaso. Esto es debido a que el mercado por si mismo soluciona mal algunas cuestiones y fracasa en su empeño de ser un mecanismo que pueda solventar todas las relaciones económicas de una sociedad de una manera correcta y sostenible. Los problemas que genera se denominan “Fallos del mercado” y el estado interviene en la economía intentando paliar estos fallos como la única manera de hacer sostenible un sistema económico basado en el mercado.

Por ello, ante unos mercados que no ofrecen por si mismos lo que se denominan “bienes públicos” (la iluminación de las calles, su asfaltado, las carreteras, la defensa nacional, la policía…) o que sobre-explotan los bienes comunales (la pesca, la caza, los bosques…) el estado interviene ofreciendo los primeros (y pagándolos con la recaudación de impuestos) y regulando el acceso a los segundos.

Ante una actividad económica que produce perjuicios a personas que no son ni los compradores ni los vendedores (denominados “externalidades negativas” y cuyo principal ejemplo son los daños medioambientales) el Estado interviene regulando o prohibiendo estos efectos indeseados de la actividad económica.

Ante unas desigualdades que el mercado incrementa debido a que facilita medios para que los que están mejor puedan ganar más, al mismo tiempo que perjudica a quienes estar peor condenándoles a que su pobreza se acreciente cada vez más, el Estado crea mecanismos de distribución para transferir rentas desde los que mejor están a los que peor están y defender a estos últimos para reducir las desigualdades y lograr que el mecanismo de mercado también sea beneficioso para ellos.

Ante una competencia que se deteriora debido a que las empresas más poderosas consiguen medios para acabar con sus competidores y trabajar en condiciones privilegiadas, el Estado interviene defendiendo la competencia y evitando prácticas que tengan como único objetivo acabar con las empresas competidoras o aprovecharse de la posición de privilegio que se tiene para imponer mayores precios o peores condiciones a los consumidores.

Ante un sistema de mercado inestable en el que a épocas de bonanza en las que se da un alto crecimiento económico y la riqueza parece florecer por doquier, le suceden periodos de crisis en los que sucede todo lo contrario, el Estado interviene articulando políticas monetarias y fiscales que intentan reducir la amplitud y la profundidad de estos ciclos.

Si observamos estos dos grandes grupos de medidas (la estructura del mercado y la intervención para paliar sus fallos) podremos ver como existe un acuerdo casi total en el primero. La gran mayoría de quienes piensan que el mercado es un buen instrumento, opinan que el Estado tiene que realizar esta labor. Sin embargo, algunos parecen olvidar que el segundo grupo de medidas ha surgido precisamente para defender el sistema de mercado y no para hundirlo. Los momentos en los que el mercado ha dado más prosperidad a las poblaciones que lo han tomado como sistema económico, han sido aquellos en los que el Estado ha intervenido de una manera sistemática y decidida para poder paliar sus fallos.

Si se olvida esta premisa (como parece que le sucede a algunos) no solo van a volver a aparecer o a incrementarse aquellos problemas que el mercado genera por si mismo, sino que también va a comprometerse la misma continuidad del sistema económico de mercado. Necesitamos pues, políticos que tengan claras estas funciones económicas del Estado y se comprometan a buscar las mejoras necesarias para que se sigan cumpliendo de manera eficaz. Esto quiere decir que lo importante no es que se siga haciendo lo mismo que se hacía hasta ahora, sino que se sigan cumpliendo las funciones aunque sea haciendo cosas distintas. En el próximo número incidiré en cuáles son, desde mi punto de vista, los caminos que debemos tomar para garantizar esto.

 

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Ayuda alimentaria y alimentación de calidad

Artículo publicado en suplemento El Mercantil Valenciano EMV del periódico Levante EMV el domingo 24 de Marzo de 2013 en su página 16

Ayuda Alimentaria y de Calidad

La virulencia y la duración de la crisis que estamos viviendo, está llevando a que la ayuda alimentaria esté tomando una importancia vital en nuestro país y en otras naciones europeas que están pasando por situaciones similares a la nuestra. Una cantidad cada vez mayor de personas ven sus ingresos tan mermados que comienzan a necesitar ayuda para lograr una alimentación básica que les permita sobrevivir. Esto hace que ONGs que hasta ahora dedicaban gran parte de sus esfuerzos a la promoción de las personas más desfavorecidas (a enseñar a pescar siguiendo el famoso proverbio confuciano) ahora hayan pasado a utilizar sus recursos para ofrecer ayuda alimentaria (dar el pez en lugar de la caña)

