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¿Y ahora qué? Sugerencias económicas para los nuevos gobiernos

26 Ago

Artículo publicado en la revista CRESOL, Any 16, Núm. 127, julio y agosto de 2015 Páginas 30 y 31

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Después de las elecciones y de que se hayan aclarado los gobiernos municipales y el autonómico de la Comunitat Valenciana, queda por delante ponerse a trabajar en una legislatura que promete ser interesante debido a la falta de mayorías absolutas. El hecho de que se tenga que recurrir a pactos, ya sean de gobierno o puntuales, para cada una de las medidas, conlleva un esfuerzo de consenso que, bien llevado y practicado con buena fe y ganas de servir a la población por todas las partes, no dudo que va a ser positivo. En este contexto y atendiendo a un momento en el que parece que hemos tocado fondo en esta crisis que ya nos acompaña durante demasiados años, es en el que voy a comentar lo que creo que son los principales desafíos económicos con los que nos encontramos en estos momentos y a los que tendrán que hacer frente los diversos gobiernos, tanto autonómicos como municipales. En este sentido doy dos avisos para los lectores: la mayoría de las propuestas que voy a realizar no han estado incorporadas en los programas electorales de los partidos, que creo que siguen pensando la economía en clave del siglo pasado. La segunda es que la mayoría deberían ser propuestas transversales, es decir, tan válidas para ser aceptadas por unas vertientes políticas como por las otras.

La primera tiene que ver con el objetivo de la gestión pública. Este debe ser el bien común, entendido este como la creación de las condiciones económicas, culturales y sociales que permitan a todas y cada una de las personas que componen la comunidad, realizarse como tales. Esto, en economía supone que su mejora se tiene que basar no en la mejora de los indicadores agregados, de las cifras medias de los indicadores económicos, sino en cómo les va a quienes peor están. Es decir, pensar que solo mejoramos si lo hacen quienes peor están y no la media. Esto sería un cambio de cultura esencial para pasar a otro enfoque económico en el que se busque no tener más entre todos sino tener todos lo suficiente. Sin esta orientación hacia el bien común y esa prioridad en quienes peor están, pueden no entenderse o entenderse mal el resto de propuestas.

En clave interna, es necesario que las actividades públicas se realicen sin déficit público. Esto por tres motivos. El primero es que no se puede gastar siempre más de lo que se ingresa. Esto no es sostenible a largo plazo, ni en una familia ni en un Estado. En segundo lugar, el endeudamiento acaba beneficiando a quienes más tienen y perjudicando a los más desfavorecidos. Esto es debido a que son los más pudientes quienes pueden prestar al Estado y quienes luego recibirán los intereses que hay que pagar a quien te presta y que aminoran la capacidad de gasto en otras partidas. Pero si estos dos argumentos no son lo suficientemente convincentes por si mismos, el tercero es decisivo ya que nos recuerda que quien está endeudado depende de sus acreedores. De este modo, si queremos que sigan prestándonos, tenemos que hacer lo que ellos nos piden (que puede no coincidir con lo que nosotros queremos hacer) porque quien nos presta exige que le devolvamos lo prestado (como parece lógico) y pide garantías para intentar asegurarse que le devolverán el dinero en un futuro. Si no hacemos lo que nos dice, no continúa confiando en nosotros (esto es lo que le está pasando a Grecia en la actualidad) y nos niega más préstamos. En conclusión, insostenibilidad a largo plazo, beneficio para los más pudientes y dependencia de los acreedores son tres motivos decisivos para apostar por presupuestos equilibrados.

Cambiando de tercio, creo que necesitamos también que se potencie otra clase de economía. No se trata de entrar en el dilema de si determinadas actividades deben ser gestionadas o no por el sector público o privado. Se trata de lograr que las empresas sean verdaderas constructoras del bien común. Es decir, que no sean meras generadoras de beneficios para sus propietarios-accionistas, sino que sean productoras de bienes y servicios útiles para la sociedad y que realicen esta función logrando, al mismo tiempo, unos beneficios suficientes para sus trabajadores, una mejora de la sociedad y del medio ambiente, una gestión participativa que potencie a las persona, etc. Lo importante no es si las cosas que se producen sean hechas por empresas públicas o privadas, sino que sean hechas por empresas que priorizan su función social, que cumplen unos requisitos éticos y sociales que hacen que sea deseable contratar con ellas. Esto supone que el sector público debe cambiar sus criterios de contratación pública para potenciar esta clase de empresas y contratar solo con aquellas que priorizan su función social.

Lo mismo sucede con las medidas de ayuda a la economía. En Valencia tenemos tres campos prioritarios que hay que apoyar para poder lograr un desarrollo regional que acabe beneficiando a todos y en especial a los más desfavorecidos. Por un lado la agricultura, por otro la industria y por último el turismo. Pero no se trata de apoyar a aquellas empresas que son más grandes y que facturan y contratan más. Estas ya tienen ventaja sobre las otras. Se trata de priorizar a las pequeñas, a las que comienzan, a aquellas que cumplen unos parámetros sociales que sean beneficiosos para el bien común (ecológicos, salarios dignos y reducidas diferencias entre los salarios superiores y los inferiores, participación de los trabajadores en la gestión y en los resultados, efectos positivos sobre el entorno, contratación de personas de colectivos desfavorecidos, etc.). Este apoyo, no solo se hace a través de ayudas, sino también de legislación que favorezca la actuación de este tejido empresarial de pequeñas y medianas empresas, de exenciones o rebajas fiscales para aquellos que son más pequeños o que comienzan, etc.

Al final, el objetivo debe ser poner la actividad económica de las empresas y del sector público al servicio del más desfavorecidos, de la reducción de las desigualdades y de la promoción del bien común.

 
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Publicado por en agosto 26, 2015 en ética económica

 

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