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La deuda pública en España

13 Ene

Artículo publicado en Noticias Obreras, Nº 1587, Enero de 2015, pág: 19-26

Además de mi artículo se incluyen intervenciones de los principales partidos políticos de ámbito nacional

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Desde el año 2007 hasta estos momentos la deuda pública española se ha incrementado de una manera exagerada. Entre 2007 y 2013 se ha multiplicado la cifra de la deuda por más de 2,5, siendo los años 2009 y especialmente el 2012 los dos en los que el crecimiento de esta deuda ha sido mayor. Esto ha supuesto que su valor se acerque a la producción anual de nuestro país (se espera que se alcance este valor o bien en 2014 -no contamos con los datos todavía- o bien en 2015).

Esto ya nos muestra dos realidades de estos últimos años que es necesario indicar. La primera es que a pesar de las políticas de austeridad practicadas, no hemos dejado de tener déficit y nuestra deuda pública se ha incrementado mucho. La segunda es que la partida de pago de intereses por esta deuda no solo no se ha reducido (como muchas otras partidas) sino que se ha multiplicado también por algo más de 2,5 alcanzando una cifra en 2013 de 38.000 millones de euros aproximadamente. Podemos afirmar, por tanto, que la única partida en la que la austeridad no ha llegado ha sido precisamente el pago de intereses de la deuda y que además, ha crecido muchísimo.

Lo primero que habría que contestar es el porqué de este incremento de la deuda, ya que sin conocer cuáles han sido las causas para que esta aumentase tanto, no podemos realizar un análisis certero de este tema. Los motivos son varios y la mayoría están relacionados (al igual que sucedió en otros momentos históricos parecidos) con la gran recesión económica que hemos vivido. Ya que a pesar de ser una crisis de claro origen privado, los problemas financieros y económicos han acabado deteriorando los resultados presupuestarios del sector público. Pasemos a un más análisis detallado.

Las principales causas de un incremento de la deuda son o bien desajustes entre los ingresos y los gastos públicos, es decir, el déficit anual del Estado. O bien cualquier otra clase de endeudamiento que no esté directamente derivado del presupuesto del Sector Público. Pues bien, en nuestro caso se ha dado una combinación de estos dos elementos. Comencemos por los gastos. Los gastos del sector público se han incrementado estos últimos años especialmente (si exceptuamos la partida ya nombrada de los intereses de la deuda) por el subsidio de desempleo y por las pensiones. Es por ello que desde el gobierno hablan de que el gasto social se ha incrementado (ambas partidas están incluidas en este gasto social).

Tanto una partida como la otra no dependen de la voluntad del gobierno de turno, sino de la situación económica el primero y de la cantidad de jubilaciones y de la cuantía de las mismas el segundo. El incremento de personas que han engrosado las filas del paro en estos últimos años ha provocado un incremento elevado del pago por subsidios de desempleo. Sin embargo, este crecimiento se ha frenado en los últimos años debido, sobre todo, al agotamiento de esta prestación por parte de aquellos que llevan ya mucho tiempo desempleados. En cuanto a las pensiones ha habido una gran cantidad de personas que se han jubilado en el último lustro y un gran porcentaje de ellas que lo han hecho con la pensión máxima o con pensiones elevadas, lo que ha llevado al incremento del gasto en estas dos partidas.

Sin embargo, el elemento que más ha influido en este aumento del déficit ha sido el descenso de la recaudación por impuestos. Las bajadas de impuestos que se realizaron en época de bonanza han resultado letales cuando la crisis ha arreciado fuerte. Los ingresos se han reducido en una cuantía superior a lo que ha sucedido en otros países europeos. Si a ello unimos que nuestro punto de partida era también el de una recaudación inferior a la que tienen la mayoría de los países de la Unión Europea, nos encontramos con una carencia de ingresos públicos que nos hace estar siete puntos por debajo de la media europea de los 15 países más ricos (un 34% del PIB en España y un 41% en la UE de los 15) mientras que en 2007 esta diferencia era tan solo de tres puntos (38% a 41%).

En cuanto a los otros factores ajenos al déficit que han influido en el incremento de la deuda, ha habido uno que ha sido clave y que hizo que 2012 fuese el año de toda la historia moderna de España en el que más se elevó el déficit público: el rescate bancario. En él socializamos deuda privada a través de prestar fondos a los bancos intervenidos (para que pagasen sus deudas al sector privado) con dinero que tuvimos que pedir en los mercados internacionales. Es decir, transformamos deuda privada en deuda pública.

Todo ello nos dibuja un panorama poco esperanzador en cuanto a la situación de la deuda. Ya que con la escasa recaudación que tenemos, con las promesas de bajadas de impuestos, con una conciencia social poco favorable al pago de impuestos y con una situación de crisis que aunque parece que ya ha tocado fondo (y esto es positivo) no se percibe un despegue rápido en un breve espacio de tiempo, no parece muy factible luchar contra el déficit si no es a través de reducciones del gasto público.

Ante esta situación cabe preguntarse qué dice la Doctrina Social de la Iglesia sobre este tema. Para ello, creo que lo mejor es recordar unas líneas la Encíclica Centesimus annus (35) sobre esta cuestión: “Es ciertamente justo el principio de que las deudas deben ser pagadas. No es lícito, en cambio, exigir o pretender su pago, cuando éste vendría a imponer de hecho opciones políticas tales que llevaran al hambre y a la desesperación a poblaciones enteras. No se puede pretender que las deudas contraídas sean pagadas con sacrificios insoportables. En estos casos es necesario —como, por lo demás, está ocurriendo en parte— encontrar modalidades de reducción, dilación o extinción de la deuda, compatibles con el derecho fundamental de los pueblos a la subsistencia y al progreso” Es evidente que esta frase está escrita pensando en la crisis de la deuda externa que se dio a finales del siglo XX, pero creo que las afirmaciones que en ella se contienen son aplicables también a nuestro caso.