Esta circunstancia plantea varios interrogantes o dilemas que voy a intentar describir en este breve artículo. El primero tiene que ver con la naturaleza de la necesidad. Muchas de las personas que necesitan fondos para comer tienen ingresos mensuales aunque sean bajos. El problema no es la falta absoluta de ingresos, sino que tienen unos gastos que deben asumir antes que el alimentario: la hipoteca, la luz, el seguro del coche, el agua y el gas, el teléfono, etc. Es decir, no es que no tengan ningún ingreso, es que para poder vivir con algo de dignidad en el entorno en el que se encuentran, hay una serie de gastos fijos de los que no pueden prescindir (porque se quedarían sin casa, sin luz, sin comunicación, sin posibilidades de encontrar trabajo…). Por ello, la primera cuestión que se nos plantea es ¿Hay que ofrecer ayuda alimentaria o lo que habría que hacer es dispensar de otros gastos mientras la situación de pobreza se mantuviese? ¿Cabría articular otros sistemas que garantizasen un mínimo suficiente para poder cubrir todos los gastos necesarios para una vida digna?

En segundo lugar hay que analizar la manera en la que se distribuye la ayuda. Si cualquiera de nosotros se encontrase en la situación de necesitar recibir ayuda alimentaria, no querríamos que nuestros amigos y compañeros percibiesen esta situación, por lo que nos disgustarían aquellos sistemas de reparto en los que todo el mundo viese que nosotros nos vemos obligados a recibir esta clase de ayuda. La publicidad que tendría que hacer de mi situación menesterosa, podría impulsarme a rechazar una ayuda que necesito para poder mantener la dignidad en el entorno en el que habitualmente me muevo.

Distribuir la ayuda de una manera digna para el necesitado puede hacerse de muchas maneras, pero hay una experiencia en Italia que me parece particularmente interesante. Una cadena de supermercados que tiene tarjeta de fidelización, ha realizado convenios con ONGs de manera que un porcentaje de la compra con esta tarjeta va a ayuda alimentaria. Sus receptores la reciben en forma de recargas en la tarjeta de la cadena, de manera que van a comprar al supermercado y se llevan los productos necesarios sin que nadie pueda distinguir entre quienes ayudan comprando con esta tarjeta y quienes están recibiendo la ayuda.

En tercer lugar está el tema de la calidad de los alimentos. El sistema de distribución de la ayuda alimentaria exige, con frecuencia, que se trate de alimentos no perecederos. De hecho, es habitual que cadenas de alimentación o empresas productoras donen alimentos cercanos a la fecha de caducidad que acaban en manos de los receptores de esta ayuda. Ello lleva a que, por un lado, las condiciones de los productos puedan no ser los adecuados (la fecha de caducidad está por algo) y, por otro, a que la dieta que siguen aquellos que comen de esta clase de ayuda no sea equilibrada al quedar excluidos de ellos determinados alimentos (especialmente los frescos). Articular sistemas para que la ayuda alimentaria cumpla unos parámetros nutricionales correctos o para que se puedan incluir productos frescos y otros necesarios para llevar una dieta equilibrada parece conveniente.

Esto se podría hacer siguiendo las indicaciones de especialistas en nutrición y articulando sistemas que permitiesen mejorar el acceso a los productos frescos por parte de la población más desfavorecida. En algunos países esto se hace a través de descuentos en estos productos que se dan en los momentos en que menos personas entran en el supermercado. Los niveles de precios son variables y todo el mundo sabe que puede encontrar esta clase de alimentos más baratos a determinadas horas del día.

