Artículo publicado en la revista ICONO, año 119, nº 5, Mayo 2017, pág: 26 y 27
La principal función del Estado en una sociedad es la de velar por la consecución del bien común. El objetivo de toda su actuación, tanto económica, como política o cultural es lograr construir unas condiciones sociales que permitan a todas las personas desarrollarse y perfeccionarse como tales. Si analizamos esta función desde el punto de vista económico, el Estado tiene la obligación de articular sistemas económicos que garanticen a todas las personas un nivel de ingresos mínimo que les permita desarrollar una vida digna. Esto se debe lograr sin menoscabo de la iniciativa de las personas y sus organizaciones, colaborando con el resto de la sociedad civil y potenciando un entorno favorable para la construcción de una sociedad inclusiva, plural, armónica y en la que nadie quede excluido o descartado. Esta es la verdadera vara de medir para saber si un Estado está cumpliendo correctamente su función. El Estado no puede sustituir a la sociedad civil, sino que debe ponerse a su servicio promoviendo que todos sus componentes colaboren en la consecución de ese bien común desde sus propias características y peculiaridades.
Una globalización que no ayuda a la consecución de estos objetivos
Sin embargo, la globalización creciente está llevando a que el poder del Estado nacional se vaya reduciendo progresivamente. Muchas políticas ya no pueden llevarse a cabo por un solo Estado porque la realidad globalizada de la economía deja sin efecto estas medidas tomadas a nivel nacional. La capacidad del Estado de lograr el bien común se ve, por tanto, limitada por una globalización que hace que las medidas tengan que tomarse a nivel internacional para que surtan efectos reales. Si un Estado quiere tomar decisiones que van en una dirección diferente a la globalización va a tener problemas para que estas tengan efectos reales sobre el Bien común. La consecución del bien común es, cada día más, una responsabilidad de la comunidad internacional que debe tomar parte de la responsabilidad del gobierno para perseguirlo.
Una globalización orientada en otra dirección
Sin embargo, nos encontramos ante un proceso de globalización que no tiene un gobierno que la oriente hacia el bien común. La globalización parece perseguir tan solo la consecución de un mayor crecimiento económico. De hecho, cuando políticos y economistas alertan sobre aquellos gobiernos o movimientos que propugnan tomar medidas contra la globalización creciente, siempre aducen que esto puede reducir el crecimiento económico mundial. Una organización económica que se basa en la liberalización total del mercado tiene una serie de fallos que van en contra del bien común, ya que (entre otros) produce e incrementa las desigualdades, favorece la concentración de la producción en pocas empresas por lo que acaba con la competencia y provoca ciclos económicos que hace que la economía vaya muy bien en algunas épocas y muy mal en otras. Estos y otros efectos son los que se están dando a nivel mundial debido a una globalización que se desentiende del bien común y se centra en lograr, tan solo, crecimiento económico.
La DSI propone la necesidad de un gobierno mundial para el bien común
Por todo ello la DSI demanda la necesidad de un gobierno mundial que regule el mercado mundial para que este instrumento válido se ponga al servicio de la construcción del bien común: “Cada día se siente más la necesidad de que a esta creciente internacionalización de la economía correspondan adecuados órganos internacionales de control y de guía válidos, que orienten la economía misma hacia el bien común, cosa que un Estado solo, aunque fuese el más poderoso de la tierra, no es capaz de lograr.” (Centesimus annus 58) Sin una orientación de la globalización en esta dirección, sin una voluntad concretada en una suerte de gobierno mundial, difícilmente el incremento de relaciones económicas internacionales puede beneficiar a todas y cada una de las personas que viven en el planeta. Podrá lograr, eso sí, un mayor crecimiento económico, pero a costa de los problemas ya señalados.
Distintas medidas a tomar
Juan Pablo II hablaba en su encíclica Sollicitudo rei socialis 43 de distintas medidas que podían concretar este gobierno mundial al servicio del bien común. Proponía allí reformar el sistema internacional de comercio, el sistema monetario y financiero mundial, mejorar los intercambios de tecnología entre países y mejorar la estructura de las organizaciones internacionales. Insistía en que es necesario “un grado superior de ordenamiento internacional, al servicio de las sociedades, de las economías y de las culturas del mundo entero” (SRS 43). Todas estas medidas y ese grado superior de ordenamiento debería ser una manera de lograr la solidaridad universal, una cooperación entre los países y entre las personas de distintas procedencias porque existe una fuerte interdependencia internacional de manera que todos somos responsables de todos. El hecho esencial es tomar conciencia de que, tal y como ya afirmaba Pablo VI “la cuestión social ha tomado una dimensión mundial” (PP 3), los Estados nacionales son insuficientes por si mismos para solucionar los problemas globales que hay que abordar y que tienen una dimensión internacional. El problema no es la globalización, sino como organizamos y hacia donde orientamos esta. Precisamos de organismos que dirijan esta hacia un bien común internacional tal y como nos indica la Doctrina Social de la Iglesia.