La cuestión clave se centra en saber si una deuda tan elevada como la que estamos teniendo en nuestro país que supone un pago de intereses cercano al 4% del PIB, está provocando situaciones de necesidad y está condenando a parte de la población española a situaciones de pobreza y exclusión que se podrían evitar en el caso de que esta deuda no existiese o fuese más reducida.

Parece evidente que si la única solución que se aplica a este problema es la reducción del déficit a través la reducción del gasto público, la deuda resulta incompatible con una atención a las personas y una mejora del cuidado de quienes están peor. Esto provocaría (como de hecho ya está sucediendo) que las desigualdades se incrementarán más y más. La causa principal es que estos recortes se están dando en políticas que benefician a todos, mientras que se incrementa el gasto en partidas que benefician a los más pudientes como los intereses de la deuda (que se abonan a los prestamistas, que son quienes tienen dinero para financiar y, por tanto, un nivel económico alto).

De este modo, cabe plantearse otro tipo de políticas que puedan lograr el mismo fin sin perjudicar a la población. Por un lado, deberíamos lograr un nivel de pago de impuestos que fuese, al menos, similar a la media de la UE de los 15. Con ello el déficit público se reduciría muchísimo sin necesidad de tocar el nivel de gasto. Esto supondría un cambio del sistema impositivo que debería realizarse no solo a nivel nacional, sino también a escala internacional. Si no se hace así, las grandes empresas y fortunas tienen medios legales para evitar pagar impuestos en nuestro país. Este cambio debería lograr que las rentas altas y las grandes empresas pagasen, al menos, lo que les corresponde y no pudiesen eludir estos pagos por medios legales y, en una segunda instancia, que viesen incrementados sus tipos impositivos para cumplir con la progresividad que indica nuestra constitución para los impuestos en España.

En segundo lugar, cabe preguntarse si se podría rebajar el tipo de interés medio de nuestra deuda que estaba en noviembre de 2014 a un 3,4%. Evidentemente esto puede hacerse por el camino que se ha realizado hasta ahora, llevar a cabo las medidas que nos exigen los prestamistas internacionales para que estos sigan confiando en nosotros y prestándonos más barato. Sin embargo también existen vías alternativas.

Por ejemplo cambiar los estatutos del BCE y permitir que preste directamente a los Estados con un coste igual al que se presta a los bancos privados. Cuando Mario Draghi ha intentado comprar deuda pública de los estados europeos (lo que podría aliviar el peso de sus intereses) se ha encontrado con muchas resistencias, especialmente desde el Bundesbank. No obstante, parece no tener demasiado sentido que acepte deuda pública como garantía de devolución de los préstamos que realiza a los bancos privados y no se esté dispuesto a comprar esta deuda. La compra de la deuda por parte del Banco Central o el préstamo directo a los Estados al mismo tipo al que presta a los bancos supondría un ahorro de hasta 30.000 millones de euros en España que también sería un alivio para las finanzas nacionales. Debemos plantearnos si son las empresas privadas quienes tienen que beneficiarse de los tipos y préstamos del BCE para tener ganancias privadas, o deben beneficiarse los Estados para que obtengamos ganancias públicas.

En tercer lugar cabe preguntarse si una deuda de esta clase es sostenible. Ya no estoy hablando desde el enfoque del bien común (como he hecho hasta ahora) sino desde un enfoque exclusivamente económico. ¿Es posible que en una situación como la actual se garantice la devolución y el pago de intereses durante mucho tiempo si no se cambia nada y todo se confía a las políticas de austeridad? Algunos economistas creen que no va a ser posible y lo que estamos haciendo es ahogando las posibilidades de crecimiento para no lograr finalmente el objetivo deseado. No hay más que ver qué sucede con Grecia.

En cuarto lugar, podría generarse una inflación controlada que permitiese que la cuantía de la deuda se redujese en un lustro. Cuando suben los precios, el valor del dinero disminuye, por lo que el valor de la deuda también se reduce. Esto supone que aunque se deba lo mismo, en un breve espacio de tiempo con ese dinero se pueden comprar menos cosas, lo que supone una reducción efectiva de mi deuda. Evidentemente, esto no se puede hacer con un estatuto del Banco Central Europeo que le obliga a mantener la inflación por debajo del 2% anual. Pero es algo que se ha hecho en otros momentos históricos y que ha permitido rebajar la presión de la deuda en algunos países.

La limitación de espacio me impide profundizar más en estas políticas o aumentar el catálogo de las propuestas. Solamente quiero incidir en que el problema de la deuda viene originado, en gran parte, por la estructura financiera de la que nos hemos dotado. La construcción de un entramando financiero cuyas políticas intentan defender, sobre todo, a los financiadores de la actividad económica, una estructura del BCE que impide aplicar determinado tipo de soluciones, unos paraísos fiscales que permiten eludir el pago de impuestos, una estructura de impuestos que beneficia a los más pudientes y una manera de solucionar los problemas de posibles impagos cuyo peso recae siempre en el deudor y nunca en el acreedor, nos llevan a estos problemas que se van convirtiendo en estructurales.

Las soluciones van, por tanto, más allá de las medidas presupuestarias (que también). Deben dirigirse a cambiar la estructura de la que nos hemos dotado para que esta busque realmente el beneficio de las personas y no solo garantizar el beneficio económico a quienes pueden generarlo.

 

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