Por último, creo que hay que añadir el dilema que presenta un sistema económico que produce más de lo que se consume. Esta sobre-producción se tira, con mucha frecuencia. Los productos no vendidos y caducados, acaban en la basura ya que no se pueden reutilizar. Cuando en lugar de esto se donan a ONGs encargadas de reparto de comida, las estructuras de redistribución paralelas organizadas por estas consumen muchos recursos para duplicar algo que ya hacen correctamente los supermercados y las tiendas, es decir, llevar los alimentos desde los productores a todos los rincones del país (aunque en este caso, los destinatarios sean solamente los que peor están). Por último, hay que recordar el problema casi endémico de la gran diferencia entre los precios de venta al público de los alimentos y el que reciben sus productores. La distribución, la puesta en el estante del supermercado y el sobre-coste que supone el producto no vendido, se lleva la práctica totalidad del precio del bien. Ello lleva a que exista una horquilla que permitiría rebajar los precios si los sistemas de distribución fuesen más directos del productor al comprador. Apostar por sistemas que pudiesen distribuir directamente del productor al consumidor podría, no solo mejorar la remuneración de agricultores y ganaderos, sino al mismo tiempo facilitar el acceso a estos productos para la población de menor capacidad adquisitiva. La cercanía del productor al consumidor y la bajada de precios podría también evitar la gran cantidad de alimentos que acaban deteriorándose por no haber sido vendidos a tiempo.

 

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Las crisis financieras y su persistencia ¿Se puede hacer algo?

La revista de Estudios e Investigación del Instituto Teológico de Murcia O.F.M. de la Universidad de Murcia, ha publicado en su numero 54 de Julio-Diciembre de 2012 (Volumen XXVIII) Pág: 315-344 mi artículo “Las crisis financieras y su persistencia ¿Se puede hacer algo?”

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  En este artículo pretendo dar una explicación razonada sobre la persistencia de los ciclos económicos a lo largo del tiempo. Esto implica hablar sobre las crisis recurrentes que estos ciclos implican y ante las que algunos piensan que no se puede hacer nada (aunque esta impresión no es correcta). La pretensión de este análisis es ver cómo las enseñanzas sociales de la Iglesia nos pueden aportar pistas que nos permitan orientar la economía en otra dirección que, si bien no evite del todo los ciclos, al menos los aminore y suavice sus consecuencias más negativas.

Para ello comienzo haciendo un repaso a las diferentes teorías sobre los ciclos económicos centrándose en aquella que a nuestro entender explica mejor las diferentes crisis que hemos vivido en los últimos dos siglos. Después analizo los fenómenos comunes que se repiten en todas las crisis identificando sus características más habituales. Ello me permite aventurar e interpretar en una clave más amplia los fenómenos que se están viviendo en esta primera gran crisis del siglo XXI. Ver cuáles son las consecuencias de la crisis y cuáles deberían ser las políticas a aplicar en estos casos para intentar superar con éxito el delicado momento económico que estamos viviendo. Por último, analizo toda esta situación desde las enseñanzas sociales de la Iglesia que pretende servir de guía para todos aquellos que quieran conocer las referencias que nos da esta a la hora de afrontar esta clase de problemas.

Si alguno queréis que os envíe el artículo en una separata (es decir, editado) pedídmelo a través de un comentario a esta entrada (no lo haré público) dándome vuestra dirección postal os lo remitiré por correo ordinario lo antes posible.

 
 

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¿A quién queremos rescatar?

Artículo publicado en el periódico las Provincias el 18 de Noviembre de 2012 en su página 41 titulado ¿A quién queremos rescatar?

Parece que estos últimos días se ha tranquilizado la cuestión de si vamos o no a ser rescatados por la Unión Europea. Creo por ello que es buen momento para reflexionar sobre el concepto de rescate y su aplicación a los actuales problemas de España. Según dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en su tercera acepción, rescatar es “liberar del peligro, daño, trabajo, molestia, opresión, etc.” A esta definición, que es elocuente por si misma, podríamos añadir que la palabra rescate nos hace pensar que aquellos que lo realizan están dispuestos a perder algo a cambio de conseguir su objetivo de salvar o ayudar al rescatado. De hecho, los más rescates más admirados son aquellos en los que quien los intenta está poniendo en peligro su propia vida para ayudar a otro. Por ello el rescate suele identificarse con una buena obra por parte de quien lo realiza (o lo intenta) que piensa más en el rescatado que en lo que pueda perder por realizar esta acción. El interés y el bienestar de quien tiene problemas está, pues, por encima del interés del rescatador. Esto hace que, aquel que está en una mala situación manifiesta, no solamente no rechace un rescate, sino que con frecuencia ansía que alguien venga en su auxilio para poder ser liberado de ese peligro, daño, trabajo, molestia u opresión al que se ve sometido.

Parece evidente que en el caso de los rescates de la Unión Europa, su recepción no alegra a casi nadie y no solo porque esto supone reconocer que estamos muy mal, sino porque muy pocos se sienten totalmente salvados por estos rescates (si así fuese, creo no nos asustaríamos por ellos). Cabe preguntarse por qué sucede esto si parece que la mejora de nuestro país pasa necesariamente por ellos.

En el caso español se ha hablado de dos casos de rescate, el que ya se ha solicitado para mejorar la situación del sector financiero y el rescate país, que es el que nos presenta una tregua en estos momentos. El rescate financiero se ha articulado para unos bancos que estaban en una situación en la que prestaron mucho dinero al sector inmobiliario para comprar terrenos, construir edificios, adquirir pisos, etc. y que en estos momentos tienen problemas para recuperar ese dinero al mismo tiempo que tienen que seguir haciendo frente a sus obligaciones. El rescate consiste en prestarles dinero barato que les permita hacer frente a sus deudas mientras consiguen recuperarse y vender esos activos inmobiliarios.

El rescate a un Estado es algo parecido. España tiene una gran deuda que le supone pagar una cuantía elevada de intereses y al mismo tiempo un déficit que le impide hacer frente a esta deuda si no vuelve a pedir prestado. Los posibles financiadores conocen esta situación y no están dispuestos a prestarles más dinero (o exigen para hacerlo unos intereses excesivamente altos). El rescate pretende prestar dinero barato a ese país para que pueda hacer frente a estas deudas y para que rebaje la cuantía de los intereses que tiene que pagar. Para financiar al país, la entidad que lo hace exige a España unas condiciones que pretenden garantizar que el nuevo préstamo sea devuelto. Sin el cumplimento de estas condiciones el rescatador se niega a realizar el rescate.

Si analizamos esto con detalle nos daremos cuenta de que los verdaderos beneficiados en esta clase de ayuda no son el país receptor, sino sus acreedores, ya que gracias a la intervención de la Unión Europea logran cobrar lo que sospechaban podría convertirse en un impago. De hecho, los únicos que parecen alegrarse con el rescate son, precisamente, los financiadores que, inmediatamente después a cualquier noticia de que este es posible, rebajan su presión sobre los deudores. Estos últimos solamente salen beneficiados en la medida que las condiciones del nuevo préstamo son mejores que las del anterior, aunque con frecuencia, esta medida solamente sirve para incrementar la deuda del rescatado (En nuestro país, el rescate al sector financiero español va a elevar la deuda pública española considerablemente a lo largo de este año de manera que se calcula que en 2013 alcanzará un 90% del PIB)

Parece que el rescatador, más que pensar en el bien de España o de cualquier otro deudor, está pensando en el bien de los acreedores de España y que, tanto el rescate como las condiciones que este conlleva, no se hacen para que el rescatado mejore, sino para garantizar que sus acreedores van a recibir el dinero que se les debe tanto ahora como más adelante. ¿Es esto lo que entendemos por un rescate? ¿Es una ayuda real aquella que se me da no para que yo mejore, sino para que mi problema no afecte demasiado a los demás? Por lo tanto, cabe preguntarse si el rescate-país es un rescate a España o un rescate a los financiadores que han prestado a España.

Por todo ello creo sinceramente que un rescate debería implicar una apuesta por la mejora de la situación económica y política del país rescatado. Esto supone, por parte de la nación deudora, un “propósito de enmienda” y una “penitencia”. Es decir, una intención real de que la situación no se vuelva a dar junto con una serie de medidas que encaminen a la nación hacia esta dirección: apostar por una política mucho más transparente, una economía basada en no gastar más de lo que se tiene (salvo momentos excepcionales), una estructura fiscal que apoye la creación de empleo, unos ingresos suficientes para todas las personas, etc. Pero estas medidas no pueden ser hechas con el único objetivo de poder así devolver las deudas. No se puede hipotecar a los ciudadanos de un país durante varios años por fallos ya cometidos y menos si esto repercute en un grave empeoramiento de sus condiciones de vida.

Un verdadero rescate pasa, por tanto, por mecanismos de condonación y de rebajas sustanciales de lo debido (no por incrementos del porcentaje de deuda). Pasa por procesos de ajuste que no tengan como objetivo garantizar los pagos, sino sentar las bases para que esta situación no se vuelve a dar, construyendo un futuro sobre unas nuevas bases no hipotecadas. Y pasa porque aquel que lo realice está dispuesto a sacrificar algo para mejorar al que está en peor situación. Solamente así podremos hablar de verdadero rescate. Otras maneras de ejecutar el mal llamado rescate y el mal llamado rescatador, dejan de ser algo deseado y bonito para convertirse en una pesadilla de la que no se quiere oír hablar. Necesitamos crear ilusión y ganas de mejora, necesitamos que las reformas se vean como la construcción de un camino hacia futuro mejor, no como las penas que tengo que pagar para que mis acreedores cobren lo que les debo. Si no se generan estas dinámicas, si no reformamos un sistema que no ha funcionado bien, no para mantenernos como estábamos, sino para dirigirnos hacia otros horizontes, el rescate no es tal, será otra cosa, pero no un rescate y nosotros seguiremos hundidos a pesar del mismo (y si no vean qué ha sucedido con los países ya rescatados).

 
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Publicado por en noviembre 19, 2012 en ahorro y finanzas, Crisis económica

 

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Qué es un rescate

Según dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua en su tercera acepción, rescatar es “liberar del peligro, daño, trabajo, molestia, opresión, etc.” Y esta es la oferta que parece que recibimos cuando se habla de rescatar a España o a nuestros bancos, parece que esto va a permitir que los peligros que nos acechan desaparezcan. Ahora bien, cabe preguntarse por dos cuestiones principales a la hora de hablar de rescate, por un lado cuál es el peligro del que van a liberarnos y la segunda cuáles son los sistemas que van a utilizar para hacerlo. En esta primera parte de esta serie vamos a ver qué es un rescate, para en una segunda entrada que pondré en breve analizar, las distintas clases de rescate y ver quiénes salen beneficiados con cada una de ellas.

En el caso español se ha hablado de dos casos de rescate, el que ya se ha solicitado para mejorar la situación del sector financiero y el rescate país, que sería el que hipotéticamente se podría recibir en el momento que se escriben estas lineas (otoño 2012). Voy a analizar someramente qué supone un rescate en cada uno de los dos casos.

 

Los bancos necesitan ser rescatados de una situación en la que prestaron mucho dinero al sector inmobiliario para comprar terrenos, construir edificios, adquirir pisos, etc. Ese dinero no lo pueden recuperar en estos momentos debido al parón del sector inmobiliario, la reducción de precios de estos activos y la insolvencia de muchas empresas y personas que recibieron este dinero y ahora no lo pueden devolver. Al mismo tiempo, estas entidades financieras tienen que hacer frente a pagos y no tienen bastante dinero para hacerlo (devoluciones de depósitos, intereses a aquellos que les prestaron dinero a ellos, etc.) Estas empresas tienen, además, problemas para pedir prestado los fondos que necesitan para pagar lo que deben debido a que otras entidades financieras conocen su situación y no quieren arriesgarse a no recuperar su dinero. El peligro del que se pretende liberar a la entidad es, por tanto, la quiebra, esto es, la imposibilidad total de hacer frente a todas las obligaciones que tiene la entidad financiera.

Un rescate para estos bancos supone darles dinero barato que les permita hacer frente a sus deudas mientras consiguen recuperarse y vender esos activos inmobiliarios que tienen. De alguna manera les da tiempo para poder hacer frente a sus obligaciones de devolución y pago actuales, hasta que vengan tiempos mejores y ya puedan pagar sus deudas. Del mismo modo, al contar con estos fondos, son más seguros de cara a otros posibles financiadores y pueden lograr que otras entidades financieras decidan prestarles más dinero.

Un rescate a un Estado es algo parecido. España tiene una gran deuda que le supone pagar una cuantía elevada de intereses y al mismo tiempo un déficit que le impide hacer frente a esta deuda si no vuelve a pedir prestado. Los posibles financiadores conocen esta situación y no están dispuestos a prestarles más dinero (o exigen para hacerlo unos intereses excesivamente altos). El rescate pretende prestar dinero barato a ese país para que pueda hacer frente a esas deudas y para que rebaje la cuantía de los intereses que tiene que pagar. Además, al garantizar dinero para el país, puede inspirar confianza y hacer que los prestamistas puedan volver a prestar a esa nación. Se pretende evitar también la quiebra del país, el que no pueda pagar sus deudas…

Dejo para una segunda entrada que titularé “¿Es útil el rescate?” los matices sobre de qué manera se articulan estos rescates, sobre quiénes salen beneficiados y quiénes perjudicados y sobre su utilidad en el medio y largo plazo.

 

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Artículo de Noticias Obreras “Más allá del decrecimiento”

Artículo publicado en las páginas 17 y 18 del número 1.537 de Julio de 2012 de la Revista Noticias Obreras

“Más allá del decrecimiento” Cuando comenzó la crisis económica en la que estamos inmersos, algunos de los responsables políticos de las naciones más ricas en nuestro mundo occidental afirmaron que era una oportunidad para refundar el capitalismo…”

 

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Los Mayores sustituyen al Estado

Artículo publicado en el periódico Levante El mercantil valenciano, en su suplemento dominical EMV del día 8 de Abril de 2012 en su página 12

La Universidad CEU Cardenal Herrera ha
presentado el Observatorio de Investigación
sobre Pobreza y Exclusión en la Comunidad
Valenciana, que coordina la
CEU-UCH con la colaboración de las tres
Cáritas Diocesanas de la Comunidad Valenciana
y la Fundación FOESSA. En este
mismo acto se presentó al público el primer
estudio realizado por investigadores
de este Observatorio titulado «Pobreza y
privación en la Comunidad Valenciana: El
impacto de la gran recesión», cuyo autor es
Eduardo Esteve Pérez.
Muchos son los aspectos tratados en este
estudio de interés para cualquier persona
que quiera conocer mejor cuál es la situación
de la pobreza y la privación de los habitantes
de nuestra comunidad autónoma
(www.uchceu.es/vida_universitaria/catedra_
solidaridad.aspx?elem=) pero en este
artículo me voy a centrar en qué está pasando
con nuestros mayores a resultas de
la gran recesión que estamos viviendo.
El estudio parece apuntar en una dirección
que la simple observación de nuestro
entorno ya nos mostraba, esto es, cómo los
mayores no solo no están empeorando por
causa de la crisis sino que en algunos aspectos
mejoran. Y esto, viendo lo que está
pasando con otros colectivos de edad más
temprana, supone que con frecuencia son
ellos quienes están paliando situaciones de
riesgo de pobreza y privación, especialmente
entre los más jóvenes y los niños.
Los datos básicos son elocuentes. El riesgo
de pobreza de los mayores de 64 años en
la Comunitat Valenciana ha decrecido, debido
tal vez a que las pensiones se mantienen
mientras que la renta media ha decrecido.
Además, si consideramos la casa en
propiedad descontando los ahorros que
tienen por no pagar hipoteca o alquiler, su
riesgo de pobreza se reduce a la mitad, muy
por debajo de la media del país (un 14,1%)
Lo mismo sucede con la tasa de privación
que incluye desde las di!cultades para llegar
a !nal de mes, de comer carne al menos
una vez a la semana o de devolver las deudas
en el plazo !jado hasta los problemas
en la vivienda o la imposibilidad de adquirir
un automóvil, un ordenador, etc. En este
caso, la tasa de privación de las personas
mayores es inferior a la tasa media, tanto en
España como en la Comunitat Valenciana.
Nos encontramos, pues, con que la crisis
ha mejorado relativamente a uno de los
colectivos tradicionalmente más desfavorecidos.
Los mayores de 64 años se encuentran
ahora en una posición relativa
mejor que la que tienen, por ejemplo, los
niños o los jóvenes de entre 16 y 29 años.
Esto significa que ellos están pudiendo
realizar la redistribución de la renta que no
hace el Estado directamente. Esto es, en la
medida que la mayoría de nuestros mayores
tienen como principal ingreso (y único
con frecuencia) las pensiones pagadas por
el Estado, estas les permiten ayudar a su familia
que tiene una situación peor a la suya
en estos momentos. De modo que, lo que
no redistribuye el Estado para las familias
con problemas, lo hacen los mayores gracias
a lo que reciben de este.
Las conclusiones que se derivan de esto
son claras. La política de no tocar las pensiones
es clave, no solo para los mayores,
sino también para el resto de colectivos que
reciben algunos ingresos gracias a la cohesión
familiar y al desvío de estos ingresos y
bienes hacia los más jóvenes. También denuncia
esta situación que las ayudas sociales
en nuestro país son inferiores a la media
de las que tienen los países equiparables
al nuestro. Por ello, no sirven para paliar
la pobreza y privación de otros colectivos
que no sean los mayores. Sería necesario
reducir partidas de otros objetivos para
mejorar a estas personas que hoy en día sobrellevan
su triste situación gracias a sus
padres y abuelos.

 

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